Una vez más, como ocurrió con Peña Nieto y con López Obrador, se intenta aprobar una ley de telecomunicaciones que tiene como objetivo controlar la industria desde el poder y censurar los contenidos de los medios. Podrán dar muchas excusas y decir muchos discursos, pero ese es el objetivo: el control y la censura.
Y para eso no han sido demasiado creativos: a las leyes que se intentaron implementar en 2014 y 2017 le sumaron los castigos que impuso las leyes de Chavez y Maduro en Venezuela. Y como coartada utilizaron los anuncios de Kristi Noem, del departamento de Seguridad nacional de Estados Unidos, pidiendo le a los migrantes, de forma bastante grosera, que no ingresen a ese país.
Los anuncios los trasmitió Televisa porque esa empresa es socia de Univisión en Estados Unidos (que es la que tiene la parte mayoritaria) y desde allá se acordó la compra de esos espacios publicitarios. Fue un error, pero tampoco fue para tanto. Lo mejor hubiera sido que México aprovechara para emitir sus propios anuncios en la Unión Americana. Por supuesto no lo hizo, no vaya a ser que se enoje Trump.
Lo que hicieron fue reeditar el frankenstein que ya se había usado en el pasado agregándole más armas censoras y aprovechando que, como habían desaparecido al IFT todo el poder quedaba en manos de una instancia, la agencia de transformación digital que dirige, un técnico Pepe Merino, que se nos dijo que serviría para modernizar y digitalizar las labores del gobierno y que ahora acumula todo tipo de tareas sin control institucional alguno, más allá de la propia presidenta, incluyendo el poder de quitar o dar concesiones de radio y televisión según su saber y entender, y sin más causas que el interés público o la seguridad nacional.
La nueva ley implicará, si se aprueba, una catástrofe anunciada. Sin duda lo más peligroso es la amenaza de quitar concesiones o las multas exhorbitantes que se ponen hasta por usar una mala palabra (¿hay malas palabras?), también la posibilidad de cancelar, intervenir paginas web y redes por decisión del propio gobierno. Pero la norma también obligaría a los concesionarios a someter sus contenidos a la agencia, para que esa autoridad determine cuáles son correctos y cuáles no, ya que de acuerdo al texto aprobado no podrán autorregularse, porque será la agencia del gobierno y su código ético los que delimitarán la regulación (los códigos éticos, por definición, deben ser elaborados por cada medio, es el compromiso de un medio con sus lectores, sus oyentes, sus televidentes, no por un organismo del Estado que al hacerlo le impone límites y conductas a todos los medios por igual, y si los traspasan los censura).
En el anterior intento, el de Peña, el 21 de diciembre de 2016, el Diario Oficial, publicó los llamados lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias que establecían normas imposibles de cumplir para los medios de comunicación electrónicos y la amenaza de procesos judiciales contra periodistas y comunicadores. Eran, y ahora vuelven a serlo porque han sido recuperados por la ley de Sheinbaum, lineamientos sin sustento legal o siquiera de sentido común, que le otorgan a la agencia de transformación digital y ahora también de telecomunicaciones (porque absorbió las atribuciones que tenía el IFT autónomo) prerrogativas que violan la Constitución y los derechos humanos básicos, entre ellos la libertad de expresión.