3-12-2020 El presidente López Obrador se mostró el martes optimista con la cifras y previsiones de la seguridad pública. No ha habido una disminución del 30 por ciento en los principales delitos, como se dijo, pero incluso así reconoció que donde no ha habido reducción, en realidad al contrario, es en tres delitos centrales: el homicidio, la extorsión y el feminicidio, los que junto con el secuestro, el robo y el feminicidio, entendido como parte sustancial de la violencia contra las niñas y mujeres y la violencia intrafamiliar, son los delitos que más castigan a la ciudadanía.
Los homicidios no se han detenido ni siquiera durante la pandemia. En dos años estamos cerca de los 60 mil asesinatos, una cifra bastante superior a los dos primeros años de Calderón y Peña Nieto. Ese dato, por sí mismo, tendría que hacer dudar sobre el optimismo presidencial respecto a la seguridad. Llama la atención de que el tema no esté en sus principales preocupaciones. Esta misma semana dijo que su principal preocupación era la pandemia, luego la crisis económica y en tercer lugar las críticas de los medios y de los conservadores. Me imagino que la inseguridad o la falta de medicinas podrían estar, entre muchos otros temas, entre sus preocupaciones principales, pero asegura que no es así.
Con el feminicidio ocurre algo similar. El Presidente lo sigue interpretando como una parte de la cadena de homicidios, sin terminar de comprender que es un fenómeno distinto, diferente, que tiene otras raíces y debe ser atendido en forma particular, como programas y políticas específicas. Lo cierto es que el número de mujeres asesinadas ha aumentado en forma dramática y no tiene viso alguno de disminuir. Que un alto porcentaje de mujeres y niñas sean asesinadas en su propio hogar, en incidentes que nada tienen que ver con la delincuencia, tendría que alcanzar para demostrarlo.
La combinación del asesinato y la extorsión lo vemos en innumerables casos, dentro y fuera de la ciudad de México. Si bien el del empresario restaurantero Baptiste Jacques Daniel Lorman, no fue una derivación de la extorsión, la forma en que se produjo su muerte resucitó el miedo por un fenómeno que se ha extendido a muchos sectores productivos.
Pero hay otros fenómenos que tampoco se terminan de analizar al detalle. Un ejemplo. Causó conmoción el asesinato del empresario José Felipe Tomé, ocurrido en días pasado en Vallarta, un crimen que hasta ahora no ha tenido por parte de las autoridades de Jalisco y Nayarit explicación alguna. Pero en los últimos siete años, cinco grandes desarrolladores inmobiliarios en esa región del país, han sido asesinados o extorsionados y despojados de sus propiedades, incluso encarcelados y torturados, en casos atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación.
El primer desarrollador asesinado fue Jesús Gallegos muerto el 9 de marzo de 2013, poco después de que fuera designado secretario de turismo de Jalisco. Acababa de dejar la dirección del grupo Vidanta, el de los Mayan Palace, donde era uno de los principales operadores de Daniel Chávez (hoy uno de los integrantes del grupo empresarial asesor del presidente López Obrador). Se aseguró que Gallegos, cuya muerte nunca fue aclarada, fue extorsionado por el CJNG y ese grupo luego filtró que lo habían asesinado porque apoyaría desde su cargo a grupos contrarios al CJNG, algo que nunca se comprobó.
Más tarde, Héctor Cárdenas Curiel, un desarrollador de fraccionamientos de superlujo en Zapopan y Veneros, junto a Punta Mita, fue encarcelado, torturado y extorsionado en 2013 y 2014 por Edgar Veytia, el ex fiscal de Nayarit asociado al CJNG. Se lo acusó de haberse apropiado de un terreno y fue demandado por una empresa canadiense que en más de una ocasión ha aparecido ligada a Veytia. Lo cierto es que el despojado de todos sus bienes fue el empresario. Llama la atención que lo mismo se ha dicho extraoficialmente (el despojo de un terreno) para justificar el asesinato de Tomé.
Entre 2009 y 2020 hay otro caso muy similar, que hemos tratado en muchas ocasiones aquí, el del empresario inmobiliario Eduardo Valencia, que fue encarcelado, torturado, que en dos ocasiones intentaron matarlo dentro de la cárcel sicarios del CJNG, y finalmente fue despojado, también por órdenes de Veytia, de todas sus propiedades.
En 2018 fue asesinado Carlos Santoscoy, un desarrollador de torres de súper lujo en Guadalajara, ejecutado por comando armado presumiblemente del CJNG y apenas hace dos semanas fue muerto Felipe José Tome, desarrollador de decenas de complejos inmobiliarios de lujo en el país.
En siete años, entre Guadalajara y Vallarta han sido asesinados o extorsionados, detenidos y despojados, por lo menos cinco grandes desarrolladores. En la mayoría de los casos hubo complicidad de autoridades locales y en otros los empresarios simplemente se allanaron a las extorsiones y despojos en silencio, para no sufrir represalias. ¿Cree usted que sean simple casualidad?. Esa es la inseguridad que se vive, se sufre, se teme y que no entra en las estadísticas.
