26-08-2020 Es preocupante la ligereza con que el presidente López Obrador trata las leyes, la impartición de justicia, la división de poderes. Los casos Lozoya, el del video de su hermano Pío, casos como la investigación sobre la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa (donde todos los presuntos responsables están a punto de quedar libres y los procesados ahora son los funcionarios que los detuvieron), o la consulta que se pretende hacer sobre enjuiciar o no a los ex presidentes de la república, demuestran que el interés supremo es el político, mucho más allá de la justicia.
En el caso Lozoya la intervención presidencial ha violado el debido proceso una y otra vez. Su insistencia en la difusión de la denuncia de Lozoya y del video aunque es información que debe ser preservada por la Fiscalía, llevó a que todo se filtrara y para colmo generando mayor desconfianza por los términos en que se hace, por lo que dice y cómo lo dice Lozoya en su denuncia, que incluye tres ex presidentes, ex secretarios de Hacienda, gobernadores, ex legisladores, muchos de los cuales no tuvieron o tuvieron una escasa relación con el ex director de Pemex.
Para cualquiera que sepa cómo funciona el gobierno muchas de las cosas que cuenta Lozoya son inverosímiles, no porque no existiera corrupción sino porque sencillamente no tienen sentido. El video divulgado, muestra a dos ex funcionarios del senado recibiendo dinero de alguien que no se identifica y que tiene modificada la voz, en un lugar que no se establece y tampoco se explica ni el origen ni el destino del dinero. Sólo vemos a un grupo de personas y mucho dinero. Tampoco se sabe la fecha de la grabación. Construir a partir de allí la historia de que el dinero fue para que se apoyara una reforma energética que la mayoría de los presuntamente sobornados ya apoyaban desde el sexenio anterior, requiere bastante imaginación.
Insisto: no digo que no haya habido corrupción, pero demostrar que haya sido para ese objetivo (que es el que políticamente se persigue) no parece viable. Por lo pronto, la denuncia de Lozoya se queda corta, salvo para el fin propuesto, que es que, con base en ella, terminen declarando ante el ministerio público los 16 presuntos involucrados. Lo cierto es que hasta ahora el único delincuente confeso en toda esta trama se llama Emilio Lozoya.
Paradójicamente, el video de Pío López Obrador recibiendo el dinero de David León cumple con todos los requisitos: sabemos quién entregó y quién recibe, sabemos en voz de los actores para qué es y cuándo ocurre la entrega, sabemos incluso como se anotan las entregas en la Biblia de Pío (la libreta en la que registraba las entregas) e incluso que su hermano, dice Pío, estaba plenamente enterado de todo el procedimiento. El acto es a todas luces ilegal, sean aportaciones individuales o sean recursos públicos. El propio mandatario reconoce esa ilegalidad y la presume cuando dice que así se financió su movimiento, olvidando que en la fecha en que se filmaron esos videos, Morena (y antes el PRD) recibía ya desde tiempo atrás cuantiosos recursos públicos y que esas aportaciones sin registro estaban prohibidas. Comparar ese financiamiento ilegal con la gesta de la Independencia y la revolución maderista, no sólo exhibe una cierta megalomanía sino un distanciamiento de la realidad.
Es verdad que los montos no son comparables, pero la ilegalidad de los actos cometidos por Lozoya y por Pío es irrefutable.
La respuesta que ha dado el Presidente a estos hechos, siempre en su lógica de redoblar la apuesta, es poner sobre la mesa la consulta para llevar a juicio a los ex presidentes. La intención de realizar una consulta para ver si se enjuicia o no a los ex presidentes de la república tiene una trampa. Busca que esa consulta esté en la boleta electoral del 2021, una vez que la consulta sobre la revocación de mandato no logró imponerse y se trasladó hasta el 2022. Y López Obrador sabe que sin su presencia y sin un gancho que le permita colgarse a la campaña, las cosas pueden no salir bien para Morena, sumida en el caos de su disputa interna y en luchas tribales que envidiaría el PRD de las mejores épocas.
Lo cierto es que esa consulta, como está planteada, sería ilegal y tendría que ser rechazada, si supera todas las otras instancias legales, por la Suprema Corte de Justicia porque viola la Constitución. Aunque en el inicio del periodo ordinario de sesiones en el congreso se apruebe una nueva ley que limite el fuero presidencial, no puede haber leyes retroactivas y no se puede poner a consulta si se ejerce o no la ley contra alguna persona.
Pero lo importante, una vez más, no es la legalidad sino la política. Y en lo que se está pensando es en los próximos comicios.
INSABI
Que los siete estados que rechazaron inscribirse al INSABI tengan cifras de mortalidad por Covid muy inferiores que los que si se inscribieron y siguieron las normas del Instituto o sea de López Gatell, ¿no les dice nada a los genios de la secretaría de salud?.
