La corrupción a nivel de alcaldías de buena parte del país es tan importante como la penetración de los grupos criminales en las estructuras de poder de estas. Si hace unos años los criminales intentaban controlar básicamente las áreas de seguridad de los municipios, hoy controlan la seguridad, las obras, el presupuesto y hasta la propia presidencia municipal. Y ocurre con funcionarios de todos los orígenes políticos. Es más, la política o los partidos pareciera que simplemente son una coartada para afirmarse en esos espacios de poder.
Lo que ocurrió en Tancanhuitz, en San Luis Potosí, es una demostración más de ello. Fue asesinado el alcalde José Francisco Lárraga, su secretario particular y sus custodias. El asesinato fue ordenado por un exalcalde, José Aguilar Acuña, un ex priista ahora cercano a Morena, cuyo hijo también cómplice lo sucedió en el cargo y que había perdido el control municipal con el asesinado Lárrega.
Ayer también fue detenido en Pachuca, Hidalgo, Miguel Ángel Cuéllar Rangel, apodado El Tigre, un importante operador del Cártel de Sinaloa y principal operador de extorsiones y homicidios en el municipio de Benito Juárez (Cancún) en Quintana Roo. Cuéllar Rangel no era un sicario y extorsionador más, fue el director general de la Policía de Investigación de la Fiscalía Estatal de Quintana Roo. O sea que el que era el responsable de investigar los crímenes cometidos en el estado era el mismo que los cometía, en una entidad donde la presencia del cártel de Sinaloa, desde los tiempos de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, siempre fue muy importante.
El martes en Amanalco, el mismo municipio donde el 22 de noviembre pasado fue detenida la alcaldesa de Morena, María Elena Martínez, fueron detenidos la regidora Eulalia Chino Sotero y su esposo Rey Francisco ‘N’, por el secuestro de la nueva presidenta municipal, Amabel López.
Martínez y su esposo son parte de la Nueva Familia Michoacana que encabezan los hermanos Hurtado Olascoaga, Jhonny, El Fresa, y Alfredo El Pez. Ambos fueron acusados de haber ordenado el asesinato del síndico Miguel Ángel Lara. Junto con ella fue detenido el director de Seguridad Pública municipal, Manuel Alejandro Rangel Salgado, parte del mismo grupo criminal y partícipe del homicidio del síndico.
En reemplazo de Martínez el consejo municipal designó el 28 de noviembre pasado como nueva alcaldesa a Amabel López, que había pedido públicamente que fuerzas de seguridad federales y estatales se hicieran cargo de la seguridad del municipio porque no había condiciones para designar un secretario local. El 4 de diciembre Amabel López fue secuestrada en su domicilio. Un día después fue liberada en una zona boscosa, lejos de su hogar.
Según las autoridades estatales, el secuestro fue ordenado por Pablo Hernández Hernández, El Pelón, uno de los principales sicarios de La Nueva Familia Michoacana y lugarteniente de El Fresa.
“No nos creíste, le dijo El Pelón a Amabel mientras estuvo secuestrada, yo soy el dueño de Amanalco y el encargado de que obedezcas, estás aquí por órdenes del Rey y Eulalia, ya los conoces, ellos jalan con nosotros, vas a bajar a Amanalco y vas a renunciar”.
El Rey y su pareja Eulalia, terminaron detenidos en el rancho en donde estuvo secuestrada la presidenta municipal.
Mientras tanto en Santo Tomás de los Plátanos, también en el estado de México, Pedro Luis Hernández, uno de los prófugos de la operación Enjambre y que había sido elegido presidente municipal para un periodo que iniciaría el primero de enero, decidió adelantar, apoyado por el cártel de la Familia Michoacana, familiares y algunos habitantes, su toma de posesión para asumir el cargo y designar un suplente que lo reemplazara. En medio del acto llegaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Guardia Nacional, quienes intentaron detener a Hernández que huyó, protegido por un cuerpo de seguridad.
Según la fiscalía estatal la Nueva Familia Michoacana financió su campaña. También está acusada y tiene orden de aprehensión su esposa María del Rosario Matías, la presidenta municipal que fue destituida luego del inicio del operativo, que estaba prófuga, y que también se fugó del evento junto con Hernández.
Hay que recordar un dato que se suele obviar. Hay unos 130 mil elementos en la Guardia Nacional, pero entre las policías estatales y municipales hay cerca de 400 mil elementos que además son los que operan realmente en esos municipios y estados, a los que hay que sumarles los elementos de las policías locales de investigación.
Sin recuperar esas policías locales será imposible recuperar a su vez la seguridad por más esfuerzos que se hagan desde las fuerzas federales. Hay lugares donde se puede avanzar como en el estado de México, con un fiscal José Luis Cervantes y un secretario de seguridad, Cristobal Castañeda, eficientes y honestos.
Pero hay estados donde fiscalías y secretarios de seguridad, en el mejor de los casos, son prescindentes, y en muchos otros cómplices y hasta integrantes de los grupos criminales, como lo vimos con la detención de El Tigre en Quintana Roo o como ha sucedido todo el sexenio pasado en Chiapas. Por eso la actual estrategia de García Harfuch tiene capítulos regionales y estatales, para ir sanando esos espacios desde municipios y estados. Esa es la prioridad sexenal.