No hubo, no podía haberla, demasiadas novedades en la presentación sobre el tema de seguridad que se hizo ayer en la mañanera. La estrategia de seguridad está bien pensada, pero para la gente sigue siendo vaga. Hay, como antes del primero de octubre, muchas gráficas con muchos datos pero falta una buena explicación, una proyección de futuro, una narrativa sobre la seguridad.
Mientras se parta del supuesto de que en el tema hemos avanzado, esa narrativa estará coja, porque la percepción ciudadana, y los hechos, nos muestran que estamos muy lejos de poder garantizar un avance real. Nadie lo esperaba en un mes de gobierno, pero la ciudadanía quiere saber, por lo menos, qué viene. Por lo pronto, no deja de ser notable que esa narrativa ausente en seguridad lo esté también en todos los demás temas.
La presidenta Sheinbaum sigue atrapada en la reforma judicial: nada es más acuciante hoy que la seguridad, pero en la mañanera nuevamente el tema terminó siendo la reforma, una reforma heredada y que la de supremacía constitucional (presentada por Ricardo Monreal y Adán Augusto López) ha enredado aún más. Insistimos en lo dicho ayer: el proyecto del ministro González Alcántara es una salida aceptable para todos los actores de este conflicto y la renuncia de los siete ministros abona además a ese camino. La voluntad política marcará su futuro.
En el tema de la seguridad, me parece que, además de las presentaciones estamos viendo algunas señales importantes. Los enfrentamientos en Culiacán y en Tecpan de Galeana, después de sendos ataques de grupos criminales a fuerzas de seguridad y militares, que dejaron unos 19 sicarios fallecidos en cada uno de ellos, podría ser una primera demostración de cómo puede haber cambiado la actitud de esas fuerzas de seguridad ante las agresiones de los grupos criminales.
En una entrevista que hice para el libro La Nueva Guerra, del Chapo al fentanilo (grijalbo, 2020) el anterior secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval me decía que no habían reducido su capacidad de reacción: “las Fuerzas Armadas seguimos realizando operaciones y cumpliendo tareas en beneficio de la seguridad pero existen otros aspectos que nos ha encargado mucho el Presidente. Primero, el respeto irrestricto a los derechos humanos y segundo la correcta aplicación de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, siendo muy enfático en ello”.
Decía el general Sandoval que esas instrucciones no buscaron debilitar el accionar militar, pero sí aceptó que hubo confusión en las tropas. “Al insistir en el respeto a los derechos humanos, se generó entre las tropas una confusión que los hizo titubear al actuar en ciertos casos… Pero esa no fue una instrucción del señor Presidente; al contrario, expresó su preocupación por esos hechos, manifestando que no podíamos seguir permitiendo que golpearan a nuestros soldados; al respecto, le comenté que se había generado una confusión en la actuación del personal y el respeto a los derechos humanos, por lo que nos dimos a la tarea de aclarar algunas cosas en cuanto a qué era el respeto a los derechos humanos y qué era la aplicación de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza”. La larga entrevista está, completa, en el libro La Nueva Guerra.
Las fuerzas armadas son, en los hechos, la única institución que ha logrado mantener una continuidad interna, ordenada, institucional, que cohesiona y no divide, y que trabaja en torno a objetivos de corto, mediano y largo plazo, que no se agotaron en sexenios pasados y tampoco lo harán en éste. Nuestros militares deben tener apoyo político para avanzar en ese objetivo, un apoyo que se debe reflejar en una coordinación real, sobre todo a nivel de seguridad, a nivel federal y estatal: esa coordinación es un objetivo de la actual estrategia y debe profundizarse. Porque esa confusión que reconocía el general Sandoval sí existió, está presente en muchos sectores y ha hecho mucho daño.
Cuando las fuerzas de seguridad son agredidas, más aún por grupos criminales que cuentan con un poderoso armamento de guerra, deben responder como lo hicieron en Tecpan y en Culiacán. Deben demostrar además que, contrario a lo que muchos creen o dicen, ningún grupo criminal está más capacitado y tiene mayor poderío que el Estado mexicano y sus Fuerzas Armadas.
Cuando vemos soldados agredidos, golpeados y no se tiene respuesta, se debilita la sociedad y se empoderan los criminales. Los criminales no pueden bloquear o cerrar zonas, desplazar poblaciones, agredir, secuestrar, matar y salir impunes.
El uso de la fuerza por supuesto que debe ser proporcional a la agresión, pero debe ser también consistente, si hay agresiones armadas contra militares o fuerzas de seguridad no puede haber impunidad, debe haber respuesta. A cada acción corresponde una reacción. Eso es algo que me imagino comenzaremos a ver en forma mucho más cotidiana. El Estado tiene derecho a usar legítimamente la fuerza cuando es desafiado, agredido por grupos criminales. No se trata de caer en excesos o violaciones a derechos humanos, sino de la protección legítima de las personas y las instituciones.