19-09-2018 Ningún viento le es favorable a quien no sabe a qué puerto se dirige, decía Séneca. Y creo que ese es el mayor problema que tienen el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y su principal equipo de colaboradores.
El problema no son las contradicciones. Ellas son el síntoma de un proyecto de gobierno que no termina de transitar, porque su cabeza tampoco lo hace, de la retórica de campaña al ejercicio del poder y donde, extraviados en nombramientos anticipados, luchas de poder interna, ambiciones, legítimas o no, terminan siendo muy pocos, ni siquiera un puñado, los que hacen de verdad política. Con un agravante, salvo dos o tres miembros de su equipo, los demás no se atreven a contradecir a su jefe, al presidente electo, otro síntoma más de lo que si no se corrige puede ser una enfermedad grave a la hora de ejercer el poder.
Las indefiniciones y contradicciones abarcan casi todo. Por ejemplo, la amnistía. En los foros realizados para la pacificación y la justicia, la idea del perdón se pierde ante el de la justicia que reclaman, sin saber tampoco cómo alcanzarla, las víctimas. López Obrador pone de manifiesto su instinto al insistir en el perdón, pero para ejercerlo en muchas ocasiones se tiene que hacer primero justicia. Es lo que dijo Olga Sánchez Cordero, apenas el lunes, luego de la mala reunión que tuvieron el viernes con familiares de víctimas en Tlatelolco, donde se volvieron a exhibir las dudas sobre el rumbo a seguir.
También el lunes, Olga dijo que la amnistía sería para mujeres que fueran mulas o sea transportadoras de drogas y para cien mil jóvenes que, aseguró, están presos por posesión de drogas. Me parece que se equivocan. Primero hay que tener diagnósticos precisos sobre el tema y hoy no los tiene, ni el actual ni el futuro gobierno. No se sabe cuántos desaparecidos hay, las cifras de siete mil, 30 mil o 40 mil no tienen sustento alguno, pueden ser más o menos pero no existe un censo real de desaparecidos y sus causas, porque tampoco estamos, como ocurrió en las dictaduras militares de Centro y Sudamérica, ante una política de desapariciones implantada desde el Estado. La enorme mayoría de los casos son acciones del crimen organizado y eso hace todo mucho más complejo darles seguimiento, a lo que se suma la enorme movilidad en ciertas zonas rurales.
Un censo de personas desparecidas es básico para establecer cualquier política pública al respecto. En el tema de la amnistía tampoco se tiene información fidedigna. Los cien mil jóvenes detenidos por posesión de drogas de los que habla Sánchez Cordero, ¿están en esa condición por portar dosis para consumo personal, o la posesión de drogas es un delito que se suma a otros? ¿Se investigarán los antecedentes de cada uno de esos jóvenes para no amnistiar a delincuentes peligrosos, sean o no jóvenes? Porque parte de la crisis de seguridad que vivimos se debe a los miles de detenidos que han sido liberados o que una vez detenidos son liberados por los cambios en el sistema de justicia penal, que son delincuentes reincidentes, algunos de ellos francamente peligrosos y que terminan en la calle. Una vez más no se puede actuar con base en generalidades sino ante casos específicos.
Por supuesto que el país no está en bancarrota. La declaración de Andrés Manuel en Tepic se contradice con lo que él mismo ha dicho sobre la estabilidad económica del país. México estuvo en bancarrota en 1976, con Luis Echeverría; en forma notable en 1982 con López Portillo;México rondó la bancarrota en 1987; cayó en ella en diciembre de 1994. Pero desde entonces se ha ido recuperando en forma constante e incluso la bancarrota global del 2008 puedo ser sorteada en México en una forma bastante indolora, comparada con los costos globales de los que, por ejemplo, Europa aún no se termina de recuperar. Decir que el país está en bancarrota no tiene sentido, salvo que se quiera utilizar el tremendismo para bajar expectativas de promesas imposibles de cumplir.
En el tema del aeropuerto internacional de la ciudad de México parece que estamos ante una comedia de enredos que caen a veces en el ridículo. El próximo secretario de comunicaciones y transportes, Javier Jiménez Espriú, en su afán de sacar el proyecto de Santa Lucía junto con el constructor José María Rioboó, rechaza los juicios de la empresa internacional Mitre (la mayor asesora global en temas aeronáuticos), del Colegio de Ingenieros Civiles de México, del Colegio de Pilotos de México, a los que les pidió dictámenes. Ahora envía la solicitud de un estudio a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el cual será entregado en octubre próximo, sobre la viabilidad de la operación simultánea del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y la base militar de Santa Lucía. ¿Si todos los especialistas serios del país y del mundo insisten en que se debe continuar la actual construcción en Texcoco, que ya está concluida en más de un 30 por ciento, qué necesidad hay de empeñarse en contradicciones y falsas consultas?.
Y no hemos hablado de las indefiniciones en energía, en educación, en salarios, en descentralización. Y faltan ahora sí, sólo 73 días.
