Tapachula, 30 de enero. Escribo estas líneas desde este rincón de una frontera sur que encuentro sorprendentemente tranquila y con poca afluencia de migrantes. Estuve aquí hace exactamente seis años y toda la región era un hormiguero de migrantes y caravanas. Volví varias veces desde entonces. Nunca había visto menos movimiento que ahora. Ya le contaré lo que vimos en este recorrido. Por lo pronto, la sola comparación de las imágenes de entonces y ahora deberían servir como argumento ante las presiones trampistas de poner aranceles para frenar el flujo de migrantes.
Vamos a otra vertiente del mismo tema. No sorprendió la decisión del presidente Trump de utilizar la base de Guantánamo para enviar allí a unos 30 mil migrantes mientras esperan a ser deportados a sus países de origen, incluso la idea es que aquellos que consideren peligrosos podrían permanecer detenidos allí por tiempo indeterminado.
Desde su establecimiento como centro de detención para presuntos terroristas, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, la base naval de Guantánamo, ubicada en el sureste de Cuba, ha simbolizado las tensiones entre la seguridad nacional y los derechos humanos. Su utilización como centro de detención para migrantes indocumentados, genera un intenso debate ético, legal y humanitario, sobre todo porque equipara en el imaginario colectivo a un migrante con un terrorista.
Guantánamo opera bajo un acuerdo de arrendamiento perpetuo con Cuba desde 1903. Durante las últimas dos décadas, la base ha sido utilizada principalmente como centro de detención para personas acusadas de terrorismo, muchas de las cuales han sido retenidas sin juicio, en condiciones durísimas, en un espacio marcado por un vacío legal, donde los detenidos quedan a la discrecionalidad de sus captores. No creo que esa sea la situación en la que estarán los indocumentados que se lleven a Guantánamo, pero tanto la intimidación que ejerce esa prisión como la señal enviada son muy fuertes.
El gobierno estadounidense argumenta que Guantánamo cuenta con la infraestructura necesaria para albergar a un gran número de personas de manera temporal y que con su habilitación como centro de detención se duplicaría el número de plazas destinada a ese fin. La base ya tiene instalaciones de detención, personal de seguridad y sistemas de vigilancia, y ha servido en el pasado para detener migrantes o personas no identificadas, que eran capturadas en el entorno de Cuba, lo que reduciría los costos asociados a la construcción de nuevos centros, como quiere Trump. Además, al ubicar a los migrantes en una instalación remota, se desincentivarían, dice el gobierno estadounidense, los intentos de cruce irregular, lo que podría contribuir a reducir la presión migratoria en la frontera.
Dicen que Guantánamo permitiría a las autoridades estadounidenses mantener un mayor control sobre los migrantes indocumentados, evitando que desaparezcan mientras esperan la resolución de sus casos, aunque para eso está tambien el Quédate en México.
Pero la historia negra de Guantánamo ensombrece toda esa lógica. Una de las principales preocupaciones es que esta medida podría perpetuar las violaciones de derechos humanos que ya han sido documentadas en la base. Las condiciones de detención en Guantánamoson inhumanas, y abundan los informes de abusos, la ausencia de atención médica adecuada y la inexistencia de un debido proceso para quienes permanecen allí detenidos lo que plantea desafíos éticos, legales y prácticos. Si bien puede ofrecer una solución temporal a la presión migratoria, perpetúa las violaciones de los derechos humanos.
Pero lo peor, insistimos, es que con ello se identifica a los migrantes con terroristas y las consecuencias pueden ser devastadoras tanto para los detenidos como para la percepción social que se fomentará en la sociedad sobre la propia migración.
Los migrantes, independientemente de su estatus, deben ser tratados con dignidad y respeto, y deben tener acceso a procedimientos justos y transparentes. El uso de una instalación remota y aislada como Guantánamo les niega el acceso a una representación legal y a servicios de apoyo, lo que viola principios que además son vulnerados cotidianamente en redadas y detenciones indiscriminadas.
Una cosa es que un país ejerza su legítimo derecho a hacer cumplir sus leyes migratorias y de deportar a quienes no las cumplan y otra muy distinta es perseguir comunidades, grupos sociales, a partir de consideraciones étnicas e incluso calificar a todos, “como una basura que ensucia nuestras calles” como lo hizo la responsable de HomelandSecurity, Kristi Noem al encabezar la primera redada realizada en Nueva York. El propio Trump la felicitó y dijo que le espera mucho más trabajo.
Que todo esto ocurra la misma semana en que se cumplen 80 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz demuestra que no hemos aprendido nada de la historia y parecemos estar obligados a repetirla.
Un extraño accidente
Lo ocurrido la noche del miércoles en el aeropuerto Reagan en Washington DC es por lo menos extraño. Esa es una de las zonas del mundo de mayor control aeronáutico del mundo, y que a metros de aterrizar un avión comercial sea chocado por un helicóptero militar cuando había plena visibilidad y cuando el Black Hawk tenía la ubicación precisa del avión comercial es desconcertante. Es, por lo menos, un grave error humano consecuencia también de una austeridad que castiga, allá y acá la seguridad aeroportuaria.