22-07-2020 La confusión y el secretismo persisten en el caso de Emilio Lozoya. Lo evidente es que mientras el ex director de Pemex permanece internado, la Fiscalía General de la República está interrogándolo, revisando la información con la que cuenta y construyendo el caso que presentarán en tribunales, partiendo de la base de que Lozoya se ha acogido al status de testigo colaborador.
Hemos dicho que este interrogatorio anterior a la presentación de Lozoya ante un juez podría afectar el debido proceso, ya que su declaración debe ser pública. De fuentes oficiales de muy alto nivel me aseguran que no es así, que las declaraciones se vuelven públicas hasta que pasan a ser tuteladas por un juez. En otras palabras, que hasta que no se presente a Lozoya, sus declaraciones no tienen porqué hacerse públicas. Una especialista en el tema, que no es parte del gobierno, me asegura que el problema es otro. Como Lozoya tiene orden de aprehensión, debió ser internado de forma inmediata en un penal, presentado ante un juez para que rindiera su declaración y por la vía de la Ley de ejecución penal, solicitar que fuera atendido, si el juez lo concede, en un hospital particular.
Mi opinión es que más allá de estos puntos de vista encontrados, el convertir a Lozoya en el testigo colaborador que se desea será más complejo de lo que se cree. Es complejo, porque según la información existente, los recursos que recibió Lozoya de Odebrecht, diez millones de dólares según el que fuera director de la empresa en México, Luis Meneses, fueron directamente, en dos pagos, a Lozoya, no para financiar una campaña electoral, sino como pago por los apoyos y servicios prestados a la empresa por el propio Lozoya. Parte de esos recursos terminaron en cuentras de la madre, la esposa y la hermana, y por eso están ellas también indiciadas.
Si ese dinero fue para Lozoya y no para financiar la campaña electoral de Peña Nieto, el responsable del delito sería, en forma individual, el ex director de Pemex. Algo similar sucedería con la planta de Agronitrogenados u otros negocios de Pemex.
El otro tema es el de la reforma energética, en la que ha puesto el acento el propio Presidente. Allí el interés es evidentemente político: lo que se quiere demostrar es que se compró el voto de distintos legisladores para sacar la reforma energética, como una forma de descalificarla.
No dudo que en esa o en otras votaciones haya habido dinero para “apoyar” el voto de distintos legisladores. Una vez más el tema es cómo se trasciende de la declaración a las pruebas, asumiendo incluso que, si existieran videos, habrá que ver si estos pueden ser admitidos a juicio. Existen otros instrumentos, sobre todo financieros, para indagarlo, pero, insistimos, no es sencillo comprobarlo.
Ahora bien, en este tema el interés central es político. Con esas denuncias se puede golpear a muchos actores claves de la oposición, aunque también le tocará recibir el golpe, a algún funcionario, a algún gobernador del oficialismo. Pero exhibir la trama devendrá en réditos políticos muy altos en el corto plazo, aunque luego se asuma que judicializar los casos será largo y complejo. Servirá sin duda para fortalecer el discurso presidencial contra la corrupción.
La única paradoja de todo esto es que durante mucho tiempo se habló y se demostró que Lozoya era el corrupto al que había que perseguir: dejarlo en libertad, convertirlo en testigo protegido, no castigarlo, tendrá también un costo político. Un ejemplo lo exhibe el creador de la trama, Marcelo Odebrecht, que en 2017 abandonó la cárcel tras cumplir solo dos años y medio de una condena que ascendía a 19 años. El acuerdo que el constructor alcanzó con la justicia de Brasil para obtener beneficios a cambio de su confesión le permitió, desde entocnes continuar cumpliendo la pena en arresto domiciliario.
En Brasil se aplicó el mismo esquema que se quiere aplicar ahora en México. Los acuerdos llamados de "delación premiada" han sido altamente controvertidos. Los jueces y fiscales de la llamada Operación Java Lato, la trama de corrupción descubierta a partir de los sobornos de Odebrecht, dicen que era el único medio de llevar sus investigaciones hasta el final. Pero ese mecanismo, como ocurrió en Brasil, se presta a la politización de la justicia y sirve para ejercer venganzas políticas o impedir la participación de adversarios en contiendas electorales.
Sergio Moro, el fiscal que encabezó esa enorme operación y que impidió que Lula fuera candidato presidencial, terminó siendo ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, hasta que él mismo fue acusado de actos de corrupción y tuvo que renunciar. Odebrecht y otros 70 funcionarios de la empresa cumplen sanciones domiciliarias y el sistema político de Brasil quedó destruido lo que permitió la llegada al poder de un populista de extrema derecha. No repitamos la historia.
