1-07-2020 Hoy se cumplen dos años de la elección que hizo presidente a Andrés Manuel López Obrador con una votación histórica a su favor, de cerca del 53 por ciento. Esa mayoría absoluta ha llevado, lamentablemente, a confundir el apoyo, derivado del respaldo a su proyecto, pero también del rechazo a sus oponentes y a la gestión del gobierno saliente, con una suerte de unanimidad que está lejos de representar, sobre todo cuando observamos que en los mismos comicios, pero en la votación para diputados y senadores, el bloque de Morena obtuvo diez por ciento menos de votos que el presidente.
Esa mayoría absoluta ha derivado en un gobierno demasiado centralizado y que quiere absorber las funciones de muchos otros espacios institucionales y poderes, pero que también ha dejado atrás sus propuestas de campaña a la hora de gobernar, sobre todo en el terreno económico.
Hace dos años cuando ganó las elecciones, el sector empresarial estaba confiado en que la administración López Obrador cumpliría con los compromisos que, sobre todo Alfonso Romo, había tejido con muchos sectores: no habría cambios fiscales ni legales significativos en los tres primeros años de gobierno, no se cancelaría el aeropuerto de Texcoco (se hizo una consulta con tres colegios de arquitectos e ingenieros y en todos los casos se recomendó continuar con las construcción), se mantendría la reforma energética y los contratos y acuerdos de ella derivada. El propio Romo en una entrevista que mantuvimos me dijo que las empresas internacionales con las que había platicado habían dicho que se trataba de los mejores y más transparentes contratos energéticos que se habían hecho en el país. La idea era un gobierno con una fuerte política social, comprometido en la lucha contra la corrupción, pero partidario de la inversión privada y respetuoso de la seguridad jurídica de las empresas y de sus acuerdos e inversiones.
Me imagino que la mayoría absoluta, que no estaba contemplada en ninguno de los escenarios previos a la elección (en el equipo de Andrés Manuel sabían que ganarían las elecciones, pero el objetivo era llegar al 42 por ciento), le hizo pensar al Presidente que era hora de cambiar las reglas del juego e ir hacia los objetivos máximos. Y en el camino han hecho todo lo que, en el terreno económico, habían dicho que no harían: se canceló de una forma burda Texcoco, y esa señal fue irreversible: desde ese octubre, la economía y la inversión han caído mes con mes, hasta los niveles escandalosos de abril, ya en el escenario de la pandemia.
Pero no fue sólo el aeropuerto, fue también la cancelación de los contratos petroleros; los cambios en las reglas de juego del sector; el regreso a un monopolio energético basado en Pemex y la CFE, o sea no sólo una revisión de la reforma energética sino un regreso en el sector (incluyendo los combustibles que se utilizan) a la década de los 80 del siglo pasado; la construcción contra todas las opiniones de la refinería de Dos Bocas; la anulación por decreto de las inversiones en energías limpias y renovables (que ha rechazado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que se quiere imponer de todas formas). La cancelación de la planta cervecera de Mexicali, donde ya se habían invertido casi mil millones de dólares, la cancelación de una inversión de Iberdrola en una planta en Tuxpan por mil 200 millones de dólares, el desprecio a las calificadoras.
Se siguió adelante con el TMEC que había sido firmado en el último día de mandato de Peña Nieto, aunque haciendo concesiones posteriores en distintos sectores como el laboral y el ambiental. Y hoy queda cancelado el viejo TLC y entra en vigor el nuevo TMEC. Pero no hay optimismo. El embajador estadounidense Christopher Landau fue claro al declarar en días pasados que debía ser sincero, que no eran buenos días para invertir en México, que no podía recomendarlo. Ayer el Fondo Monetario Internacional opinó en el mismo sentido que Landau: hay malos augurios para el nuevo tratado porque México limita las inversiones, cambió las reglas del juego, sobre todo en energía, existen problemas laborales no resueltos y una creciente inseguridad. EL FMI ha dicho claramente que la entrada en vigor del nuevo TMEC “no compensa la pérdida de confianza e incertidumbre” que rige la política económica.
¿No sería sensato cambiar, rectificar, volver a los proyectos e intenciones de aquel primero de julio de 2018, apostar por la política social pero también por una economía pujante, basada en las inversiones privadas y el trabajo empresarial?¿una caída del PIB de casi 10 por ciento no es suficiente argumento?¿cuándo se votó por el regreso a los monopolios estatales, cuando por restringir inversiones?. Hoy, aquel primero de julio parece un escenario de esperanza muy lejano de la realidad actual.
