06-08-2020 Cuando se implementó el Plan Colombia, impulsado durante la administración de Clinton en Estados Unidos y de Alvaro Uribe en Colombia, tuve la oportunidad de hacer un largo recorrido por esa nación sudamericana para ver cómo se implementaba un proyecto destinado a romper con las estructuras del narcotráfico (y de los grupos de la guerrilla asociadas al mismo) que combinaba estrategias policiales y militares, inteligencia, alta tecnología, cambios profundos en el sistema de justicia e incluso una intervención abierta de “asesores” estadounidenses y de otros países.
Pero también muy intensas tareas de erradicación, casi en su totalidad aérea, por dos razones fundamentales: era casi imposible mandar tropas a las zonas donde estaban los cultivos de hoja de coca para hacer erradicación manual y hacerlo desde el aire era infinitamente más eficiente. Para ello se utilizaba un plaguicida llamado glifosato.
Una lucha ni siquiera demasiado soterrada dentro del gabinete presidencial en México colocó aquí el glifosato en la mira: el intransitable secretario de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo, el mismo que asegura que la energía eólica le roba el viento a las comunidades indígenas, se ha opuesto en redes a la utilización de glifosato como plaguicida autorizado, mientras que éste ha sido avalado por la secretaría de Agricultura que encabeza Víctor Villalobos.
Parecería un tema menor, pero no lo es, porque el glifosato también es usado y defendido por las fuerzas armadas para las tareas de erradicación área de drogas. Y la intensificación de esas tareas sería uno de los acuerdos que, en términos de seguridad, se establecieron en la Casa Blanca en la reciente visita del presidente López Obrador.
Ayer decíamos que parecía que se estaba dando un giro de 180 grados en el ámbito de la seguridad con la detención de capos de distintas organizaciones criminales. La autorización para el uso de glifosato, que permitiría su utilización mucho más amplia que hoy para la erradicación de plantíos de drogas por vía aérea, parecería ser una confirmación más de ese giro. Erradicar por vía manual, tanto marihuana como amapola, ha sido la opción preferencial durante años en México, pero ya desde el sexenio pasado la utilización de la vía aérea con el glifosato de telón de fondo, se fue intensificando.
En las actuales circunstancias, cuando el desafío a la seguridad interior y pública está más presente que nunca, me imagino que la opción de destinar miles de soldados a la erradicación manual ha dejado de ser preferencial. Con un agravante, ya en el pasado autoridades estadounidenses habían presionado por una erradicación más amplia y activa realizada por vía aérea.
Se basaban en la experiencia. Como consecuencia de los acuerdos con las FARC, Colombia terminó nadando en coca. Lo que sucedió fue que el gobierno de Santos suspendió los programas de erradicación aérea de plantíos, primero en las zonas de operación de las FARC y luego en todo el país, argumentando que podía ser cancerígeno. Sin embargo, ese mismo producto se utiliza, en un porcentaje diez a uno mayor que el que se usa en la erradicación aérea, como herbicida en los sembradíos de arroz y maíz, entre otros productos agrícolas, y allí es permitido, porque no existe constancia de que sea cancerígeno. La pregunta era por qué entonces se prohibía para fumigar plantíos de coca y se permitía para alimentos de uso masivo.
La razón es que existían acuerdos en ese sentido con las FARC establecido en las negociaciones que se realizaron en La Habana, con el argumento de que la fumigación de los plantíos de coca acababa también con otros cultivos. Lo cual en parte era verdad, pero sólo porque los aviones fumigadores tenían que volar a mayor altura porque tanto los miembros de las FARC como los narcos les disparan desde tierra. Para avanzar en el acuerdo de paz, el gobierno de Santos aceptó las condiciones de las FARC, algunos de cuyos grupos utilizaron ese vacío para intensificar la producción de coca en sus territorios.
La consecuencia fue que sin erradicación manual y sin fumigación de plantíos, no había forma de evitar que el país nadara en coca, como lo reconoció en su momento el propio procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez.
Ese es el dilema que estamos viviendo en México. Lo cierto es que en nuestro país estamos nadando en marihuana y amapola, y la producción de opiodes crece aunque la heroína esté perdiendo la batalla contra el fentanilo y cada vez se necesitan mayores elementos militares para tareas de seguridad que hoy están en la durísima tarea de erradicación manual, con campañas largas, desgastantes, bajo el acoso de la naturaleza pero también de criminales y a veces de comunidades que trabajan con ellos, y con resultados ineficientes: una vez que se erradica un plantío en cuanto los soldados se trasladan a otro, ese plantío vuelve a sembrarse en un círculo vicioso inevitable. Me temo que la erradiación aérea llegó para quedarse.
