7-09-2021 Hace casi exactamente 20 años, el 5 de septiembre de 2001, el presidente Vicente Fox visitaba Washington y era recibido en la Casa Blanca por su homólogo George W. Bush. Ese día, el mandatario estadounidense dijo que "estamos forjando una relación que es única en el mundo, una relación de una intimidad y cooperación sin precedentes”. Horas después el canciller mexicano anunció que se estaba tratando de lograr un amplio acuerdo migratorio, que se llamó popularmente “la enchilada completa”, sería el más amplio desde el plan bracero de los años 40. Menos de una semana después, todo se derrumbó y la relación bilateral tomó un rumbo completamente diferente.
La visita presidencial concluyó el 7 y el 11 de septiembre fue el ataque a las Torres Gemelas y el Pentágono. En las horas posteriores al ataque, las divisiones en el gobierno mexicano provocaron que pasaran demasiadas horas hasta que hubiera una comunicación entre los presidentes Fox y Bush. Con el paso de los días, esa división interna en la administración Fox se profundizó, sobre todo entre el canciller Jorge Castañeda y el secretario de Gobernación, Santiago Creel y luego con Adolfo Aguiar Zinser, quien sería designado embajador ante la ONU y por ende miembro por México del Consejo de Seguridad.
En Estados Unidos la seguridad interna y la guerra contra el terrorismo cambiaron todo el escenario y las prioridades, y llegar a acuerdos migratorios estaba fuera de cualquier agenda. Incluso la antinarcotráfico quedó supeditada a la antiterrorista. La relación entre Bush y Fox quedó, en buena medida, congelada.
México colaboró en estas dos décadas en muchos ámbitos en esa política de seguridad interna y global de Estados Unidos. El resultado es que en 20 años jamás se pudo utilizar a México como plataforma de ataques terroristas contra la Unión Americana a pesar de todos los desafíos de seguridad que hemos sufrido. Pero los costos han sido altos, desde una fuerte intervención de agencias de seguridad de Estados Unidos en nuestro país, hasta decisiones de política interna que afectaron seriamente a México, como la autorización para ventas de armas de asalto que libró el presidente Bush en 2004 (Bill Clinton las había prohibido diez años atrás) y que está directamente relacionada con el grado de violencia desarrollado por los grupos criminales en México desde entonces hasta ahora.
En 2016, el tema migratorio fue utilizado por el presidente Trump para su campaña y volvió a colocarlo como prioritario en la agenda bilateral. El gobierno de López Obrador, que comenzó su administración prometiendo fronteras abiertas y libre paso a los migrantes, muy pronto comprendió que eso era inviable, en términos internos y externos: para el país era una evidente vulneración de su seguridad nacional básica, para Estados Unidos un desafío político que Trump, que había hecho campaña promoviendo el muro con México, no podía aceptar. La política migratoria en nuestro país dio un giro de 180 grados. Pero los migrantes siguen llegando, y el arribo de Joe Biden a la Casa Blanca, que había prometido revisar las políticas migratorias de Trump, alimentó aún más ese flujo, aunque en los hechos no ha habido cambios notables al respecto en los EU.
Nadie sabe cuántos migrantes han llegado a México tratando de ir a los Estados Unidos: la cifra más conservadora habla de unos 147 mil y la administración López Obrador ha deportado a unos 57 mil. Pero son decenas de miles más los que intentan llegar, y otro tanto espera en la frontera norte para poder cruzar hacia la Unión Americana, que envía de regreso a México no sólo a los deportados sino también a quienes esperan una respuesta de su solicitud de asilo o residencia. Y la frontera lleva más de un año cerrada.
Lo que hemos visto en Chiapas en días pasados es consecuencia directa de esa crisis migratoria, y es reflejo también de muchas otras insuficiencias y desafíos. El flujo migratorio, proveniente sobre todo de Centroamérica, Cuba y Haití, cada vez más es manejado por el crimen organizado, desde el Cártel Jalisco Nueva Generación hasta los Chapitos y otras organizaciones de Sinaloa, desde grupos relacionados con lo que fueron los Zetas y el Cártel del Golfo hasta haitianos que comienzan a ser relevantes en este sentido.
Haití está controlado por las bandas organizadas y el Estado está a punto del colapso. Esos grupos criminales son los que están manejando el tráfico de haitianos y más temprano que tarde tendrán que asociarse con grupos mexicanos, si es que no lo han hecho ya. No se trata sólo de cruzar la frontera: este fin de semana por ejemplo, fueron liberados 162 migrantes secuestrados en una casa de Tamaulipas, a la espera de que sus familias pagaran rescate. Son miles los que viven esa situación.
Nuestras fuerzas de seguridad tampoco están preparadas para contener flujos como los que se han presentado en estos días. Y eso ha provocado violencia excesiva y manifestaciones de racismo inaceptables. Pero tampoco se puede permitir un paso abierto, generalizado y sin control en nuestras fronteras.
El 9 de septiembre reinician las reuniones del grupo de alto nivel México-Estados Unidos. La agenda migratoria no será la única, pero contaminará todo lo demás.
