22-02-2021
No entienden que no entienden. No hay una sino varias tormentas perfectas a las que se está enfrentando la administración federal y se dirige sin apartarse un milímetro hacia ellas cobijada sólo en una ideología añeja y convicciones del pasado.
Ayer la Auditoria Superior de la Federación que encabeza David Colmenares Páramo, pudo al fin cuantificar el monto de lo que costó acabar con el aeropuerto de Texcoco, el mayor y más oneroso capricho de esta administración: cancelar la obra ha costado nada más y nada menos que 331 mil millones de pesos, tres veces más de lo que argumenta el gobierno federal y casi lo mismo que si se la hubiera terminado. Si a eso le sumamos el costo del aeropuerto de Santa Lucía, tenemos el mayor despilfarro de la historia reciente del país.
Y pasará lo mismo con la generación de energía eléctrica. El problema no sólo es que se dejará de producir energía más limpia y barata con el consiguiente incremento de costos en producción y contaminación, sino también se trata del costo que se generará, como con el aeropuerto, por la ruptura y violación de contratos.
Cuando el presidente López Obrador fue a la Casa Blanca, a aquel encuentro con Donald Trump, lo único que le pidieron los funcionarios y empresarios estadounidenses a quienes acompañaban al mandatario es que se respetaran los contratos y acuerdos que ya tenía firmados con México. Pues bien, con la contra reforma energética planteada lo que se está haciendo es violar esos contratos y acuerdos internacionales, como el TMEC, que tienen además fuerza constitucional.
El mayor costo de esta decisión no estará sólo en el costo de la producción de energía o en el aumento de la contaminación (ver por ejemplo lo ocurrido en Salamanca en estos días desde que comenzó a utilizarse combustóleo para reemplazar el gas) sino en la enorme cantidad de demandas en tribunales internacionales que se generarán, mismas que se prolongarán en el tiempo y que no será posible ganar porque el gobierno federal está violando esos acuerdos y lo quiere hacer con fuerza de ley. Paradójicamente, el mayor freno que podría tener la administración federal está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si declara esta ley energética tan inconstitucional como el llamado decreto Nahle, al que descalificó en días pasados.
Porque, además, todo esto se da en una escalada poco comprensible. El país está viviendo la mayor crisis económica de su historia sin perspectivas de que pueda salir de ella en el costo plazo. No todo, aunque sí mucho, es responsabilidad del gobierno federal, pero si algo no puede escapar a su decisión es la de encontrar todos los estímulos posibles para reactivar la economía, generar empleos, mejorar la calidad de vida de la gente. Sin inversiones eso es imposible de lograr. La inversión pública ha caído dramáticamente y el gobierno a diferencia de la enorme mayoría de los del mundo, ha decidido no apoyar con inversión y recursos públicos la recuperación económica y la generación de empleos. Hasta el FMI lo ha recomendado y la administración federal ha dicho que no.
Queda entonces sólo otra opción: la inversión privada nacional e internacional, que tendría que volcarse masivamente en el país para lograr dar un vuelco, aunque sea parcial, a la situación. Pero la inversión privada está en caída: la inversión fija bruta cayó un 22.5 por ciento en lo que va de esta administración, mientras que la inversión privada ha caído 2.7 puntos del PIB.
Las inversiones más importantes que puede recibir el país están precisamente en el terreno energético y son las que estamos cancelando, incluso a riesgo de demandas internacionales y de violar el TMEC. Las autoridades y los empresarios del sector de Estados Unidos y Canadá ya lo han advertido públicamente y si se aprueba y aplica la nueva ley terminaremos frente a tribunales internacionales, sin inversiones y pagando altísimas multas (como ocurrió con Texcoco).
Pero desconcierta aún mucho más que no se modere ni siquiera la retórica. El presidente de la república no puede decir a los cuatro vientos, como lo hizo en Baja California, que los inversionistas privados “se vayan a robar a otro lado, que México ya no es tierra de conquista”. ¿Alguien le ha explicado al presidente que ocurriría si los inversionistas le toman la palabra y se van con sus recursos a otro lado?¿Entiende que no le puede decir ladrones a los inversionistas?. Seamos serios.
¡Ya chole!
Pero no es sólo el ámbito energético. La incomprensión de la agenda de las mujeres en el gobierno federal raya ya con un visión machista, incompatible con la realidad actual. Yo no sé si Félix Salgado Macedonio es responsable de las acusaciones que ha recibido, pero las mismas no pueden ser simplemente ignoradas y descalificadas con un ¡ya chole! presidencial. Ni esas ni muchas otras denuncias pueden ser ignoradas, la agenda de las mujeres, la realidad de acoso y violencia que sufren, no puede ser descalificada desde la máxima tribuna de la nación (ni desde ninguna otra).
