La cancelación de las visas de la gobernadora Marina del Pilar Avila y su esposo Carlos Torres, no es, no será, un hecho aislado. Si la política se realiza con gestos, pocos son tan contundentes como el retirar una visa estadounidense a funcionarios de alto nivel de un tercer país, Venezuela y Colombia, por ejemplo, lo atestiguan. Se trata del primer caso, que es público, en nuestro país, pero habrá más, porque estamos ante un punto de inflexión en la relación de México y Estados Unidos en torno a lo que la administración Trump considera las tramas de protección a los grupos del crimen organizado.
No hablamos solamente del tráfico de fentanilo o de migrantes, sino también del contrabando de combustibles, que alcanza cifras alarmantes (según algunas estimaciones extraoficiales podría alcanzar hasta un tercio del combustible que se utiliza en el país) y de otros negocios como, relacionado con el gusano barrenador, el contrabando de ganado. Apenas ayer, la secretaria Raquel Buenrostro anunció investigaciones y próximas detenciones en PEMEX (y me imagino que en el ámbito gubernamental), “vamos con todo”, dijo, al considerar, con razón, que se trata de un delito que está afectando la seguridad nacional.
Hay que insistir en un punto: la peor herencia que le dejó la administración López Obrador a la presidenta Sheinbaum es el empoderamiento generalizado del crimen organizado, que amplió sus actividades a ámbitos que en el pasado le eran ajenos o prohibitivos.
Y es verdad que ha bajado el número de asesinatos, aunque siguen siendo inusitadamente altos para un país como el nuestro, pero ya no se puede medir la presencia del crimen organizado sólo con esa variable. La extensión de la extorsión, del robo, la participación del crimen en los contrabandos de todo tipo, la importación y reenvío, re etiquetadas, de minerales y materias primas, la explotación ilegal de minas, son, entre otras, actividades que se deben medir en un universo criminal que abarca ya demasiados ámbitos. Somos, según el Banco Mundial, el tercer país del mundo con mayor presencia del crimen organizado en actividades económicas. Y en el cual la complicidad de grupos políticos, empresariales, sociales, es inocultable.
Muchas cosas están cambiando y cambiarán aún más en las próximas semanas. No se trata sólo de las visas. Hay señales muy fuertes: los acuerdos de culpabilidad al que han llegado Ovidio y Jesús Guzmán López tendrán amplias repercusiones: no hay acuerdo de culpabilidad sin colaboración. Las señales de la profundidad de ese acuerdo, ya están entre nosotros. Una de ellas, que no se debería subestimar, es la llegada este viernes a Estados Unidos de la madre de Ovidio y Joaquín, Griselda López y de otros familiares cercanos para entregarse o refugiarse en ese país.
No es un dato menor: explica la magnitud del acuerdo alcanzado. La madre de los dos chapitos, era una figura clave en la relación con el mundo político sinaloense y suyo era el rancho donde fue detenido Ovidio en Jesús María donde era protegido por decenas de sicarios y donde solían ir políticos locales. Operaba y tenía numerosos negocios dentro y fuera del estado.
su entrega o llegada a Estados Unidos confirma la existencia de ese acuerdo e implicaría también lo que distintos observadores presuponen: que en la guerra entre los cárteles de los mayos y los chapitos, con sus respectivos aliados, los primeros se están imponiendo, entre otras razones porque tienen un espectro de alianzas mucho más amplio y porque Iván y Jesús quedaron distanciados, o traicionados, por sus medios hermanos Ovidio y Joaquín.
Pero hay mucho más: ¿qué pasará con el propio Mayo Zambada cuya audiencia también está próxima? ¿buscará o logrará también un acuerdo de colaboración?. No olvidemos que su hermano y su hijo ya son, desde hace años, testigos colaboradores de la justicia estadounidense. Un acuerdo de colaboración con el Mayo, prácticamente cerraría la pinza en torno a todos los grupos significativos de lo que fue el cártel de Sinaloa. Y queda todavía el juicio, que será paradigmático, ejemplificador, contra Caro Quintero por el caso Camarena (y su presencia con el cártel de Caborca, hasta tiempos actuales) y el de los demás criminales entregados por la administración Sheinbaum. Es un bagaje de información, confirmado por fuentes directas, que será un arma irreductible, si se decide a ser así utilizada contra las tramas de complicidad política.
Y eso se cruzará con la información sobre el contrabando de combustibles, el llamado huachicol fiscal, donde ya han comenzado a darse golpes dentro de la propia Unión Americana y donde existe muchísima información que deviene desde el asesinato de Sergio Carmona, en 2021, y de personajes, como su hermano Julio, que se entregaron después del mismo a la justicia estadounidense.
Si como dijo ayer Marcelo Ebrard, en el segundo semestre de este año comenzará la renegociación del TMEC, tendremos en las próximas semanas y meses una fuerte turbulencia política de temas relacionados con la seguridad, porque desde tiempo atrás, incluso antes de que Donald Trump regresara a la Casa Blanca, el interés de Estados Unidos es cruzar la renegociación comercial con la de seguridad. Y en ella el tema de las tramas políticas de complicidad es clave.