No sabemos todavía cómo amanecerá Estados Unidos este miércoles, luego de la histórica elección entre Kamala Harris y Donald Trump, lo que sí sabemos es que ni Estados Unidos ni el mundo serán iguales, como también sabemos que ayer, con la votación en la Suprema Corte, el régimen político en México definitivamente ha cambiado.
Con los votos de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Lenia Batres y del ministro Alberto Pérez Dayán, el proyecto del ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara, que pedía cancelar la votación de jueces y magistrados, fue rechazado por la SCJN porque se desestimaron las acciones de inconstitucionalidad contra las reformas judiciales aprobadas por el Congreso, con cuatro votos contra siete, luego de un largo debate en la Suprema Corte.
Ayer habíamos dicho que dudábamos que se pudieran mantener los ocho votos que necesitaba la Corte para aprobar el proyecto de González Alcántara, sobre todo si se basaba en decisiones previas de la propia Corte ante otras acciones de inconstitucionalidad: la de González Alcántara era una salida política y legal viable para un trance que ha superado, con esta votación, la crisis de constitucionalidad, pero no la de la legitimidad de la reforma y, sobre todo, la de su viabilidad.
La reforma judicial queda firme, el gobierno federal, tanto la pasada administración federal como la actual, logró su objetivo, pero el triunfo es pírrico, porque se alcanza sin consensos políticos y sociales, y con una creciente deslegitimación exterior. Difícilmente algún inversionista tendrá certidumbre en el nuevo sistema del Poder Judicial.
La reforma ya está vigente, pero la elección por voto popular de jueces y magistrados sigue siendo una suma de insensateces. Por ejemplo, según la reforma, para junio próximo tendremos que elegir nueve ministros para la Suprema Corte, de entre unos 90 candidatos; cinco magistrados del tribunal de disciplina entre 45 candidatos; para dos plazas del Tribunal Electoral contendrán 18 candidaturas, todas esas elecciones son federales, o sea, de todo el país: son 145 candidaturas para 17 cargos.
Pero, además, en cada circunscripción electoral se tendrán que elegir nueve candidatos para las salas regionales del TEPJF, y serán entre otros 150 candidatos. En otra elección simultánea se elegirán seis candidatos para las 464 plazas de magistrados de circuito, lo que implica unas tres mil 200 candidaturas, y también habrá seis candidatos para cada una de las 386 plazas de jueces de distrito, unos dos mil 700 candidatos en total. Estas dos últimas elecciones se realizarán por cada distrito judicial. Estamos hablando, en total, de unas 6 mil 200 candidaturas individuales.
El elector contará con seis boletas electorales distintas donde tendrá que elegir unos 40 nombres en promedio, en su enorme mayoría de personajes desconocidos, pero, además, tendremos que elegir con selección de género, cinco mujeres y cuatro hombres para la Corte Suprema; tres mujeres y dos hombres para la sala superior del tribunal de disciplina judicial; dos mujeres y hasta dos hombres para el Tribunal Electoral; dos mujeres y un hombre para las salas regionales, y hasta cinco hombres y cinco mujeres para magistrados de distrito y jueces de distrito.
Sinceramente, es kafkiano: ¿qué elector estará en condiciones de votar conscientemente todo esto?,¿con qué bases podrá elegir entre seis candidatos que en su enorme mayoría no conocerá ni siquiera por los medios?, ¿qué certidumbre puede haber en este proceso de selección?
Imaginémonos la magnitud con solo un dato: en el país hay unos 500 mil abogados, de los que muchos no ejercen su profesión; los que se registrarán, buscando una candidatura, serán unos 50 mil, o sea, el 10% de los abogados del país, asumiendo que, además, muchos de los más calificados no se registrarán o ya han renunciado a hacerlo o tienen otros empleos mucho más lucrativos o tienen conflictos de interés. De los que queden, se terminarán eligiendo a unos 6 mil 200 para participar en los comicios.
Una reforma judicial es, era, necesaria, eso es indudable, pero esta reforma, como terminó siendo aprobada, es una insensatez absoluta desde el momento en que incorporó la elección de jueces y magistrados por voto popular. La propuesta de González Alcántara quizá tenía deficiencias legales, pero era una salida política adecuada y viable para evitar una elección que no tiene condiciones objetivas para salir bien, que destrozará al Poder Judicial y miles de carreras que mujeres y hombres han construido a lo largo de años, y que paralizará la justicia durante meses o quizás años.
La sesión de ayer deja un amargo sabor porque, sobre todo, se vivió con impotencia. Se ha intentado crucificar al ministro Pérez Dayán por su voto, pero el hecho es que es el mismo voto que ejerció ante otros casos similares en el paso, no fue incongruente. Vimos una Lenia Batres que aspira a presidir la Corte y que no entiende ni siquiera lo que le dijeron que dijera, y que confunde una sesión del supremo tribunal con un mitin político. Vimos reacciones como la de Fernández Noroña en el Senado, mintiendo descaradamente al decir que si se hubiera votado la inconstitucionalidad la hubieran tenido que acatar cuando, durante días, él, los senadores y diputados del oficialismo y la propia presidenta Sheinbaum habían dicho que no lo harían. Pero, sobre todo, vimos cómo se acabó con un régimen político en el país y comenzamos un camino hacia lo desconocido.