5-08-2020 ¿Ha cambiado la estrategia gubernamental en el ámbito de la seguridad?. Si nos atenemos a las declaraciones no, pero por lo menos en cuanto al accionar de las fuerzas federales eso resulta bastante evidente. La realidad siempre se impone, y más aún cuando las estadísticas de la violencia siguen mostrando números al alza y el mes de julio se convirtió en el segundo con mayor número de asesinatos de la historia, con dos mil 591, casi 82 diarios, unos cuatro por hora. Los hechos de los últimos días hacen sospechar que la estrategia federal ha dado un giro de 180 grados, olvidando aquello de que detener capos no era lo importante.
Apenas ayer, en distintos operativos, fueron detenidas una de las principales operadoras del cártel del Noreste, una mujer apodada La Teniente; en la ciudad de México fue detenida otra importante integrante de la Unión Tepito; en Ensenada, Baja California, detuvieron al jefe de plaza del cártel de Sinaloa, un personaje apodado El Fish y en Zapopan a uno de los jefes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
En la entrevista que nos concedió el general Luis Crescencio Sandoval, que publicamos en este espacio el 6 de julio pasado le preguntábamos sobre las instrucciones que había tenido cuando asumió su responsabilidad de parte del presidente López Obrador. “Las Fuerzas Armadas, dijo el General Sandoval, seguimos realizando operaciones y cumpliendo tareas en beneficio de la seguridad pero existen aspectos que nos ha encargado mucho el Presidente. Primero, el respeto irrestricto a los derechos humanos y segundo la correcta aplicación de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, siendo muy enfático en ello”.
También insistió en que esas instrucciones no buscaron debilitar su accionar. “Al insistir en el respeto a los derechos humanos, se generó entre las tropas una confusión que los hizo titubear al actuar en ciertos casos, teniendo como consecuencia agresiones por parte de algunas personas detractoras de la ley. Pero esa no fue una instrucción del señor Presidente, jamás indicó que nos dejáramos golpear; al contrario, expresó su preocupación por esos hechos, manifestando que no podíamos seguir permitiendo que golpearan a nuestros soldados; al respecto, le comenté que se había generado una confusión en la actuación del personal y el respeto a los derechos humanos, por lo que nos dimos a la tarea de aclarar algunas cosas en cuanto a qué era el respeto a los derechos humanos y qué era la aplicación de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza”.
Lo cierto es que a la captura de El Marro se han sucedido las cuatro de ayer, encuadradas todas en esas recomendaciones de respetar derechos humanos y reducir, en la medida de lo posible, la violencia en los operativos de detenciones de capos. Los cuatro operativos de ayer, en Ciudad de México, Nuevo Laredo, Zapopan y Ensenada, que golpearon a cuatro organizaciones criminales diferentes, fueron quirúrgicos, se pudieron realizar con una mínima utilización de la fuerza. Al similar ocurrió con la detención de El Marro.
No se puede establecer una estrategia de seguridad que no contemple la detención de jefes y operadores del narcotráfico. Por supuesto que eso no es suficiente, pero resulta primordial porque desarticula su operación. Por supuesto que se necesita mucho más: desde inteligencia financiera hasta cortar redes de distrubución y comercialización, además del compromiso social que debe ser parte de cualquier política en este ámbito. Pero la tibieza gubernamental, el propio discurso presidencial en ocasiones, decisiones tan controvertidas como las de la liberación de Ovidio Guzmán en pleno culiacanazo, llevaron a las confusiones que reseñaba el general secretario Sandoval, respecto al propio accionar de los militares.
Algo ha cambiado porque la forma de operar parece ser diferente. El propio tono del discurso presidencial, por ejemplo, en torno a la detención de El Marro, cambió. Ojalá sea así y se trate de un cambio real, porque seguir por la ruta que se había establecido implicaba un retroceso continuo ante las bandas delincuenciales.
Girando en el vacío
La decisión de las fiscalía estadounidense de unir en el proceso de Genaro García Luna a dos de sus principales colaboradores, Luis Cárdenas Polomino y Ramón Pequeño García, es parte de una indagatoria que, hasta ahora, no parece tener demasiado sustento más allá de las declaraciones de narcotraficantes (el Grande, la Barbie, el rey Zambada) que, casualmente, fueron detenidos por los mismos funcionarios a los que ahora acusan de haber sido sus cómplices. La fiscalía habla de pagos millonarios en dólares que no aparecen por ningún lado, ni en México ni en Estados Unidos. Resulta incomprensible que se les acuse de delitos cometidos en 2001-2002 cuando las propias fuerzas de seguridad estadounidenses trabajaron con esos funcionarios hasta 2012 y aún años después, compartiendo información clasificada durante casi dos décadas. Algo muy extraño sucede en este proceso rodeado de secrecía y de acusaciones filtradas que nunca se respaldan con pruebas.
