02-04-2019 Escuchaba ayer al candidato de Morena para las elecciones de Puebla, Miguel Barbosa, diciendo que el secuestro de once policías en la sierra norte del estado por presuntos delincuentes, era la demostración de que había zonas completas del estado que estaban bajo control de los delincuentes, pero también de que la policía local no servía, que de ganar las elecciones la haría desaparecer y que esperaba que, para recuperar la seguridad comience a operar en su estado la nueva Guardia Nacional.
Barbosa, si el TEPJF no le da una sorpresa ante la denuncia en su contra de Alejandro Armenta, tiene amplias posibilidades de ganar Puebla en junio próximo, pero como muchos otros gobernadores no termina de comprender que no se pueden recargar en la naciente Guardia Nacional sin contar con sus propias fuerzas policiales locales.
Las de Puebla no son precisamente policías malas: están bien preparadas y han tenido en los últimos años, durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Tony Gali, buenos jefes de policía en el estado, pese al crecimiento geométrico del crimen organizado y sobre todo de los grupos de huachicoleo. Pero el sábado un grupo armado levantó a los once elementos de la Policía Estatal en la sierra norte y tras 24 horas de mantenerlos en su poder los dejó en libertad, después de golpearlos, torturarlos, robar sus armas de cargo y llevarse un par de patrullas.
Todo esto ocurrió en la Junta Auxiliar de Necaxa, en el Municipio de Juan Galindo. Los criminales los emboscaron, los bajaron de las dos patrullas y, según las imágenes que mostraron en redes sociales, los sometieron al obligarlos a arrodillarse. Los subieron en camionetas de lujo para luego llevárselos hasta que fueron puestos en libertad un día después en una camino rural alterno a la México-Tuxpan, una vialidad utilizada particularmente por grupos criminales. Es una zona de huachicoleo, narcotráfico, secuestro, extorsión y de fuerte influencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que opera la hidroeléctrica de Necaxa, en asociación con una empresa portuguesa.
Es algo así como la suma de todos los miedos: policías rebasados, grupos criminales mejor armados y equipados, control político regional por un grupo que ha actuado, más de una vez, en los márgenes de la legalidad. La situación no se resolverá esperando que llegue la Guardia Nacional: hacen falta estrategias globales, el involucramiento de las autoridades federales y locales, voluntad política y asumir el riesgo que se vive. Casos como el de Puebla se dan con mucha frecuencia en todo el país. Las fuerzas de seguridad no pueden vivir subordinadas a los grupos criminales y en casos como éste incluso humilladas por éstos.
Pronto la Guardia Nacional estará en las calles y en los próximos días se dará a conocer sus mandos, posiblemente encabezados por un general en actividad. Pero debemos insistir en que se necesita mucho más y que eso es en buena medida responsabilidad de las autoridades estatales.
Por cierto, la Guardia Nacional está reglamentada, sus orígenes acaban de ser aprobados en términos constitucionales, su estructura está enmarcada en la secretaría de Seguridad, y sus mandos pueden ser militares por la ley que fue votada por todos los partidos políticos representados en el Congreso. No entiendo la necesidad de ciertos grupos, y ante la situación de inseguridad que vive el país, de seguir denunciando su “militarización” y descalificarla desde antes de que comience a actuar.
Intoxicación en el IMSS
25 niños terminaron intoxicados en una guardería del IMSS en Coyoacán. Surtipractic, la empresa proveedora de alimentos a las guarderías del Seguro Social, es parte de la empresa El Sardinero y es la misma que en 2016 intoxicó a más de 60 cadetes de la Academia Estatal de Policía de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Pero además esta empresa es la misma que le vendió en 2017 más de tres millones de despensas al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
En las instalaciones de El Sardinero en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, se armaban hasta 25 mil despensas diarias, que se enviaron de febrero a agosto de ese año, vía el puerto de Veracruz, a Venezuela. Fue un escándalo mundial por la mala calidad de los alimentos y el alto sobrecosto que tuvieron, al ser revendidos con más del 100 por ciento de su valor. Fue un negocio compartido con funcionarios venezolanos a costa del hambre de su gente. Es un tema que debe atender Germán Martínez, el director del IMSS.
