Tiene razón la administración Sheinbaum: la desaparición forzada de personas no es en México una política de Estado y el gobierno federal no la consiente, permite ni ordena. Pero también tiene razón el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU (CED) de demandar una investigación en nuestro país ante las miles de desapariciones generalizadas y sistemáticas que sufre la sociedad.
En México hubo durante el sexenio pasado 60 mil personas desaparecidas y en la actual administración el número sigue al alza, pese a que ha disminuido el de homicidios. El gobierno federal ha mostrado apertura al diálogo con el CED, pero enfrenta críticas por la falta de acciones efectivas y por los altísimos niveles de impunidad. Durante la pasada administración, el gobierno de López Obrador no aceptó reunirse ni una vez con los colectivos de madres buscadoras, al contrario, las descalificó, y con otras organizaciones y minimizó el fenómeno de las desapariciones, llegó incluso a quitar el presupuesto para esa búsqueda. En estos días apenas han comenzado reuniones de alto nivel de las madres con Rosa Icela Rodríguez, la secretaría de Gobernación.
La reacción de sectores del gobierno federal con el caso Teuchitlán fue tan mala, argumentando hasta un montaje y descalificando a los organismos humanitarios que exhibieron lo que ocurría en el rancho Izaguierre, que obligó al CED a hacer un reclamo muy duro doden sostuvo que la situación refleja una crisis humanitaria profunda debido a su magnitud y persistencia. La intervención del CED buscó generar presión para que el gobierno mexicano tome medidas concretas ante las desapariciones.
Hay casos, indudablemente, de desapariciones forzadas realizadas por alguna autoridad, sea de nivel federal, estatal o municipal, pero no hay, como ocurrió en las dictaduras sud o centro americanas, una política de Estado de desaparición forzada de personas. La enorme mayoría son acciones cometidas por grupos criminales no sólo contra sus adversarios, en la mayoría de los casos son contra personas que no han pagado extorsiones, que han sido secuestradas, contra migrantes, por simples venganzas o intimidación.
De lo que sí son responsables las autoridades es de no darle al fenómeno la importancia que tiene, como lo comprobamos inicialmente en el caso Teuchitlán. No sólo no hay una investigación a fondo de estos casos, en muchos no hay siquiera carpetas de investigación y muchísimo menos responsables: la impunidad es casi total.
Es una consecuencia heredada directa de la política de abrazos y no balazos que impidió incluso, como lo vimos con la renuncia de Karla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda, tener un censo serio sobre el tema. En su carta de renuncia, Quintana sostuvo que los desafíos relacionados con las desapariciones persistían y destacó que no había una política integral para prevenirlas, buscar a las víctimas y combatir la impunidad. En respuesta, López Obrador minimizó públicamente las cifras oficiales de desaparecidos, y pidió que se levantara un censo de desaparecidos pero no con la Comisión sino con los servidores de la Nación y la secretaría del Bienestar. Quintana simplemente lo consideró poco serio y renunció. Hoy está encabezando las tareas de búsqueda de personas desaparecidas contratada por la ONU, en Siria.
En México apenas a partir de la repercusión del caso Teuchitlán se han activado políticas para comenzar a sistematizar la búsqueda de personas desaparecidas y aún falta mucho más para que se comienza a castigar sistemáticamente a sus responsables.
Es verdad que cuando se habla legalmente de desaparición forzada estamos hablando de personas que fueron secuestradas por fuerzas del Estado y no es en la mayoría de los casos lo que ocurre en México. Pero aquí la actual administración está pagando también los errores y excesos de su propio pasado: tanto se insistió, sin evidencia alguna, de que en Ayotzinapa y en muchos otros casos había sido “el Estado” que ahora no pueden liberarse de ese mismo discurso.
Si fue “el Estado” el responsable de las desapariciones en el gobierno de Calderón o Peña Nieto por qué no lo va a ser en el gobierno de López Obrador, cuando la cifra de desapariciones casi se triplicó, o en la actual administración. En Ayotzinapa, como se ha demostrado una y otra vez, no hubo una responsabilidad del Estado como tal, ni del gobierno federal, ni de las fuerzas armadas, fueron desapariciones realizadas por grupos criminales con la complicidad de fuerzas policiales locales. En la vergonzosa investigación realizada el sexenio pasado por Alejandro Encinas y la fiscalía especial para tratar de demostrar esa participación del Estado se llegó al exceso de liberar o permitir la liberación de los criminales y policías involucrados con se crimen para que declararan contra exfuncionarios y militares sin contar con una sola prueba de esos dichos. Ahí sigue bajo proceso el exprocurador Jesús Murillo Karam y en prisión domiciliaria están varios militares que no tuvieron participación alguna en los hechos.
Ahora esa política de culpar al Estado que le dio tantos réditos a Morena desde la oposición e incluso desde el gobierno en la administración anterior, se ha vuelto en contra del propio gobierno. La responsabilidad no es de las autoridades que están desapareciendo personas como política de Estado, es de los grupos criminales, pero lo que se denunciará será la impunidad con la que los criminales actúa.