22-10-2019 No deja de ser sorprendente la forma en que se manosea y lastima el trabajo de las fuerzas armadas. Después de lo sucedido el jueves pasado en Culiacán, algunos, incluso en el ámbito oficial, quisieron buscar en las fuerzas armadas a los responsables. El lunes, el fiscal general Alejandro GertzManero, anunció que se investigará y castigará a los responsables del fallido operativo en Culiacán. Si hay algo que castigar está muy bien, tiene su lógica, pero mientras tanto, me imagino que es más importante perseguir y detener a los que organizaron el levantamiento, a los que se fugaron de la cárcel de Culiacán, a los que lo permitieron (hasta ahora sólo han cesado al director del penal) y por supuesto a los líderes del cártel.
Porque al final, los que terminan siempre perseguidos son los miembros de las fuerzas federales. El mismo día que ocurría el levantamiento en Culiacán, el sexto tribunal unitario del estado de México ordenó volver a detener a los siete elementos de la Sedena que participaron en el caso Tlatlaya en junio del 2014, acusados de haber ejecutado a 22 elementos de una organización criminal, que ya habían sido absueltos. Ahora los acusan de ejercicio indebido del servicio público.
Nunca hubo pruebas que justificaran las acusaciones. Hubo una recomendación de la CNDH cuando la presidía Raúl Plascencia que fue usada por éste para tratar de recibir apoyo para reelegirse en la Comisión. No lo tuvo ni dentro ni fuera del ámbito castrense y en su lugar quedó Luis Raúl González Pérez. Pero esa investigación del 2014 no estaba sustentada en pruebas, sino en dichos. Los sicarios que fueron abatidos eran parte de una banda de narcotraficantes y secuestradores que la noche anterior al enfrentamientohabían realizado una larga fiesta con alcohol, drogas y prostitutas, y fueron sorprendidos por la patrulla de ocho soldados, uno de los cuales terminó herido.
No hubo, hasta tres meses después de ocurridos los hechos, acusación alguna de irregularidades en ese operativo. Fue entonces cuando una de las mujeres que sobrevivieron esa noche y que en ese momento argumentaron que estaban secuestradas (en realidad eran prostitutas que desde tiempo atrás acompañaban a ese grupo que se dedicaba tanto al secuestro, como a la extorsión y al narcotráfico) hizo una declaración imputando a los soldados el haber ejecutado a sus compañeros. No podía saberlo porque, según su propia declaración, tenía los ojos vendados en ese momento y tampoco se encontraba en el espacio donde se dieron los enfrentamientos. El hecho es que esas mujeres eran parte del grupo criminal. Fueron procesadas porque se comprobó ese vínculo. Pidieron, por supuesto, ser dejadas en libertad. El ajusticiamiento de sus cómplices erala coartada.
En sus testimonios dicen que pudieron identificar, sólo de oídas, cuáles eran las armas que utilizaban los agresores y cuáles los soldados, así como el lugar exacto donde se producían los disparos. No es nada sencillo, porque el grupo agresor tenía en su poder 25 armas largas, incluyendo 16 fusiles AK 47, seis fusiles AR 15 y 25 armas cortas, granadas y 112 cargadores para armas de distintos calibres. Obviamente, la patrulla militar también contaba con armas largas.
Según los militares que intervinieron en los hechos, luego de la agresión y de un largo tiroteo, cuando se suspendió el fuego, tres elementos ingresaron a la bodega, allí vieron movimientos y personas que los amenazaban con armas, y dispararon contra sus agresores. Allí mismo liberaron a las tres mujeres que entonces dijeron que habían sido secuestradas por los criminales. Según una de estas mujeres, lo que sucedió fue que los integrantes de la patrulla militar mataron a los que se rindieron dentro de la bodega.
Puede ser, pero también la versión de los tres militares que entraron al lugar es verosímil. Lo que es inverosímil es que las mujeres sólo con el oído pudieran diferenciar quiénes hacían los disparos, qué armas eran, si los que disparaban eran los militares o los criminales y desde dónde.
Hay quienes dicen que los números no cuadran: que no puede quedar un soldado herido y que 22 atacantes caigan: se equivocan. Estamos hablando de soldados preparados,bien armados, entrenados para situaciones de combate, enfrentados por un grupo de sicarios alcoholizados y drogados, que los agredieron cuando los vieron llegar, pero que fueron militarmente superados.
Más allá de que algún soldado haya violado o no la ley en Tlatlaya, lo que nuestros militares merecen es un proceso penal basado en evidencias y peritajes y no en juicios mediáticos o de poder. Merecen respeto, tanto en Tlatlaya como en Culiacán.
