27.06.2022
Lo grave no es haber divulgado y estigmatizado las fotos de Jesús Ernesto, el hijo menor del Presidente. No tiene sentido, no es justo, ensañarse con un joven de 15 años. Lo grave, lo preocupante, es que, en horario laboral, el presidente López Obrador se haga ido a jugar béisbol durante varias horas con sus amigos, incluyendo otros funcionarios, en lugar de atender los gravísimos asuntos de Estado que están en su escritorio, en vez, por ejemplo, de estar en el velatorio de los sacerdotes jesuitas asesinados en Chihuahua, acompañando a su deudos, enviando un mensaje de consuelo para la comunidad y de dureza para sus asesinos.
Este fin de semana ha sido frenético. Masacres en Quintana Roo y Tijuana, en los dos extremos del país,escenifican la magnitud de la violencia criminal. No hubo palabras del Presidente para ello mientras recorría Guerrero, una entidad paradigma de la violencia, donde 12 organizaciones criminales tienen atenazadas a la sociedad, incluyendo el control sobre la comercialización de artículosde primera necesidad. Ni una palabra sobre ese tema, ni sobre las masacres del fin de semana, ni sobre los asesinatos de los sacerdotes y los duros reclamos de la Iglesia católica, de los jesuitas y hasta del papa Francisco, sólo insistir en que se va a mantener una estrategia de seguridad a todas luces inoperante. La falta de sensibilidad presidencial hacia las más de 120 mil víctimas del crimen en lo que va del sexenio,es notable.
Ayer mismo fue el segundo aniversario del atentado más grave que haya existido contra un funcionario de primernivel en México: el que sufrió la madrugada de ese viernes el secretario de seguridad capitalina, Omar García Harfuch, en Las Lomas de Chapultepec, la zona residencial más cara de la ciudad, donde confluyen residencias de muy alta gama, embajadas y consulados, restaurantes de lujo.
No hubo ayer ninguna reacción oficial, como no lo hubo prácticamente desde la realización del propio atentado. Hay 25 detenidos, 14 acusados de la participación directa en ese hecho, los otros acusados de delincuencia organizada, pero los dos principales responsables de ese atentado por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, siguen operando en la zona de Jalisco y Colima, sin que hayan sido aprehendidos.
La investigación la ha llevado la propia gente de Omar, con la fiscalía capitalina, y apoyo del ejército y la marina, pero la fiscalía general de la república y otras instituciones federales no se han involucrado de lleno en el tema y suya sería la responsabilidad de ir contra quienes organizaron y ordenaron el atentado desde otras entidades federativas. El atentando contra García Harfuch, al igual que, ahora, el asesinato de los jesuitas, hubieran exigido una reacción notable del Estado mexicano contra sus responsables. No ha sido así.
Hace un año decíamos aquí, que después de un desafío de esa magnitud decir que no se cambiará la estrategia de seguridad, que “no se pactará pero que tampoco se declarará la guerra” a los grupos criminales, no es una respuesta sensata.
No se trata, hay que insistir en ello, de declararle la guerra o de pactar con los criminales, se trata de enfrentarlos y garantizar la seguridad de la ciudadanía, lo que es la principal responsabilidad que tiene el Estado mexicano. La actual estrategia de seguridad, es simplemente, una suma inconexa de buenos deseos.
Esa heterogeneidad de políticas y esa falta de definiciones, es lo que provoca que los hombres y mujeres que cumplen con su responsabilidad de combatir a los criminales, terminen desprotegidos y siendo objetivos de los mismos. Y eso se aplica a García Harfuch, y a muchos hombres y mujeres del ejército y la marina, de la Guardia Nacional y de otros ámbitos, que siguen cumpliendo, silenciosamente, su labor pero no sienten una protección real del Estado.
No se puede, decíamos hace un año, ideologizar la seguridad. Hay que insistir en un punto: las políticas y técnicas de seguridad no tienen ideología ni partido. Para garantizar la seguridad se deben establecer políticas eficientes que den resultados, no tiene nada que ver con eso de “pactar o declarar la guerra”, se trata de cumplir con la obligación del Estado y del gobierno.
Cuando se dio el atentado contra García Harfuch, decíamos que el propio secretario de seguridad de la ciudad de México era una demostración de ello. Más allá de ser nieto e hijo de personajes tan paradigmáticos como el general Marcelino García Barragán y Javier García Paniagua, de su formación y especialización en inteligencia, dentro y fuera del país, Omar es un funcionario que ha transitado en puestos de responsabilidad en tres diferentes administraciones, en diferentes posiciones y siempre ha dado resultados y ha sido leal con sus jefes. No ha estado en esas posiciones por su cercanía política con el gobernante en turno sino por su capacidad operativa y estratégica.
Pero hoy muchas de las posiciones relacionadas con la seguridad están ocupadas por personajes, seguramente leales al Presidente, pero improvisados en el tema. Y por eso los resultados son desastrosos, tanto que no se aceptan siquieracomo un desafío al Estado mexicano los mayores ataques que el propio Estado ha sufrido en años, hablemos de García Harfuch o de los jesuitas asesinados en Chihuahua.
