Jorge Fernández Menéndez
El gobierno federal ha lanzado una campaña intensa para perseguir el huachicol, ese que una y otra vez López Obrador decía que no existía, que había sido combatido y drásticamente reducido desde enero de 2019, cuando se lo usó como coartada política ante la escasez de combustible generada por su propia falta de planificación energética.
Los dos decomisos de hidrocarburos realizados este fin de semana han significado un duro golpe al crimen organizado pero también a toda la narrativa del sexenio pasado sobre el huachicol. Era una mentira como casi todas sus afirmaciones del sexenio pasado en el ámbito de la seguridad.
En Baja California en un predio propiedad del ex senador de Morena, Gerardo Novelo Osuna, en un operativo encabezado por la Defensa, fueron encontrados, en numerosas pipas, camiones, equipos, en un verdadero campo industrial construido para el tráfico de gasolinas, nada menos que 8 millones de litros de hidrocarburos. Las instalaciones estaban a un kilómetro del poliducto Rosarito Ensenada y a pocos kilómetros de la frontera.
El domingo se decomisaron por elementos de la Marina, 10 millones de litros de gasolina ilegal en el puerto de Altamira, Tamaulipas, donde incluso se incautó un buque de transporte y también instalaciones preparadas para el tráfico de combustibles.
Hay dos tipos de huachicol, el de las extracciones ilegales y el llamado huachicol fiscal mediante el cual se ingresa al país combustibles, etiquetados como otro tipo de producto, por ejemplo aceites y de esa forma se evita el costo fiscal y luego se distribuye y comercial ilegalmente. Los dos decomisos parecen ser parte de esta segunda trama.
Se estima que entre el huachicol de extracción y huachicol fiscal se comercializan 40 millones de litros diarios, sólo de tomas clandestinas, se generan unos 4 mil 700 barriles diarios, el 3 por ciento de la demanda nacional.
Las cifras, la magnitud de las pérdidas que sufre el país son brutales. El gobierno pierde aproximadamente 200 millones diarios por el IEPS y 160 millones diarios por el IVA, sumando más de 131 mil 400 millones anuales. Esto equivale al 93 por ciento del presupuesto de infraestructura ferroviaria y supera en cuatro veces los recursos destinados al sector salud.
Cuando nos queremos explicar cómo Pemex tiene pérdidas netas de tal magnitud (durante el tercer trimestre de 2024, fueron de 161.5 mil millones de pesos) pero se lo puede explicar en buena medida por el huachicol que además distorsiona los precios, afectando empresas legales y consumidores que prefieren combustibles más baratos y caen en la trama huachicolera.
Los números pueden ser en ocasiones vacíos pero la política seguida el sexenio pasado, tuvo un altísimo costo en vidas derivada de la lucha por el control del huachicol, sobre todo en estados como Guanajuato, Baja California y Tamaulipas, pero también económico: sólo el términos de evasión fiscal acumulada entre 2019 y 2024, el costo del huachicol alcanzó 183 mil millones de pesos. Estas pérdidas no solo afectan la recaudación fiscal y la capacidad de inversión en proyectos estratégicos, sino también incrementan los costos para los consumidores finales debido al traslado de estos gastos por parte de Pemex, por eso el precio de nuestra gasolina es tan alto, a lo que se suma una política energética que no permite la competencia y la inversión privada en el sector.
Hay historias como la del asesinato de Sergio Carmona, y muchas otras menos conocidas que confirman lo que es evidente: la complicidad de muchos funcionarios, empresarios, grupos sindicales en contubernio con grupos criminales para la explotación del huachicol y el huachicol fiscal. Que durante seis años se haya insistido en que eso no existía, mientras crecía año con año, es uno más de los numerosos regalos envenenados que le dejó la administración López Obrador a Claudia Sheinbaum.
Y es también uno de los puntos importantes de la agenda de la administración Trump por la distorsión que genera en los mercados pero más allá de eso por la maquinaria de corrupción que el huachicol alimenta y que fortalece por una parte la corrupción y por la otra a los propios grupos criminales.
Y paradójicamente golpes tan importantes como los dados por el gabinete de seguridad (porque en ello hay inteligencia y operación de distintas instancias) golpean a los delincuentes pero también exhiben lo que no se hizo o no se quiso hacer el sexenio pasado.
Noem en México
Al terminar su visita a Palacio Nacional la secretaria del Homeland Security, Kristi Noem sostuvo que todavía había mucho por hacer en materia de seguridad en la relación bilateral. Es verdad y más aún con base en lo que quisiera Washington.
El tema de huachicol, como el de otras actividades criminales, genera que la exigencia de que se rompan los lazos con quienes son cómplices y protegen desde la política al crimen organizado sean cada día más intensos, más allá incluso de los indiscutibles resultados que está dando todo el gabinete de seguridad.
Hay incluso todavía áreas claves que deberían ser ya parte del nuevo esquema de seguridad, sobre todo en el ámbito financiero, pero no solamente allí, que siguen en manos de personas que no están comprometidas con esta estrategia.
Los divorcios casi siempre son difíciles pero cuanto más tardan en ejecutarse suelen ser más dolorosos y conflictivos.