21-03-2019 Si hay dos personajes en el gobierno federal que pueden contar su versión de la historia respecto al asesinato de Luis Donaldo Colosio, son Alfonso Durazo, hoy secretario de seguridad y hace 25 años secretario particular del candidato asesinado, y Marcelo Ebrard, entonces el principal operador del comisionado para la paz en Chiapas, el ex regente de la ciudad, Manuel Camacho, que durante aquellos asfixiantes tres primeros meses de 1994, se había convertido de facto en el principal opositor a la candidatura de Luis Donaldo.
Se dijo en innumerables ocasiones que la bala que mató a Colosio también acabó con la carrera política de Camacho. Es una verdad, pero sólo a medias, pues Manuel perdió todas sus oportunidades entonces pero pudo reconstruir, no tanto como lo ha hecho Ebrard, su carrera. Sin embargo, a diferencia del actual canciller, creo que Camacho nunca logró superar, en lo personal, aquel terrible trauma y sobre todo que se le acusara de haber "creado el clima" o haber estado detrás, de una u otra forma, injustamente, de aquella muerte que implicó una ruptura radical del sistema político mexicano.
En el caso de Durazo el suyo fue un recorrido muy largo que lo terminó llevando con el paso de los años al equipo de López Obrador. Pero ese recorrido estuvo marcado, siempre, por el asesinato de su jefe. Las desavenencias de Durazo y otros integrantes del equipo de Colosio con el coordinador de campaña y a la postre candidato sustituto, Ernesto Zedillo, eran públicas, y después del asesinato la relación nunca se recuperó. Algunos se incorporaron al equipo de Zedillo, como Liébano Sáenz, y otros quedaron, en mayor o menor medida en el ostracismo o se fueron, como Durazo, alejando cada vez más del mandatario.
Varios otros abonaron la tesis de que el crimen había sido tolerado por Camacho y/o por Carlos Salinas, y de ahí partieron muchas de las teorías de la conspiración que enarboló Pablo Chapa Bezanilla. El fiscal del caso fue tan desastroso que su único "logro" consistió en acabar con la verosimilitud de cualquier prueba que fuera en sentido contrario a la versión original, la del asesino solitario.
Durazo nunca regresó al PRI. Fue parte del equipo de Vicente Fox, con el que terminó en muy malos términos, y con el tiempo apareció cada vez más cerca de López Obrador hasta llegar a la posición estratégica que hoy ocupa. Dice Alfonso, lo ha dicho siempre, que no cree en la teoría del asesino solitario. En realidad, el tema no pasa tanto, como intentó demostrarlo en su momento Chapa Bezanilla, que en el asesinato participara más de un tirador, sino en dilucidar, lo que no ha ocurrido en 25 años, quién estuvo detrás de la mano de Mario Aburto.
Hemos investigado ese caso durante años y creo que la reconstrucción de hechos que realizó Luis Raúl González Pérez se apega a lo sucedido, pero no termina de respondernos el porqué y el quiénes. Por supuesto que hubo un "clima político" que alimentó la posibilidad del crimen, en el que jugó un papel destacado el levantamiento zapatista; hubo graves errores de instrumentación en la seguridad del candidato, alimentadas a su vez en ocasiones por malas decisiones de Luis Donaldo; hubo diferencias políticas trascendentales entre los hombres claves de aquel proceso (Colosio, Salinas, Camacho, entre otros).
Pero sigo pensando, 25 años después y sobre todo analizando lo sucedido en este cuarto de siglo en términos de inseguridad y violencia, que la mano que estuvo detrás del arma de Aburto no fue tanto la de la política sino la del narcotráfico. No hay pruebas concluyentes, pero sí indicios muy sólidos de porqué el crimen organizado podría haber ordenado el asesinato de Donaldo. Ya lo veremos con másdetalle mañana.
¿Engañan al Presidente?
Al desaseo con el que se procesa todo el tema de la refinería de Dos Bocas, a las contradicciones entre Hacienda y Energía, se suma ahora el descrédito de las cuatro empresas invitadas a la licitación para la construcción de la refinería, presentadas como ejemplo de "transparencia y ética" pese a sufrir graves acusaciones internacionales de corrupción y de estar, una de ellas, incluso asociada con Odebrecht y con procesos penales en Argentina que le tendrían que impedir cualquier participación. El problema no es que Rocío Nahle salga en su defensa, es que lleven al presidente López Obrador a hacerlo. ¿Alguien le informó al presidente los antecedentes reales de esas empresas y el costo potencial de defenderlas?
