19-02-2021 La celebración del día del ejército este 19 de febrero será diferente. No habrá, por la pandemia, el tradicional desayuno que reunía a mandos, políticos, personalidades, invitados y algunos artistas. No estará siquiera el general secretario Luis Crescencio Sandoval, que se contagió de COVID esta semana. El presidente López Obrador regresará a Santa Lucía para inaugurar nuevas obras, se asegura que incluso se podría anunciar que el ejército se responsabilizará de otros proyectos como el tramo del tren maya que va de Cancún a Tulum, sin duda el más importante. Y todo eso se da en el contexto de un debate público sobre la presunta militarización del país.
Hay que ser claros en este tema porque es muy delicado: que las Fuerzas Armadas en general y el ejército en particular estén realizando distintas labores que algunos consideran que están fuera de sus ámbitos de responsabilidad (un punto debatible, porque muchas de estas tareas las viene desarrollando el ejército desde hace años, aunque, hay que reconocerlo, sin la intensidad y la visibilidad de hoy) no implica que se esté dando una militarización del país.
Cuando hablamos de la militarización de un país, de una sociedad, no estamos hablando de obras públicas, sino de que las Fuerzas Armadas pasen a ocupar un lugar preeminente en la ejecución y elaboración de las políticas públicas, con posiciones políticas concretas que las respaldan, y que se han obtenido, en la mayoría de los casos, fuera de los procedimientos democráticos.
La pregunta es sencilla: ¿cuántos gobernadores tiene el ejército?¿cuántos diputados y senadores?¿cuántos miembros del ejército o las Fuerzas Armadas, salvo los del ramo, son secretarios o subsecretarios de Estado?¿en qué partido hay una fuerte presencia militar?¿dónde están los planteamientos de las Fuerzas Armadas o el ejército demandando cambios en el país, respaldando a una u otra corriente política o descalificando de un plumazo a todos los partidos políticos?.
Esas son las preguntas que se deben responder cuando se habla de militarización de una país. Cualquiera que conozca la historia de Centro y Sudamérica lo sabe. Y nada de eso se ha dado en México, sobre todo desde que Manuel Avila Camacho dejó la presidencia de la república en 1946. Desde entonces las fuerzas armadas se han mantenido alejadas del poder político y no han intervenido en él. Han asumido, es verdad, responsabilidades, algunas incluso controvertidas, pero siempre ha sido bajo las órdenes del poder constitucional vigente. Y eso se mantiene en la administración López Obrador.
En la entrevista que nos concedió para el libro La Nueva Guerra (grijalbo, 2020) el general secretario Luis Crescencio Sandoval (al que sólo cabe desearle una pronta y plena recuperación del COVID) nos decía que le preocupaba la incomprensión de las fuerzas políticas sobre las labores que realizan las Fuerzas Armadas, tanto como la falta de voluntad política de ciertos actores para participar de lleno en las tareas de seguridad, y en garantizar, manteniendo la eficiencia y la disciplina, las dos cosas que les pidió el presidente López Obrador al iniciar la administración: que se respetaran los derechos humanos y que en la medida de las circunstancias operativas, se disminuyera el índice de letalidad en los enfrentamientos con los delincuentes.
Le preocupa, dijo, que se hable de militarización. “La presencia de las Fuerzas Armadas en cumplimiento de sus misiones generales, insiste, no significa militarización, sobre todo porque no estamos en el Gobierno para dirigir alguna parte que no sea nuestra especialidad”.
Y reitera algo que es una constante y que en el ámbito político muchas veces no se quiere reconocer: “la gente apoya nuestra presencia, que no ha sido de tres o cuatro años, sino de 13 o 14 años en una estrategia para combatir a la delincuencia; tiempo durante el cual los gobiernos estatales no aprovecharon para fortalecer su estructura de seguridad pública....Era más fácil pedirle apoyo al Gobierno Federal en turno, que generar una estructura de seguridad competente, hay estados que lo han hecho, que lo hicieron y que tienen una fortaleza importante. Me atrevería a decir Coahuila, Nuevo León y Yucatán”.
En torno a la relación del Ejército con el presidente López Obrador y las instrucciones que recibió al iniciar la administración, el secretario de la Defensa Nacional sostuvo que “las Fuerzas Armadas seguimos realizando operaciones y cumpliendo tareas en beneficio de la seguridad pero existen otros aspectos que nos ha encargado mucho el Presidente. Primero, el respeto irrestricto a los derechos humanos y segundo la correcta aplicación de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, siendo muy enfático en ello”.
Las fuerzas armadas son, en los hechos, la única institución que ha logrado mantener una continuidad interna, ordenada, institucional, que cohesiona y no divide, y que trabaja en torno a objetivos de corto, mediano y largo plazo, que no se agotaron en sexenios pasados y tampoco lo harán en éste. Nuestros militares deben tener apoyo político para avanzar en ese objetivo, un apoyo que se debe reflejar en una coordinación real a nivel federal y estatal, y entre los tres poderes de la Unión. misma que hoy está, por lo menos, deteriorada.
