Dicen que no se debe amenazar con un arma que no se está dispuesto a utilizar. El mensaje de la administración Trump sobre los hipotéticos aranceles para los productos importados desde México, sigue siendo contradictorio, pero mantiene un espacio de especulación que podría demostrar que no existe aún la determinación de imponerlos, como se dijo apenas ayer, este primero de febrero.
KarolineLevitt, la nueva vocera de la Casa Blanca, en la primera conferencia de prensa de esa administración, dijo que se mantiene el 1 de febrero como fecha de entrada en vigor de los aranceles de 25 por ciento, pero también especificó que “el presidente espera que cada nación del mundo coopere con la repatriaciónde sus ciudadanos y sobre lo que él espera en seguridad fronteriza”. Leavitt sostuvo que en estos días hemos visto “niveles históricos de cooperación con México” y agregó que cualquier cambio en la decisión de Trump de imponer los aranceles “será notificada” en su momento.
Creo que la amenaza de los aranceles por supuesto es real, pero no deja de ser una buena noticia que los términos de cooperación, como lo había señalado Trump en la intervención a distancia que tuvo en Davos, la relación se mantiene, es buena y es recibida en forma positiva. Lo cierto es que la presidenta Sheinbaum ha mantenido una posición mesurada en el tema y si vemos lo que ha estado ocurriendo, sobre todo en la frontera y en las mañaneras, en general se han tomado las medidas que se requieren ante este desafío.
La amenaza se mantiene porque es muy útil para Trump (no sólo con México sino también con el resto del mundo y por supuesto con Panamá y Dinamarca, por las pretensiones sobre el Canbal y sobre Groenlandia) porque todavía hay demasiado por hacer, tanto en términos de seguridad como migratorios, y porque en los próximos días será la prueba de fuego cuando inicien las deportaciones masivas, con cuotas impuestas ya a distintas instancias de seguridad de los Estados Unidos para realizar detenciones y deportaciones. Y luego gestos tan desmesurados como la redada realizada ayer en Nueva York, encabezada nada más y nada menos que por la nueva jefa del Homeland Security, el departamento de seguridad interior, Kristi Noem, que aseguró que con muchos más operativos como esos “seguiremos sacando a esta basura de las calles”.
Por cierto, no es un dato menor que se haya difundido que en esos operativos neoyorquinos se haya detenido a uno de los líderes del cártel venezolano del tren de Aragua, especializado en el tráfico de personas y con presencia en México, Centroamérica y Estados Unidos.
El gobierno de México se ha mantenido cauto ante esos gestos e incluso ante desatinos tan grandes como el cometido por el presidente colombiano Gustavo Petro. Habrá que ver que se hace con la reunión de la CELAC que pidió Petro, pero me imagino que el gobierno federal no querrá atarse a alguna aventura regional ni siquiera en el ámbito discursivo.
Hay que avanzar mucho más en el control de la frontera sur y sobre todo evitar acciones que son una verdadera e inútil provocación como la continuidad de las caravanas hacia el norte que constituyen el alimento mediático de los sectores antiinmigración más radicales en la Unión Americana.
Los aranceles son el instrumento de esa diplomacia (es un decir) de fuerza que busca implementar Trump y está logrando hacerlo. Las sanciones contra Petro se anunciaron, dice el NYT, sin siquiera una reunión de crisis, y se dieron a conocer vía redes sociales, mientras Trump jugaba golf. Las sanciones y la forma en que reculó Petro quedarán como un capítulo de la historia más vergonzosa de su país, porque un mandatario no se puede negar a recibir a sus ciudadanos en su propio territorio y menos aún exhibir bravuconerías de las que se desdice a las pocas horas.
Es consecuencia de una insensatez que algunos atribuyen a la hora y la condición (a las tres de la mañana) pero también a una larga serie de desatinos de Petro, desde congelar durante dos años todos los operativos de erradicación de campos de cultivo de amapola y de laboratorios de producción de cocaína, hasta permitir la recuperación de grupos como el ELN y las disidencias de las FARC, que participan activamente en el narcotráfico (con apoyo venezolano), a lo que se agregó la permisividad para que se asentaran en su territorio también otras organizaciones como los cárteles mexicanos. A eso se deben sumar las denuncias en contra del propio Petro, avaladas por su hijo, de haber recibido financiamiento de los cárteles para su campaña presidencial. ¿Qué país no se ha mirado en el espejo colombiano?
¿Quién pone y quién quita?
Desde la 4T se han cansado de denunciar que los gobiernos anteriores no hicieron nada contra funcionarios real o supuestamente relacionados con el narcotráfico o que permitieron que se asentaran grupos criminales en su territorio.
La presidenta Sheinbaun sostuvo ayer, ante los reclamos de que el gobierno federal intervenga en los estados en los que esa situación se repite, agudizada, en los últimos años y meses, que no es función del gobierno federal poner o quitar autoridades locales. Si estamos hablando de caprichos políticos tiene razón, pero si existen denuncias documentadas desde su propio gobierno o de otras instituciones sobre esa tolerancia o complicidad ¿no es una exigencia que el poder ejecutivo federal intervenga?. Hay instrumentos legales y políticos para hacerlo, porque si no, el costo final, lo pagarán las mismas autoridades que hoy quieran asumirlo.