5-10-2020 Mi rutina de los domingos suele comenzar por buscar el cartón del extraordinario Paco Calderón y disfrutar de su trazo, su talento y su ingenio, luego leo todo lo demás. Este domingo encontré, como siempre, el cartón de Paco y en él se reflejaba la posición de buena parte de los amigos y colegas que han seguido el debate de la Suprema Corte sobre la consulta popular. Paco Calderón sintetiza esos razonamientos en tres puntos, primero que la intimidación del Presidente al poder judicial surtió efecto; segundo, que los ministros que ha propuesto el Presidente entraron no como jueces sino como monaguillos del poder, y tercero que el último faro que teníamos para garantizar la vigencia de la Constitución literalmente “chupó faros” y que la Constitución queda a capricho del Presidente.
Entiendo el sentido, pero esta vez no coincido con Paco y con los muchos amigos que comparten su punto de vista. Creo que no están viendo el panorama completo, la foto completa de todo lo que está en juego en este momento de la vida política del país. Me parece que, como otros, terminan deslumbrados por el maximalismo tipo Frena, que es una suerte de contracara del propio López Obrador, sin comprender el grado de manipulación que el mismo poder puede ejercer explotando la visceralidad de ese movimiento.
Claro que López Obrador intimidó al poder judicial con sus declaraciones constantes sobre el tema. Y claro que no se necesita una consulta para ejercer la justicia. Por eso salió adelante una consulta que se suele olvidar que no es la que quería López Obrador, no pregunta sobre el juicio a los ex presidentes y más importante que ello es que esa consulta, como se encargó en señalarlo el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, no es vinculante, en otras palabras, terminará siendo un ejercicio estéril. No haber permitido ninguna consulta hubiera terminado siendo legalmente cuestionable y muy costoso políticamente para todos, hubiera abonado aún más a la polarización y aumentado las presiones sobre la propia Suprema Corte de Justicia.
Y ahí vamos sobre los otros dos puntos. Primero, el papel de los ministros, destacando el que jugaron los que designó López Obrador. La verdad es que no he visto a ninguno de los cuatro nuevos ministros y ministras actuando en forma lacayuna con el ejecutivo federal en ningún tema, tampoco tienen entre sí un pensamiento y una visión homogénea de las cosas, ni respecto al gobierno federal ni sobre los temas a tratar en la Corte. Se ha mostrado en ésta y en otras votaciones.
Las generalizaciones en este sentido son absurdas, y los propios hechos lo demuestran. Si la moción de constitucionalidad obtuvo seis votos fue porque por ella votaron Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que no fueron designados por López Obrador. Por la reconfiguración de la pregunta, que en realidad cambia el sentido a toda la consulta, votaron ocho ministros.
No veo desde qué punto de vista se puede argumentar que perdimos ya a la Corte y que ya no se puede contar con ella como contrapeso entre los poderes. Al contrario, pareciera que esa es la intención, consciente o no, de quienes quieren quemar en leña verde a los ministros, generando exactamente el fenómeno que se supone quieren evitar: cercar a la SCJN hasta que termine asfixiada tanto por el poder como por los opositores.
Cuando comenzaba su gestión tuvimos una larga entrevista con el ministro Zaldívar y creo que lo que me dijo entonces sigue siendo válido y debe entenderse como la forma en que se está manejando la Corte ante la difícil coyuntura en la que se encuentra. “Se ha pretendido, me decía Zaldívar en febrero de 2019, que la Corte y el Presidente de la Corte jueguen el papel que deben jugar las oposiciones políticas. A la Suprema Corte no le toca ser la oposición al gobierno, ni a los jueces nos toca ser la oposición al gobierno, nos toca ser un poder equilibrador, que cuando alguna autoridad se exceda de sus funciones, lo corrijamos a través de nuestras sentencias, pero también nos toca generar gobernabilidad. Y un Poder Judicial que estuviera de manera consistente oponiéndose a decisiones de un gobierno, generaría inseguridad jurídica, generaría falta de gobernabilidad y afectaría el Estado de derecho. Eso no nos toca, la independencia judicial no implica ser opositor a un gobierno…Tenemos que ser autónomos, pero ser autónomos no quiere decir que entremos a la “arena política” a responder declaraciones del Presidente o jugar un papel que le toca a las oposiciones políticas, porque además, ahí perderíamos nuestra neutralidad política. La Corte tiene que ser neutral, tiene que ser el poder equilibrador, el gran árbitro de los conflictos constitucionales y el defensor de los derechos humanos de todas las personas”.
Me parece que ese es el papel que intenta jugar la Corte y no creo que sea un camino ni desacertado ni subordinado al poder presidencial.
