Mayo ha sido el peor mes para Claudia Sheinbaum desde que asumió la presidencia de la república, un mes en el que pagó muchas de las herencias que le dejó la pasada administración. Desde la economía hasta la seguridad, desde la descabellada elección del poder judicial hasta los bloqueos de la CNTE, la herencia lopezobradorista ha marcado la agenda presidencial.
La economía no reacciona y llama la atención que se festine que crecimos apenas un 0.2 por ciento como para evitar que se diga que caímos en recesión, cuando además la inflación terminó el mes pasado en 4.22 por ciento. La tarea de las autoridades hacendarias para reconducir la economía con el desastre del déficit que dejó López Obrador, que osciló entre 6 y 8 puntos del PIB (de acuerdo a cómo se cuente la deuda de PEMEX) lo que equivale a 18 billones de pesos, es una losa para la economía nacional que deja muy poco margen de acción.
El nuevo secretario de Hacienda, Edgar Amador, está trabajando para dejar esa deuda en un 4 por ciento del PIB pero ese esfuerzo, sumado a la coyuntura internacional, a las amenazas de Trump, con los aranceles y demás, simplemente no permiten crecer. Hay que limitarse en el gobierno federal a festinar que no estamos, oficialmente, en recesión, mientras tanto hay que seguir financiando todas las obras faraónicas del sexenio pasado que, todas sin excepción, costaron por lo menos el triple de lo presupuestado, están en números rojos y algunas ni siquiera comienzan a funcionar.
Lo de Petróleos Mexicanos es una tragedia. Ha habido a lo largo de los años muy malos manejos en Pemex, pero la situación en la que la dejó la administración López Obrador es calamitosa. Mientras se siga invirtiendo en Pemex refinación y no se cambie todo ese capítulo, además del sindical, será imposible resucitar a la petrolera (la única del mundo en estar en números rojos y la que tiene el mayor número de trabajadores con la menor productividad).
Con Estados Unidos se está tratando de recuperar en temas de seguridad la confianza perdida el sexenio pasado. Los abrazos y no balazos llevaron a una pérdida de confianza con las autoridades mexicanas que comenzó desde la administración Biden. El trabajo que está haciendo el gabinete de seguridad actual es muy reconocido, pero el tema, que es parte de una decisión política, no de seguridad, es asumir que se debe acabar con las redes de protección a los grupos criminales.
Está muy bien que se investigue a funcionarios de hace 12, 18 o de hace 30 años, pero es incomprensible que no se investigue a ninguno de los que están hoy en posiciones de poder y que es evidente que tienen relación con grupos criminales e incluso que de algunos de ellos se hagan defensas públicas del más alto nivel. Todo lo bueno que se haga en seguridad puede quedar deslegitimado si no se da ese paso, si no se adopta esa decisión política.
Además, crímenes como los de Ximena Guzmán y José Muñoz enturbian aún más el panorama y hacen crecer las sospechas. Cuando ayer la secretaría de seguridad capitalina informó que inició investigaciones administrativas por la manipulación de pruebas respecto a ese crimen y adelantó algo que era un fuerte rumor desde la misma tarde del asesinato, que se estaba realizando un “proceso de ajuste de cuadros de mando”, la sospecha de que en ese ataque pudiera haber un factor de protección de viejos grupos policiales ha crecido. Estas soin herencias que vendrían de Iztapalapa.
Los bloqueos de ese grupo de provocadores aglutinados en la CNTE también son manipulaciones que vienen del pasado cercano y de quienes dicen ser sus herederos. Los maestros recibieron un nueve por ciento de aumento y se anuló las reformas a la ley del ISSSTE que supuestamente los afectaban, pero ahora, como nunca antes lo hicieron, piden un aumento del 100 por ciento y, además, derogar la ley de pensiones que se aprobó en 2007, que estableció las cuentas de retiro individuales, y sin la cual las finanzas del Estado estarían virtualmente quebradas. Saben que en eso no puede haber marcha atrás y nunca lo reclamaron en el pasado, mucho menos durante el gobierno de López Obrador, ahora es el leit motiv de sus bloqueos y amenazas. Y a ellos se sumaron desde ayer, otros fantasmas del pasado, los grupos de Ayotzinapa, que tienen el mismo origen y destino que los de la Coordinadora.
El domingo todas esas herencias nefastas se escenificarán en una de sus peores manifestaciones: la elección del poder judicial, unos comicios que acabarán con la independencia del poder judicial, que carecen de legitimidad y donde se está exhibiendo la manipulación absoluta de los escasos votos a través de los acordeones distribuidos desde el gobierno federal, los estatales, y en la participación activa en la elección de los llamados siervos de la nación. Esos comicios son, serán, una mancha para el gobierno federal que se extenderá fuera del país. Son algunas de las herencias que dejó López Obrador y que como una deuda impagable asume la actual administración.
Seguridad y voluntad
Los golpes dados este fin de semana son de destacar: el abatimiento de La Perris, jefe de seguridad de los chapitos, la caída de una célula de esta organziación, de otra de 12 integrantes de los Salazar en Sonora, el decomiso de toneladas de cocaína en el mar y en San Luis Río Colorado, entre otros hechos demuestran voluntad y entereza… pero hay que dar un paso más, ir más allá.