Al momento de escribir estas líneas, y hasta dentro de varios días, no tendremos resultados de la malograda elección judicial de este domingo, unos comicios con un marcado, inédito, abstencionismo derivado del desinterés y la poca legitimidad de la elección popular de jueces, magistrados y ministros, uno de los mayores sinsentidos de la llamada 4T.
Pero pasada la elección, pese al desinterés popular, habrá un cambio profundo que nos dejará una nueva Suprema Corte, un tribunal de Disciplina con poderes absolutos para hacer y deshacer en el poder judicial, y una renovación de poco más de la mitad de los jueces y magistrados del país.
La otra mitad, se supone, si después de este desastre no cambian las cosas, se renovará en 2027, al mismo tiempo en que se elijan 16 gubernaturas, la cámara de diputados y miles de cargos locales. Sumar a esa elección otra judicial tan caótica como ésta, complejizará a niveles increíbles todo el proceso. Pero para eso faltan dos años.
Días atrás leía un muy bien texto en Nexos de Diana Rouzaud y Mauricio González Alcántara que reflexionaban sobre el otro caos, el que habrá en juzgados y tribunales con la llegada de los nuevos jueces y magistrados electos, la mayoría de los cuales no tienen carrera judicial y tampoco idea de cómo llevar un juzgado o un tribunal, con la obligación de comenzar a resolver cientos o miles de casos que se han ido acumulando, con un personal que no conocen y que en muchos casos tendrá más conocimiento y experiencia que ellos.
Ruzard y González Alcántara cifran su esperanza en que, con base en esa otra mitad del poder judicial que sigue en funciones, se pueda resistir y tratar de reconstruir un poder judicial autónomo en el futuro, ante el evidente fracaso del modelo que, agreguemos nosotros, tendría, si existe alguna racionalidad, que ser modificado en el futuro.
No lo sé, creo que lo único seguro será el caos y la ineficiencia judicial. No imagino cuántos meses deberán pasar antes de que, más allá de quienes resulten elegidos en los comicios de ayer en todos los niveles, el sistema vuelva funcionar. Hay cosas ridículas, en agosto convivirán en la Corte los actuales ministros con los nuevos porque en la ley no tomaron previsiones al respecto.
En los hechos la Suprema Corte apenas si funciona a cuenta gotas desde hace varias semanas para abordar sólo los casos más urgentes, y muchos muy importantes se lo dejarán para los futuros ministros y ministras. En La Corte, con todo, hay una estructura de funcionarios de carrera sólida, el Tribunal Disciplinario heredará muchos del Consejo de la Judicatura.
No dudo que puede haber un puñado de los que resulten electos que podrán tener esos conocimientos pero la enorme mayoría lo ignoran casi todo. La carrera judicial servía también para eso, para darle continuidad a un proceso de impartición de justicia que tendría muchos defectos pero que por lo menos funcionaba. Lo que vamos a ver en las próximas semanas será, no es catastrofismo, una suma de despropósitos.
Eso resaltará aún más la diferencia entre la mitad de los jueces y magistrados que vienen de la carrera judicial y que no fueron elegidos en estos comicios y los que resulten de ellos. Habrá en los hechos, a esos niveles, dos poderes judiciales distintos, con dos perfiles y dos formas diferentes de operar, con conocimientos dispares e incluso encontrados. ¿Quién preferirá usted que le lleve un caso: un juez o un tribunal de reciente elección que se debe al voto, aunque sea escaso, o un juez o magistrado que proviene de la carrera judicial y lleva años en la misma?. No es un tema menor: es sólo un capítulo de la ola de interrogantes, dudas, hoyos negros que tendremos a partir de esta elección y sobre todo después del primero de septiembre.
Y no olvidemos un tema adicional. Este poder judicial, así electo, viola las normas del TMEC que, según Marcelo Ebrard, se comenzará a renegociar entre septiembre y octubre, precisamente en los días del caos que se generará cuando se eche a andar el nuevo modelo.
El Foro Alicia
No sé qué pasó en el Foro Alicia, un espacio de cultura alternativa en la ciudad de México, donde un numeroso grupo de policías y militares irrumpió en un concierto de un artista vasco. Lo que resulta inadmisible es que nadie se quiera hacer cargo, haya habido justificación o no para esa irrupción, de lo sucedido. La presidenta lo condenó, la jefa de Gobierno, Clara Brugada dice que ella no sabía nada. Le quieren echar la culpa a la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, pero ella no tiene atribuciones para movilizar policías y soldados o guardia nacionales, eso sólo lo puede hacer el gobierno de la ciudad o el federal. Y ninguno de ellos quiere reconocer que ordenaron el operativo.
La pregunta es sencilla ¿en qué ciudad se pueden movilizar 200 policías y militares para poner fin a un espectáculo sin órdenes superiores?. Y todo ello no deja de ser profundamente irónico cuando desde hace más de dos semanas la CNTE desquicia la ciudad, hace bloqueos, daña comercios y propiedades y no se moviliza ninguna fuerza de seguridad para ponerle siquiera un límite.