03-07-2019 “No somos moderados, somos radicales. El moderado sólo es un conservador más despierto”, dijo el presidente López Obrador en el Zócalo, parafraseando a Melchor Ocampo. Lo dijo después de 85 minutos de autoelogios y la frase estuvo dirigida tanto a sus fieles como a sus opositores.
Y sin embargo, como en casi todo lo que se relaciona con este gobierno, existen otros datos: claro que hay radicales y moderados en su gabinete y su administración, y existe también una tercera especie: los que simplemente son obedientes y vegetan en sus carteras, sin aparecer, sin operar, esperando instrucciones. Cuando Ricardo Monreal dice que el gabinete no está a la altura y da a entender que debe haber cambios, tiene razón. La mitad de los miembros del gabinete podrán ser radicales, moderados o simplemente obedientes, pero nadie los conoce, no aparecen, no hacen política y ni el propio presidente los convoca a hacerla. Es un estilo de gobernar, arcaico y poco eficiente, pero es el estilo del presidente López Obrador.
Pero la diferencia entre moderados y radicales es importante porque en un gobierno respaldado por un movimiento que luce hegemónico es allí, dentro de esas fuerzas moderadas y radicales, donde se da la verdadera lucha por el poder. Radicales y moderados tienen sus propias respuestas para los verdaderos adversarios de esta administración: la terca realidad que imponen los mercados y, en nuestro caso, la cercanía y dependencia del gobierno de Donald Trump.
El presidente López Obrador le envío el mensaje a sus bases de Morena de que son y seguirán siendo radicales, pero instruyó a su canciller Marcelo Ebrard a que fuera más que moderado, dócil, ante Trump. Podrá acusar a quienes presentan amparos contra Santa Lucía de realizar un “sabotaje legal” contra su gobierno e insistir en que las obras del aeropuerto de Texcoco se van a inundar (que no quede huella) inutilizándolas para siempre, pero pide apoyo e inversiones a los empresarios desconcertados. Aprueba en el senado la muy moderada, impulsada por personaje de la oposición como Miguel Mancera y Beatriz Paredes, ley de muerte digna, pero de la mano con los radicales rompe los acuerdos y saca, sin cambios, la ley de austeridad que impide a alguien que tenga un cargo importante en el gobierno trabajar durante los siguientes diez años en la iniciativa privada (o sea que sigue como sea en el gobierno o roba lo suficiente como para vivir una década sin trabajar), pero más importante que eso: con la ley de austeridad resucita la partida secreta del presidente, los recursos que como dice la nueva norma, el presidente puede utilizar para “el destino que por decreto determine el titular”.
Se supone que ante la inoperancia de ciertas áreas de gobierno, el presidente hará cambios en su gabinete, precisamente para reequilibrar esa lucha entre moderados y radicales (en general los primeros son los que sí gobiernan, los segundos son los que suelen crear los problemas), pero, fuera de que existan algunos recambios operativos no estoy tan seguro de que esos cambios se den, por lo menos no con la magnitud que piensan algunos analistas.
El presidente ignora en buena medida a su gabinete: trabaja con un equipo mucho más pequeño (el de las conferencias mañaneras más unos pocos agregados) y utiliza formas transversales de operación. No confía en carteras ni en la institucionalidad de los cargos, sino en hombres y mujeres a los que les confiere responsabilidades que en muchas ocasiones nada tienen que ver con sus atribuciones legales: el caso de Marcelo Ebrard en las últimas semanas es obvio al respecto; lo ha sido desde antes del inicio del gobierno el de Julio Scherer; lo fue aunque está mucho más limitado su margen de operación, el de Alfonso Romo. En Hacienda es paradójico porque mientras el titular Carlos Urzúa ha dejado de ser, como lo fueron los titulares de finanzas en los últimos gobiernos, primus entre pares, su oficial mayor, Raquel Buenrostro, tiene un poder transversal y una autonomía que no ha tenido jamás alguien que ocupara esa posición. Los secretarios de Defensa y Marina han sido responsabilizados de una enorme cantidad de tareas que trascienden sus tareas específicas. El eje de la política social no pasa por ninguna secretaría sino por la oficina en Palacio Nacional de Gabriel Hernández.
Si hace cambios el presidente los hará para mejorar esa transversalidad, no para mejorar un gabinete en el que no suele apoyarse. Y paradójicamente, en ese ámbito, en ese gobierno cotidiano, suelen ganar los moderados.
