Luego de los decomisos en Ensenada y Altamira de millones de litros de combustible ingresado en forma fraudulenta al país mediante el llamado huachicol fiscal, es cada día más evidente cómo un negocio de esa magnitud sólo pudo florecer por el empoderamiento de los grupos criminales combinado con la complicidad de políticos y empresarios.
El huachicol fiscal se define por la importación y comercialización de hidrocarburos sin cumplir con las obligaciones fiscales del mismo, sobre todo el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Para ello se utilizan fracciones arancelarias falsas: combustibles l son importados bajo categorías no sujetas a impuestos, como lubricantes, para evadir el IEPS. Por otra parte, sólo se registra una parte de los productos importados, reduciendo el pago de impuestos, como el IVA. Hay casos de facturación falsa o inexistente con documentos fraudulentos para legitimar operaciones y evadir impuestos.
Se estima que el negocio genera unos 130 mil millones de pesos al año e involucra cómplices en aduanas, gasolineras y consumidores finales, sobre todo empresarios y funcionarios políticos que lo solapan y se benefician del mismo. Es además uno de los temas centrales de conflicto entre México y Estados Unidos por su evidente relación con el crimen organizado.
Llama la atención que las investigaciones, luego de los enormes decomisos realizados la semana pasada en Tamaulipas y Baja California, con un bique tanque, decenas de pipas, depósitos, dos verdaderos parques industriales, uno en cada extremo de la frontera, no avance con mayor rapidez y no sepamos aún quiénes son los responsables de semejante entramado. Por lo pronto se asegura que sería el Cártel Jalisco Nueva Generación el que estaría detrás de las operaciones en Tamaulipas y sería el de Sinaloa el responsable del de Ensenada. Puede ser, esas dos grandes organizaciones (ahora dividida profundamente la de Sinaloa) desde hace años están participando en ese negocio pero, de la misma forma en que el cártel de Sinaloa se involucró mucho más en el tema fentanilo, el de Jalisco ha incursionado mucho en el huachicol en todas sus formas.
Estamos hablando de su operación, con socios locales, en Tamaulipas, pero también en Guanajuato y cada vez más en Tabasco, donde están desplazando al cártel de la Barredora, aliado con el de Sinaloa y según las propias autoridades tabasqueñas relacionado con los grupos políticos de Adán Augusto López y Carlos Marino (sus voceros aseguran a su vez que es el nuevo gobierno el que ha abierto la puerta al CJNG en el estado, y quizás en este tema todos tengan razón). Tiene el CJNG además, en el huachicol, amplia presencia en Chiapas y en Veracruz.
Eso puede explicar en buena medida la violencia que se vive en esos y otros estados, pero sería una explicación insuficiente si no se asume todo lo que tiene que estar detrás de una operación de este tipo, que deja miles de millones de dólares de utilidades (unos seis mil millones de dólares de utilidad según cifras oficiales). Tiene que haber especialistas fiscales, importadores, sin duda complicidad en aduanas (todas las de la frontera norte) y sobre todo en puertos (Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Altamira son claves), en Pemex, en gasolineras y en empresas que tienen un uso intensivo de combustibles. El esquema es mucho más complejo y peligroso que el de la venta de fentanilo u otras drogas: en última instancia allí las complicidades son más lineales, en el huachicol, sobre todo el fiscal, la trama es mucho más compleja e involucra a muchos más actores.
Es sorprendente que el caso de Sergio Carmona, a años de su asesinato, no tenga un avance significativo cuando existe tanta información al respecto y cuando el caso tiene en Estados Unidos una investigación de fondo que involucra a políticos, funcionarios y empresarios. En el reciente caso de Ensenada, el predio era propiedad del ex senador Gerardo Novelo Osuna, cercanísimo al ex gobernador Jaime Bonilla, csualmente uno de los mencionados en la trama de Sergio Carmona. Novelo declaró a través de redes que la propiedad estaba arrendada a Luis Francisco Rodríguez Orozco, un empresario conocido como Gussy, pero poco después eliminó esa publicación.
El tema es central además en las negociaciones de seguridad con Estados Unidos, porque el delito se comete a ambos lados de la frontera y termina siendo un tema de seguridad interna para ese país y porque las complicidades que emanan del huachicol fiscal, con sus fantásticas ganancias, abren la puerta para cualquier otro tipo de tráfico, incluyendo migrantes y fentanilo.
Esta es una de las tramas más complejas y dolorosas de desentrañar para la administración Sheinbaum no sólo porque está enraizado en el corazón del crimen organizado sino también porque inevitablemente se encontrará en ella a personajes del sexenio pasado y algunos del actual. Pero sin romper esa trama será imposible reducir las capacidades del crimen organizado.