Ayer no hubo clases en Culiacán. La ciudad estuvo nuevamente paralizada en esta ocasión por las diversas detenciones que se han dado en los últimos días, la más importante la del 200 uno de los principales y más cercanos operadores de Iván Archivaldo Guzmán.
Kevin Alonso, el 200, es el jefe de seguridad de Iván Archivaldo, y fue detenido durante un operativo conjunto realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en coordinación las demás áreas de seguridad federal. Según las autoridades federales, El 200 coordinaba la compra de armamento para “Los Chapitos”, también organizaba fuerzas de reacción para confrontar a grupos antagónicos o autoridades federales, y “se encargaba de imponer castigos a miembros de la organización, así como medidas de contrainteligencia para asegurar la protección de sus áreas de influencia y el resguardo de Iván Archivaldo Guzmán Salazar”. Dicen que contaba con el permiso para llevar a cabo homicidios y extorsiones cuando lo consideraba necesario, tenía la colaboración de agentes de la policía municipal de Culiacán, quienes informaban los operativos de las autoridades federales, además de prevenir sobre las posibles actividades en su contra.
Hasta ahí la información oficial. Lo cierto es que como hemos dicho en otras ocasiones, el círculo de las fuerzas de seguridad federal se están cerrando en torno a Iván Archivaldo Guzmán y los lideres que quedan de los chapitos.
El trabajo, tanto de Omar García Harfuch asentado en Culiacán, como de las fuerzas militares están rompiendo, como dice el comunicado de la detención de El 200, las redes de protección de los hijos del Chapo, basado en las propias fuerzas de seguridad estatales y municipales.
Me imagino que esos golpes son consecuencia también de esa colaboración e intercambio de información con las autoridades estadounidenses del que informó el general Trevilla, ratificó la presidenta Sheinbaum y confirmó ayer el propio comando norte de la defensa estadounidense en un comunicado informando de las reuniones del General Trevilla con el mando del comando norte en Colorado, el general Gregory Guillot. Si todo esto concluye con golpes claves como el de Iván Archivaldo, sería una carta clave para la reunión que tendrá en las próximas horas o días García Harfuch en Washington con sus contrapartes estadounidenses.
El tema será qué hacer después, o al mismo tiempo, con Sinaloa. La insistencia en todos los comunicados, cada vez que se detiene a un personaje importante, de la complicidad o protección de fuerzas de seguridad locales para los criminales detenidos, la investigación que no sabemos en qué ha quedado, sobre la propia fiscalía estatal derivada del montaje realizado para disfrazar el asesinato de Melesio Cuen el día en que fue detenido el Mayo Zambada y llevado a Estados Unidos, junto con Joaquín Guzmán López (un hecho que todavía no ha sido realmente explicado por las autoridades mexicanas y de las que no ha habido información de las estadounidenses), las denuncias de todo tipo sobre la relación de muchos personajes del gobierno estatal con el narcotráfico, obliga a las autoridades federales a tomar medidas políticas de fondo.
En alguna ocasión hablamos aquí de la posibilidad de la desaparición de poderes en la entidad. Sigo pensando que ante la situación que se vive podría ser una opción más que viable porque en realidad no se sabe donde comienza y termina la red de corrupción y relación con el cártel de Sinaloa y sus diferentes fracciones.
La desaparición de poderes en el estado sería no sólo una demostración de fuerza del ejecutivo federal sino también todo un mensaje a otros mandatarios y poderes estatales e incluso federales, estoy pensando sobre todo en los legisladores y dirigentes de Morena, y, además una demostración a La Casa Blanca de que se va en serio contra los cárteles.
Y también permitiría a los sinaloenses, volver a repartir las cartas del poder utilizando una baraja nueva porque las actuales están marcadas.
No es santuario
Estuve en Ciudad Juárez la semana pasada. Me sorprendieron gratamente varias cosas. En la frontera entre Chihuahua y Texas, frente a la casa de Adobe, una humilde construcción que sirvió para que Francisco I. Madero despachara como presidente de la república en plena revolución entre febrero y mayo de 1911, entrevisté, juntos, al subsecretario de seguridad estatal Luis Aguirre y al vocero de la Bordel Patrol, Orlando Marrero.
En Washington se podrán decir muchas cosas, pero allí en la frontera, en una noche inclemente, la colaboración entre esas dos agencias es indudable, tanto como la drástica reducción de cruces e incluso de detenciones del lado estadounidense, unas 85 al día como máximo, me dijo el vocero del CBP, cuando hace unas semanas eran entre 130 y 150.
Creo que es consecuencia también de la decisión de la gobernadora Maru Campos que allí, en Juárez, saliendo de una reunión de seguridad con mandos militares, policiales, de la fiscalía, me dijo que Chihuahua protege y respeta a los migrantes y a quienes son deportados (actualmente muy pocos) pero que el estado no será un santuario porque Juárez no podría soportar que se estacionarán allí decenas de miles de personas, esperando entrar alguna vez a la Unión Americana.
Hay que ayudarlos a regresar a sus lugares de origen, porque no alcanzarían los trabajos, los servicios y porque en esas poblaciones flotantes es donde pescan también los grupos criminales. Me quedo con esa idea: el estado apoya pero no es santuario.