26.05.2022
Los datos son brutales: desde diciembre de 2018 hasta marzo pasado, han sido asesinadas 12 mil 586 mujeres. De esas muertes, tres mil 297 han sido catalogadas como feminicidios. Las desapariciones denunciadas (la cifra negra es mucho mayor) de mujeres en lo que va del sexenio es de 7 mil 917.
Son cifras que socialmente deberían ser inaceptables. Pero todavía muchos sectores sociales siguen sin condenar la muerte y desaparición de mujeres de la misma forma en que no se termina de condenar como merecería la violencia cotidiana que viven muchas mujeres. Y eso es más terrible aún cuando sabemos que el 29 por ciento de los hogares de México es mantenido por una mujer, casada o no, con pareja o sin ella, madre, abuela, hija, joven o adulta: un tercio de los hogares del país son mantenidos por ellas, ese es el dato duro.
El drama de los feminicidios, de los asesinatos, de las desapariciones de mujeres, prácticamente no tiene espacio en las mañaneras, no amerita programas y estrategias especialmente diseñadas para atacar ese fenómeno, que la mayoría de nuestras autoridades ven simplemente como una consecuencia de la violencia cotidiana y/o como parte de una cultura machista en general.
Por eso y por muchas otras razones, es tan importante tener una justicia que trabaje con una perspectiva de género. En términos teóricos está muy bien decir que la justicia debe ser una y se debe aplicar igual para todos, pero lo cierto es que no es así. Hay que reconocer que, desde la Suprema Corte de Justicia, se está encabezando un esfuerzo explícito (eso es quizás lo más importante) en ese sentido. Lo dijeron el ministro presidente Arturo Zaldívar y otros ministras y ministros de la Corte, como Yasmín Esquivel, Juan Luis González Alcántara y Alberto Pérez Dayán, en el caso de la ex familia política del fiscal Gertz Manero; fue clave para que el propio Zaldívar (en una visita en la que mucho tuvo que ver la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, detenida sin justificación alguna) al penal de Santa Marta; y está en el fondo de decisiones tan importantes como la reciente decisión de la Corte de permitir el aborto, aún sin la aprobación de sus padres, en jovencitas de 12 a 16 años que hayan sufrido violación.
Algunas de esas medidas no son las más populares. Nadie puede decir que está a favor del aborto, lo que decimos es que estamos a favor del derecho de una mujer adecidir sobre su cuerpo, sobre su destino, su salud. Todo mundo tiene derecho a profesar su fe religiosa según su leal saber y entender, pero las leyes son para todos, y en este caso para todas, y son las mujeres las que deben tener el derecho a decidir sobre su cuerpo.
Entre todos los casos de violencia contra las mujeres, el de las jovencitas que son abusadas, muchas veces en el propio ámbito familiar, y que terminan embarazadas, es uno de los más graves, precisamente porque en muchas ocasiones ese embarazo proviene de padres, abuelos, tíos, hermanos, primos. La violencia y el abuso intrafamiliar es cotidiano y las cifras son altísimas en nuestra sociedad.
Por eso, estas jovencitas, orientadas por la ley, deben poder decidir, incluso sin intervención familiar, qué quieren y pueden hacer con su embarazo. Lo otro es aplicarles un doble o triple castigo: haber sido abusada, haber quedado embarazada y estar obligada a tener un hijo que no desean y cuya paternidad puede comprometer incluso su salud. Habrá quienes no la acepten, pero bienvenida la decisión de la Corte en este sentido, una decisión que las autoridades ejecutivas y legislativas no se atrevieron a asumir.
Aplicar la ley, la justicia con perspectiva de género, no implica más que asumir nuestra realidad: aceptar que, en muchas circunstancias, la ley no se aplica igual a hombres que a mujeres, que existe una discriminación real hacia la mujer, que las condiciones de vida, de cultura, de formación, de dominación, influyen en las decisiones que terminan tomando o de una forma u otra son obligadas a tomar, muchas mujeres. Por supuesto que existen mujeres que cometen delitos tan graves y con tanta intencionalidad como cualquier hombre. Ese no es el tema, como tampoco se discute que cualquier adolescente que quiera tener un hijo,aunque sea el fruto de una violación, tiene el derecho de procrearlo. De lo que se trata es de dar oportunidades, derechos, opciones a las jovencitas y mujeres en una sociedad donde la equidad de género que está muy lejos de ser alcanzada.
Texas
Ayer el presidente Biden, luego de la masacre en Texas de 19 niños, explicó cómo desde 2004, cuando se canceló la prohibición de venta de armas de asalto que había promulgado el presidente Clinton, se comenzaron a vender indiscriminadamente este tipo de armas y se reiteraron los ataque y masacres indiscriminados. En México las consecuencias de esa decisión han sido gravísimas. La violencia que vivimos se disparó a partir de 2004 por muchas razones, pero una de las más importantes es que los grupos criminales enfrentados entre sí y con las autoridades, comenzaron a contar con un armamento que hasta entonces les resulta imposible obtener. Quienes antes utilizaban pistolas, repentinamente gozaron de armas de asalto, de fusiles Barrett, de todo tipo de equipo militar. No es la única causa, por supuesto, pero es una de las más importantes. Visualizar este hecho justifica plenamente el proceso que ha abierto la cancillería contra los fabricantes de armas estadounidenses.
