18-12-2019 La evaluación que se hizo ayer sobre la situación de seguridad del país sigue exhibiendo la falta de un discurso integrador de la misma, que determine una verdadera estrategia de seguridad global. Hay buenas intenciones, una decisión esa sí estratégica pero sólo institucional, como es la creación de la Guardia Nacional, y muchas acusaciones para el pasado, pero lo cierto es que la incidencia delictiva está al alza, el número de homicidios, secuestros y extorsiones crece dramáticamente y distintas zonas del país están bajo control de grupos criminales, como lo vimos en Culiacán y en el caso de la familia LeBaron.
El gobierno federal trata de explicar que eso sucede porque la violencia y la inseguridad se concentra en algunos estados que terminan contaminando toda la estadística nacional. Y es verdad: ayer mismo, en Guanajuato continuaba la racha de enfrentamientos con una emboscada a la Guardia Nacional que terminó con un saldo de por lo menos ocho muertos entre policías y sicarios.
Hay varios estados que lideran la estadística criminal. Pero eso es lo mismo que ocurrió en el gobierno de Fox, en el de Calderón y en el de Peña Nieto. Siempre ha habido zonas muy calientes y otras muy tranquilas, zonas de enfrentamientos brutales y otras de absoluta tranquilidad. Hay también continuidad en ciertas entidades: Tamaulipas, Michoacán y Guerrero son símbolos de una violencia que se remonta a muchos años atrás y que se refleja en la combinación, por ejemplo en Guerrero, de luchas entre grupos criminales (hasta once operan el estado), con organizaciones armadas guerrilleras y guardias blancas que controlan caciques. Las autodefensas que han surgido en esos estados son una combinación del temor ciudadano a ciertos grupos criminales pero también es una práctica de sus rivales para combatirlos.
Hay estados que tienen una sólida estructura de seguridad como Yucatán, con la calidad de un país industrializado, y hay otras que fluctúan de acuerdo a los momentos, las coyunturas y los enfrentamientos entre las organizaciones criminales. Hay estados como Guanajuato que pasaron en muy poco tiempo de tener una seguridad muy confiable, a ser una zona de enfrentamientos constantes y cada vez más violentos, marcados por la lucha entre dos cárteles. Su vecino, Querétaro, con una estructura de seguridad muy sólida, con fuertes policías locales, ha impedido el contagio, no sólo de Guanajuato, sino también de Michoacán, estado de México e Hidalgo.
Se dio a entender en la conferencia de ayer que existe una relación directa entre que los gobernadores participen en las reuniones de seguridad similares a las que realiza el gobierno federal con la incidencia delictiva. La verdad es que los propios datos proporcionados no lo demuestran. Los gobernadores de Querétaro, Nuevo León o Coahuila no suelen participar de ese mecanismo, no está en el centro de su operación de seguridad y tienen muy buenos números; otros gobernadores lo hacen constantemente y sus estados están en una situación lamentable. Algunos han logrado altos grados de coordinación interinstitucional, pero los hay que participando no logran ponerse de acuerdo o entran en conflicto, entre otras razones por la presencia de los superdelegados, que no tendrían que tener un lugar en ese espacio institucional y se confrontan con los gobernadores.
La diferencia está en otra cosa y esa es la mayor deficiencia del modelo actual. No hay un modelo policial integrado, homologado para todo el país. No hay tampoco recursos para ello. La Guardia Nacional no alcanza para los fines propuestos. Haber desaparecido en forma tan abrupta la Policía Federal ha restado elementos no los ha sumado al esfuerzo nacional. Cada gobernador atiende el tema de seguridad como Dios le dio a entender: con su firmeza, sus debilidades, sus recursos, su realidad.
Desde hace tres sexenios se habla de homologar el sistema policial partiendo de lo local, y no se ha logrado avanzar en nada: seguimos teniendo más de tres mil corporaciones que no están entrenadas de la misma forma, que no tienen los mismos equipos, ni salarios, ni los mismos manuales, con mandos en algunos pocos casos muy profesionales y en otros muy improvisados o simplemente corruptos.
La Guardia Nacional, insistimos, no alcanza para suplir el papel que tienen que jugar las policías locales. En lugar de reclamos y condenas, aprovechando incluso la amplia mayoría con que se cuenta en el congreso, el gobierno federal tendría que operar legalmente para construir ese modelo. Esa sería su mayor aporte histórico al tema de la seguridad y un instrumento real, concreto, para avanzar en la pacificación del país atendiendo la inseguridad cotidiana, que es la que más afecta a los ciudadanos.
