Ahora resulta que, impulsada desde sectores duros de la propia 4T, a
algunos le sorprende que el general Salvador Cienfuegos haya asistido a
la ceremonia del Día de la lealtad, cuando hace dos años fue incluso
condecorado por el presidente López Obrador en un aniversario de la
creación del Colegio Militar del que fue un notable director.
Conocí muy bien al general Cienfuegos cuando fue secretario de la
Defensa y lo he seguido tratando todos estos años. Cuando fue detenido
en Los Angeles no podía salir de la sorpresa y la indignación. En todo
momento estuve convencido de su absoluta inocencia. Cuando tuve
oportunidad de conocer el expediente de apenas 750 hojas de
intervenciones telefónicas de dos narcotraficantes con ínfulas de
grandeza pero en realidad de poca monta, quedó claro que todo era un
invento intransitable en términos de seguridad.
El presidente López Obrador en un primer momento festinó la
detención hasta que se le hizo comprender que era infundada y era un
agravio para todo el ejército mexicano y para él mismo. Fue entonces
casi dos días después de su detención que el gobierno se activó en la
defensa del General.
Cienfuegos fue liberado y exonerado por las presiones del
gobierno mexicano y porque había sido una de esas típicas acciones de
la DEA en las que se construye un caso con mucha voluntad, poca
información, mucha imaginación y nulo discernimiento. No había una
sola prueba de ningún tipo contra Cienfuegos, un general que había sido
condecorado varias veces por el Ejército estadounidense y la propia
Casa Blanca, la ultima ocasión días antes del dejar sus funciones en la
Defensa, cuando recibió la Legión de Honor de manos del general John
Mathis por su lucha conjunta y su colaboración contra el narcotráfico.
Al mismo tiempo que era condecorado en Washington un oscuro
grupo de la DEA de Las Vegas lo investigaba para tratar de ligarlo con el
narcotráfico. El general fue exonerado, los cargos levantados y
regresado a México, donde volvieron a revisarse sus finanza sin
encontrar nada que saliera de sus ingresos institucionales.
El secretario de la Defensa, decíamos en aquellos días, es muy
poderoso, pero sus órdenes y sus decisiones se trasmiten por toda una
cadena de mando. No se trata de un simple individuo que puede operar
con autonomía para, como decía la DEA en su acusación contra
Cienfuegos, proteger delincuentes, advertir de operativos, disponer de
aviones y barcos, incluso de la Marina, para los narcotraficantes, y
además comunicarse con ellos por celular, sin ninguna medida de
seguridad adicional. Eso sencillamente es inverosímil.
Por eso mismo acusar a un secretario de la Defensa de estar
involucrado con el narcotráfico es acusar a toda la institución. La DEA
quería llevar a juicio al ejército mexicano, lo quiere hacer desde 1985,
cuando se dio el caso Camarena.
En el plano personal e institucional, el general Cienfuegos tenía
una magnífica relación con sus homólogos estadounidenses. En la
acusación, se hablaba de la supuesta complicidad con un grupo menor y
en vías de extinción en el mundo del narcotráfico, los llamados H2,
aniquilados, como sus antecesores, los Beltrán Leyva, por las propias
fuerzas militares que encabezaban Cienfuegos y el almirante Vidal
Soberón.
Para las fechas en que la DEA dice que Cienfuegos estuvo
relacionado con los H2, tanto éstos como los Beltrán Leyva habían sido
destruidos. Los H2, un grupo menor que cometió todo tipo de atropellos
en Nayarit (apoyados por el ex fiscal Edgar Veytia, el acusador de
Cienfuegos para aligerar su pena en Estados Unidos), con alguna
presencia en Mazatlán, terminarían su historia con la muerte de su líder
en Tepic, en 2017, abatido por fuerzas militares.
Qué sentido tendría, nos preguntábamos un día después de la
detención del General, que un militar que ocupa el más alto rango de la
fuerza, a dos años de su retiro, luego de medio siglo de carrera, con
prestigio dentro y fuera de la institución militar, con magníficas
relaciones en México y en Estados Unidos, hubiera decidido proteger a
un cártel de tercer nivel a punto de su destrucción.
Menos aún que haya hecho, en apenas año y medio, “miles de
comunicaciones” con sus supuestos cómplices por una blackberry sin
encriptar que, además está comprobado que nunca tuvo. Y no hablemos
de los supuestos sobornos que no aparecen en sus cuentas por ningún
lado.
Hemos dicho muchas veces que durante la primera administración
Trump, en medio de la profunda desorganización que existió en ese
gobierno, muchas agencias operaron por su cuenta y sin control.
Lo que se intentó con la detención de Cienfuegos, que venía
precedida del juicio contra el Chapo Guzmán y luego por la detención de
Genaro García Luna, era un maxiproceso contra los gobiernos
mexicanos.
La colaboración con la DEA y otras agencias quedó
profundamente lastimada por esos hechos y es responsabilidad de los
dos gobiernos recuperar la confianza mutua porque la misma se requiere
para encarar la lucha contra el crimen organizado.
Por eso, por lo inconsistente de la acusación, por la forma en que
se realizó la detención, por el maltrato que le dio la DEA al General y a
su familia al momento de su detención (encerrados en un cuarto,
incomunicados, humillados), lo que se debería exigir no son
explicaciones porque estuvo en una ceremonia militar, sino el desagravio
como un gesto mínimo en la recuperación de las relaciones y la
confianza en términos de la colaboración en seguridad.