El sábado en la madrugada comenzaron, como en otras ciudades, las redadas masivas para detener personas indocumentadas en Los Angeles, una horas después de la visita que hizo a esa ciudad el presidente Donald Trump. Comenzaron a llegar también a México, Colombia y Brasil, vuelos con personas deportadas.
Aumentaron los operativos en distintas ciudades consideradas como “santuarios”, donde las autoridades locales han mantenido políticas de protección hacia los inmigrantes indocumentados. En ellas, como ha sucedido en Los Angeles, se ha reforzado la colaboración entre las autoridades federales y locales en la identificación y detención de indocumentados con antecedentes criminales. Esta iniciativa busca priorizar la expulsión de aquellos que hayan cometido delitos graves, aunque ello resulte muchas veces en la detención de personas que no representan una amenaza para la sociedad, sino que simplemente cometieron algún delito menor.
También se han incrementado los recursos destinados a la vigilancia de la frontera sur con México, desde la instalación de tecnología avanzada de monitoreo hasta el envío de personal adicional, sobre todo militar, a la zona fronteriza.
Las respuestas ante esta ofensiva han sido disímiles. Pero la peor creo que ha sido la del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que dijo que no permitirá la entrada al espacio de aéreo de su país de aviones con deportados. No puedo imaginarme qué podría hacer Petro para realmente evitarlo, sobre todo cuando cada uno de esos vuelos lleven un centenar de colombianos a su propio país. Es una bravuconada vacía.
Lula da Silva, el mandatario de Brasil, luego de la llegada del primer avión con deportados a la ciudad de Manaos, en plena Amazonia, se quejó de las condiciones en las que llegaron esas personas, esposados y tratados, dijo, como criminales. Creo que ninguno de los dos ha podido construir una respuesta al desafío trumpista: seguirán llegando los deportados a Brasil y Colombia, o serán dejados en un tercer país, por ejemplo México o alguna de las naciones de Centroamérica y el Caribe que visitará en las próximas horas Marco Rubio, el nuevo secretario de Estado. Y no olvidemos un punto: ni Petro ni Lula gozan de simpatía alguna en la nueva Casa Blanca.
Aunque no teníamos un plan de contingencia más articulado, la respuesta del gobierno mexicano ante esto ha sido mucho más sensata: se han comenzado a establecer albergues, como siempre la labor del ejército y la Guardia Nacional ha sido fundamental en ese sentido. Algo se debe haber hecho bien porque Estados Unidos está deportando personas de todas las nacionalidades, pero hasta ahora a nuestra frontera han llegado sobre todo mexicanos y apenas este fin de semana la presidenta Sheinbaum dijo en Oaxaca, algo que es de sentido común (que no siempre es el más común de los sentidos): “estamos obligados a tener una buena relación con Estados Unidos”.
Pero a partir de esta semana comenzarán a llegar no algunas decenas o centenares de deportados sino miles, y la presión en la frontera norte será muy fuerte ya que a ellos se seguirán sumando quienes, pese a todo, quieren cruzar a los Estados Unidos y quienes han quedado varados por la cancelación de las citas CBP One.
Una acción prioritaria es retomar el control de nuestra frontera sur. Se dice que no se la puede cerrar, pero el tema no es cerrarla, es retomar el control sobre la misma, impedir el ingreso de contingentes migrantes y sobre todo frenar las caravanas y el tráfico que es manejado por los grupos criminales. Siempre habrá movimientos migratorios, pero lo que no tolerable es que los mismos sean movidos por grupos criminales e incluso por manipulaciones políticas (como la táctica de expulsión que siguen los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua).
La oficina en Washington
Al inicio del sexenio pasado mientras concluía la renegociación del TMEC, el entonces canciller, Marcelo Ebrard, quiso abrir una oficina en Washington encargada de llevar relaciones, hacer lobbyng, mantener una serie de lazos y contactos en la Unión Americana más allá de los estrictamente diplomáticos y consulares.
Era una buena idea, e incluso una nación con los intereses de México tendría que tenerlas no sólo en Washington, sino también en estados como Texas, California, Florida, Nueva York, Illinois. En 2019 la entonces embajadora, Martha Bárcenas, en medio de un viejo enfrentamiento con Ebrard, se opuso terminantemente a la creación de esa oficina en Washington en donde despacharía Javier López Casarín, actual alcalde en la Alvaro Obregón. Bárcena terminó dejando Washington, pero López Obrador se negó a instalar esa oficina y a mantener un equipo de negociadores autónomos en Washington. Se perdieron relaciones, contactos y enlaces y, para colmo, en muchos consulados se colocó a personajes, desechados, improvisados o premiados, que no sirvieron para afianzar relación alguna.
Hay muchos ejemplos, pero la reciente designación de Rutilio Escandón (impresentable para Estados Unidos) como cónsul en Miami es escandalosa. Otra política chiapaneca, más respetable pero sin experiencia alguna en el tema, es María Elena Orantes, cónsul en Houston (donde deberíamos tener un cuadro altamente especializado para lidiar con el gobierno de Gregg Abbott). En Nueva York no tenemos cónsul.
Ahora parece que desde la secretaría de Economía se está retomando la idea de esa oficina en Washington. Ya veremos si se le dan los espacios y la trascendencia que se requiere.