4-06-2021
A través de un Memorándum de Seguridad Nacional muy duro, firmado por el propio presidente Joe Biden, llegó la respuesta a la insistente declaración del presidente López Obrador, respecto a que el apoyo de USAID, una agencia de ayuda del gobierno estadounidense, a diversas ONG’s, sobre todo a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, era una forma de intervenir en los asuntos internos de México y de financiar a sus opositores. Incluso el miércoles dijo que “la embajada estadounidense” le daba “arroz con gorgojo” a sus opositores.
El documento de la Casa Blanca firmado por Biden dice, entre otras definiciones importantes, que la corrupción “amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, la equidad económica, los esfuerzos contra la pobreza global y en pro del desarrollo, y la democracia, en sí misma”. Por lo tanto, combatirla se convierte en un “interés de Seguridad Nacional de Estados Unidos” y el gobierno encabezará los esfuerzos para “promover la buena gobernanza, traer transparencia a Estados Unidos y los sistemas financieros globales; prevenir y combatir la corrupción a nivel nacional y en el extranjero, y hacer cada vez más difícil para los actores corruptos realizar sus actividades”. Sostiene que apoyará la capacidad de instituciones nacionales e internacionales y fortalecerá la capacidad de la sociedad civil y los medios enfocados en investigar y destapar casos de corrupción. El comunicado insistió en la importancia de trabajar con socios internacionales para “contrarrestar la corrupción estratégica de líderes extranjeros, empresas estatales o afiliadas, organizaciones del crimen trasnacional”.
Agregó que su país redoblará esfuerzos para incrementar “los recursos de asistencia para investigación, financieros, técnicos y políticos” y fortalecerá la capacidad de socios y gobiernos extranjeros “para implementar medidas de transparencia, supervisión y rendición de cuentas, lo que contrarrestará la corrupción y dará a los ciudadanos información útil y accesible respecto de programas, políticas y gasto de gobiernos”.
Ayer en este espacio, hablando de la agenda de la vicepresidenta Kamala Harris, concluíamos que “hay muchos más temas en la agenda entre los dos países que son prioritarios. Por eso raya casi en lo ridículo la insistencia en que se cancelen los apoyos que da la USAID a distintas organizaciones no gubernamentales de México, como, entre muchas otras, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, no de ahora, sino desde que se implementó la Iniciativa Mérida... Eso no es financiar opositores ni intervenir en asuntos internos de México y en realidad es intrascendente (en términos macropolíticos, agreguemos ahora), pero tanta insistencia enturbia una relación bilateral de la que depende el futuro de la región y por supuesto de nuestro país”.
El tema fue muy mal atendido, la acusación a la embajada y la nota diplomática del gobierno federal no cayeron nada bien, y hay que recordar que esta declaración pública del presidente Biden se da un día después de la reunión del canciller Marcelo Ebrard con el secretario de Estado Antony Blinklen, y a tres días de la visita de la vicepresidenta Harris, precedida por una extraña visita de los mandos de la CIA a México.
Tampoco ayuda a aligerar ese ánimo que hoy en primera plana, el Washington Post sostenga en un amplio reportaje que las elecciones del domingo han sido “una de las más violentas de los tiempos modernos” y son un ejemplo de la lucha de las organizaciones del crimen organizado “para expandir su control en el territorio mexicano”, convirtiéndose en una “amenaza creciente para la joven democracia” mexicana. Una crónica que se suma a las publicadas, entre otros, por The Economist y Le Monde.
Uno de los debates más absurdos que hemos tenido en estos días electorales es el de si hubo más violencia en este proceso o en el de 2018. Más allá de que las cifras de ambos procesos electorales son casi idénticas, lo cierto es que en todo caso, lo que eso demuestra, es que en términos de seguridad en tres años no ha cambiado casi nada. Lo que quizás es más notable es la impunidad con que se cometen estos crímenes y el aumento de candidatos y candidatas secuestrados para intimidarlos y que no participen, lo mismo que los aspirantes que siguen en la boleta y pueden ser electos aunque se sepa que tienen órdenes de aprehensión o incluso que están en la lista de los más buscados por la DEA. Eso es lo que alimenta estas informaciones en ONG’S y medios internacionales, no es ninguna conspiración.
La segunda mitad
Ayer también, el presidente López Obrador reconoció algo que resulta evidente: con la elección del domingo comienza la segunda mitad de su gobierno e inicia el proceso sucesorio. Ello obliga a hacer ajustes y cambios en su equipo, que se han demorado demasiados meses y que hoy resultan impostergables, porque incluso han provocado conflictos internos que afectó candidaturas y afecta la propia operación gubernamental. Tiene que haber ajustes y deben ser de gran calado, porque el actual gabinete tiene vacíos y ausencias notables.
