Fue el ataque más violento cometido por grupos criminales contra elementos del ejército mexicano en lo que va el sexenio: ocho militares murieron por el estallamiento de una mina antipersonal en Santa María del Oro, en la frontera entre Michoacán y Jalisco en mayo pasado. Era la demostración, como aquí dijimos, de que la violencia estaba alcanzado una nueva cota, que los grupos criminales estaban ya utilizando tácticas militares avanzadas.
Días después, en un operativo del ejército mexicano en el municipio de Los Reyes, Michoacán, fueron detenidas 17 personas, de las cuales 12 eran colombianos y de ellos, nueve fueron identificados como exmilitares con amplia experiencia y tres como civiles con formación militar.
No es ninguna novedad la incorporación de sicarios colombianos y centroamericanos en los cárteles mexicanos. Sí lo es que cada vez más, éstos sean exmilitares y exguerrilleros con amplia formación militar.
Su incorporación en las fuerzas del CJNG (también los ha habido en el Cártel de Sinaloa, pero en menor escala), como vimos recientemente en Guerrero, Michoacán y Tabasco, especializados, particularmente en Michoacán, en la utilización de explosivos plásticos, y con formación guerrillera, ha introducido nuevas amenazas para las fuerzas federales. Usan explosivos más sofisticados, armamento más pesado, minas antipersonales (que están prohibidas por la Convención de Ottawa, ratificada por 165 países de los 193 de la ONU, incluyendo México: el tratado prohíbe el uso, la producción, el almacenamiento y la transferencia de minas antipersonal).
Todo indica que existe un punto de inflexión en la lucha contra los cárteles de parte de las fuerzas federales, porque no estamos ya sólo ante un desafío a la seguridad pública sino ante una amenaza a la seguridad nacional.
Pero esto también es posible por la cada día mayor integración entre los cárteles mexicanos y colombianos. Desde hace años, pero sobre todo desde la llegada de Gustavo Petro al poder, que abandonó la persecución de los cárteles y que coincidió con la estrategia de abrazos y no balazos de López Obrador, lo que eran alianzas se convirtieron en sociedades plenas que tienen extensiones en Venezuela y Ecuador.
El inicio de esa historia la contamos en el libro Las FARC en México, de la política al narcotráfico (Aguilar, 2009) y la hemos ampliado en varias ocasiones en este espacio. Cuando asumió Rafael Correa, la presidencia de Ecuador en 2007, el Plan Colombia había desfondado a las FARC, al ELN y a los los grupos del narcotráfico.