22-01-2021 La difusión esta semana, como si se tratara de un hecho comprobado, de la declaración de un testigo protegido apodado Juan, que sería uno de los jefes de Guerreros Unidos, en en relación con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, es una de esas faltas a la verdad que tanto se criticaba en el discurso de toma de posesión de Biden.
El testimonio de Juan, en realidad el mismo testimonio que se divulgó en Proceso en julio pasado, no está corroborado por dato duro alguno. Lo de la incineración de restos en un crematorio de Iguala no se sustenta de forma alguna (ya fue investigado en su momento y descartado). No tiene sentido decir que durante dos días estaba activo en forma continua un crematorio en plena ciudad, cuando todo mundo estaba buscando a los jóvenes, más allá de que hace tiempo se comprobó que no hubo tales cremaciones en ese lugar. Vamos ni siquiera el estudio forense de los restos encontrados, que dice Juan se cremaron en Iguala y luego se llevaron a Cocula, se condice con la condición en que los deja una incineración controlada como la de un crematorio.
Es verdad que no todos los jóvenes de Ayotzinapa fueron incinerados en Cocula, pero por lo menos 19 de ellos sí, como mostramos en el libro La noche de Iguala y como lo confirma la investigación de la CNDH (la anterior, la actual de Rosario Piedra ya no existe como tal).
Lo que no se entiende es porqué, como se ha reclamado en muchas ocasiones, se resiste la fiscalía especial, que es la que filtra este testimonio, a enviar al Instituto de Innsbruck los114 restos encontrados en Cocula, para saber si son o no de los jóvenes de Iguala, si fueron incinerados en un crematorio o no.
Tampoco, tiene sustento, el dicho de que esa noche desaparecieron otras de 70 u 80 personas: ¿quiénes son, por qué no hubo denuncias, de dónde salieron?. Si hubo, está comprobado y se lo suele ignorar en las versiones manejadas por la fiscalía especial, infiltración del narcotráfico entre los estudiantes y una ataque de los Rojos contra un taller mecánico de Guerreros Unidos, que dejó tres muertos. Pero nunca nadie ha hablado de otros 70 u 80 desaparecidos esa misma noche.
Nada sustenta tampoco la participación militar más allá del testimonio de Juan, que se contradice con la numerosos otros sicarios de Guerreros Unidos, incluyendo el de quienes aceptaron ser autores materiales, que participaron en el secuestro y asesinato de los jóvenes, en la quema de sus cuerpos y la dispersión de sus restos. Mientras se le da al testimonio de Juan plena veracidad, los de los demás sicarios son desechados e incluso esos sujetos ya están hoy en libertad.
Ahora se agrega en el testimonio de Juan el de los sobornos a mandos civiles y militares. El testigo de los Guerreros Unidos asegura, también sin pruebas, que Omar García Harfuch, que era entonces el coordinador de fuerzas regionales de la PF en Guerrero, y que operaba en otras zonas del estado, sobre todo en Acapulco, bastante lejos de Iguala y con temas más relacionados a la guerrilla que al narcotráfico, recibía 200 mil dólares cada mes de ese grupo criminal. El fiscal estatal Iñaki Blanco que fue el que detuvo a los sicarios de Guerreros Unidos y los había denunciado con anterioridad, recibía, según esto, 50 mil dólares mensuales. Los mandos militares, hasta 5 millones mensuales cada uno, y cada elemento policial o militar, entre 200 mil y 60 mil pesos al mes. Las finanzas de ese grupo criminal parecían inagotables. Claro no hay una sola prueba al respecto.
Pero lo cierto es que el cártel de Guerreros Unidos, que nunca fue una organización hegemónica en Guerrero, está aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, precisamente el que realizó el atentado con García Harfuch en la ciudad de México. Lo que está en el centro de esta operación mediática es clara: no han podido digerir la exoneración del general Cienfuegos que hubiera sido un golpe a la credibilidad de las fuerzas armadas y entonces rescatan ese viejo testimonio, sin pruebas que lo respalden, para volver a colocar en la balanza el cuestionamiento a las fuerzas armadas y a quienes sí colaboran estrechamente con ellas, como García Harfuch.
Tampoco, como se dijo, ese testimonio se respalda o se confirma, con la grabaciones que hizo la DEA, la noche del 26 de septiembre de 2014, de las comunicaciones entre los miembros del cártel de Guerreros Unidos en Chicago con sus cómplices en Chipancingo: más bien al contrario, las grabaciones demuestran que no hubo participación militar y sí de las policías municipales corrompidos y aliados con Guerreros Unidos (las grabaciones las puede encontrar en el libro La noche de Iguala)
Podemos tener diferente opinión sobre los hechos, pero no podemos tener hechos alternos, no se puede dar por hechos las declaraciones de un criminal que no están sustentada en pruebas y datos duros, y que se contradice incluso con las de otros delincuentes de la misma banda. Hay mentiras y hay verdades, y los hechos alternos no son verdades.
Por cierto, le regalaron una candidatura a diputación federal al ex vocero de los familiares de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz, desde hace muchos años acusado de estar ligado a grupos armados y criminales y con varias acusaciones de corrupción en su contra. ¿Extraño?.
