24-08-2021 Creo que Ricardo Anaya estaba muy lejos de posicionarse como un candidato presidencial viable para un potencial alianza opositora en 2024. Su estrategia de videos no era mala, para falta mucho más para revertir el mal sabor de boca que dejó la campaña electoral del 2018. Si la idea es iniciar una persecución en su contra para reventar una candidatura, paradójicamente se la está fortaleciendo; si la acusación es estrictamente judicial tampoco parece existir una causa clara que la justifique.
No es verdad como dijo el presidente López Obrador, que lo que sucede es que a Anaya se le están acumulando las denuncias en su contra y que no fue él sino antiguos panistas como Javier Lozano o Ernesto Cordero quienes lo denunciaron: esas denuncias contra Anaya fueron en el contexto de la campaña electoral del 2018 (en las que ambos apoyaron a José Antonio Meade) y lo cierto es que la propia FGR absolvió de esos casos a Anaya iniciando la administración de López Obrador. Esta nueva acusación se relaciona con el caso Lozoya, que sigue sorprendiendo porque hace ya siete meses que tendría que haber entregado información sobre los hombres y mujeres que involucró en su denuncia y sigue sin aparecer nada que justifique que Lozoya aún siga en libertad.
Anaya es un político que creo que se ha equivocado en muchas ocasiones. Cuando en la primera mitad de la administración de Peña Nieto fue presidente de la cámara de diputados, sorprendió y terminó catapultado a altos niveles de la política nacional. Antes había roto con Felipe Calderón y en la administración Peña se lo vio como un aliado confiable. Se apresuró a romper con Gustavo Madero y logró ser elegido presidente nacional del PAN. Pero en ese camino cometió, luego de las elecciones intermedias que ganó el PAN, otro error: siendo presidente nacional del partido y sin dejar esa posición, comenzó a trabajar para obtener la candidatura presidencial, cuando existía un compromiso de que quien fuera el líder del partido no podría buscarla. En ese contexto se dio la campaña, se hizo la alianza con PRD y Movimiento Ciudadano, el PRI propuso a Meade como candidato y desde la PGR lanzaron acusaciones judiciales contra Anaya. La consecuencia es que tanto esa alianza como la del PRI, terminaron en un desastre electoral que contribuyó y mucho en que López Obrador aumentara sus votos en los comicios más de 15 puntos respecto a lo que él mismo esperaba obtener.
Anaya fue absuelto de aquellas acusaciones y regresó buscando repetir la candidatura presidencial del 2018. Mucha agua ha corrido bajo el puente desde entonces y la oposición que viene logró sanar muchas de las heridas de entonces, y después de las elecciones de junio y con la próxima conformación de la cámara de diputados, no parece tener visualizada una potencial candidatura de Anaya.
Por eso con la acusación de las últimas horas no se entiende qué se espera ganar: la acusación es endeble; meter a la cárcel a un precandidato, aunque sea débil, recuerda la estrategia de Daniel Ortega en Nicaragua, que la propia cancillería ha criticado; volverlo víctima y con eso potenciar una candidatura que podría dividir más que unir es una posibilidad pero no parece tener sentido cuando la oposición no parece dispuesta a dividirse.
Como ocurrió con la fallida estrategia de la convocatoria de un periodo extraordinario para legislar sobre la revocación de mandato, no existe una política de gobernabilidad marcada por la certidumbre. Se debería comprender que la polarización tiene límites, que estos han sido políticamente superados y que, con la conformación de la nueva cámara de diputados, sin hacer política y sin buscar acuerdos, el oficialismo tendrá muy difícil sacar su agenda legislativa, no hablemos de los potenciales cambios constitucionales.
Cuanto más se radicaliza el discurso presidencial, cuanto más se dejan esas negociaciones en manos inexpertas, cuando crecen por esas cambios acusaciones de haber roto la palabra o los acuerdos, más se aleja de la posibilidad de evitar que, como ocurrió en los cuatro sexenios anteriores, tengamos otra parálisis legislativa.
Por lo pronto y salvo que aparezca el miércoles alguna acusación que nos sorprenda a todos, el caso Anaya parece una de esas operaciones de perder-perder. Y más aún cuando ocurre al mismo tiempo que dirigentes del PRI, PAN y PRD van a Washington a hacer una denuncia por intromisión del narcotráfico en los comicios de junio pasado, ante la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por cierto, hablando de operación política. Uno de los daños colaterales de la fracasada operación en la comisión permanente fue una ruptura con el gobernador Enrique Alfaro. Y una consecuencia más. Con la salida de un legislador del PT que se fue al PRD, el bloque opositor tendrá 223 diputados, mientras que Morena tendrá 198, el propio PT se queda con 36 y el PVEM, que mantiene la alianza con Morena pero tiene su propia agenda, contará con 43 diputados. Si no se apresuran a hacer política, si se agudiza la polarización y si no hay coordinación interna, será más fácil que se termine rompiendo la alianza oficialista que la opositora.
