28.06.2022 La situación de la seguridad en el país sólo puede calificarse de catastrófica. Por dónde se vea es imposible constatar el optimismo del presidente López Obrador y de varios funcionarios sobre la misma. Pero es mucho peor la pérdida de sensibilidad en el gobierno sobre un drama que afecta a decenas de miles de familias en forma cotidiana, que lastima a la sociedad, a las mujeres, los jóvenes, los ancianos, a todos. Si el gobierno federal exhibiera mínimamente la misma indignación ante las víctimas de la violencia, cuando se asesina, se mata, se secuestra, se cobra extorsión, a la que lo agita cuando injustamente se hace escarnio de un hijo del primer mandatario en las redes, podría mejorar significativamente el clima social y político, e incluso se podría tratar de comprender algunas de las razones de su hoy incomprensible optimismo respecto al futuro de la seguridad pública.
No vimos en redes ni en la mañanera la indignación presidencial o de sus principales funcionarios por el asesinato a sangre fría de dos sacerdotes jesuitas dentro de un templo a manos de un sicario, en una de esas zonas de hegemonía de un cártel en las que, según el discurso oficial, no hay tanta violencia. El Presidente ni algún funcionario en su representación, fue a las ceremonias ni al velatorio de los sacerdotes o de los policías asesinados, pero sí vimos la burla de uno de sus funcionarios, Jenaro Villamil, contra el papa Francisco porque éste se dijo “consternado” por ese crimen. No lo vimos con la muerte de los sacerdotes pero tampoco por la emboscada en la que fueron asesinados, por grupos criminales, seis policías de Nuevo León, dejando a otros cuatro gravemente heridos. Ni tampoco con otra emboscada, en Ciudad Mante, Tamaulipas, donde asesinaron a otro policía y dejaron varios heridos.
Habló, una vez más ayer, de cómo antes había masacres en México, pero olvidó, ni lo recordó en la mañanera, las que se dan cotidianamente en el país, mayores que las de antaño. Este fin de semana, en Tijuana, en la madrugada del viernes, hubo 12 asesinatos. En la frontera entre Yucatán y Quintana Roo fueron ejecutadas siete personas. En Cuernavaca hubo secuestros, muertes, tiroteos en una plaza comercial. En Guerrero, donde estuvo el fin de semana el Presidente, varias comunidades, incluyendo la capital del estado, Chilpancingo, sufren de extorsiones en masa que dificultan hasta el comercio de artículos de primera necesidad. De eso en dos días de giras por Guerrero, no se dijo ni una palabra.
No se trata de autoflagelarse ni de cortarse las venas, tampoco, si está convencido de su estrategia, de negar sus propias políticas, que tarde o temprano serán juzgadas por el voto de la ciudadanía, pero sí de exhibir un poco de empatía con las víctimas, con sus familias, con las instituciones, con las comunidades agredidas.
No hemos visto jamás al presidente en un homenaje, una las ceremonias a los caídos, civiles, policías o militares. En innumerables ocasiones ha hablado de Ayotzinapa pero no de los más de 120 mil muertos en lo que va del sexenio, de los 30 mil desaparecidos. En los tres primeros años y medio de su mandato, sumados Calderón (de diciembre de 2006 a mayo de 2010) y Peña ( de diciembre de 2012 a mayo de 2016) tuvieron, entre los dos, poco más de 108 mil asesinatos. En ese mismo periodo, diciembre de 2018 a mayo de 2022, la administración López Obrador, según datos oficiales, tuvo casi la misma cifra: 99 mil 784 homicidios, según datos del sistema de seguridad pública. Y cifras más altas, para el mismo periodo de tres años y medio, en extorsión, violaciones y robo total. Y ya estamos en la segunda mitad de un mandato, el argumento de que todo es culpa del pasado no alcanza, sobre todo cuando se aseguró primero que en cien días habría cambios, luego que en seis meses, más tarde que en un año y ya llevamos casi cuatro y las cifras de la inseguridad siguen creciendo.
Pero insisto, lo que preocupa más es la insensibilidad hacia esas cifras, hacia esas víctimas, la falta de empatía respecto al sufrimiento de decenas de miles de familias. Como si se gozara de una superioridad moral que pone al gobierno por encima de estos temas tan terrenales.
La Corte y el aborto
Con todas nuestras tragedias cotidianas hay temas en los que ha habido avances indudables. En contraposición de lo que se vive en los Estados Unidos, con la sentencia de la Corte Suprema, de acabar con el derecho de las mujeres al aborto, en México en él se ha avanzado y el mismo se garantiza en buena parte del país. Muchas mujeres, sobre todo de Texas, viajan a México para contar con un aborto más seguro o para comprar medicinas anticonceptivas.
En toda nuestra frontera norte se debe garantizar con certidumbre ese derecho, porque muchas de esas mujeres son nuestras paisanas, porque el derecho a la interrupción del embarazo para quienes viven en Texas, Arkansas y muchos otros estados no se respeta y se ha convertido en un delito perseguido por las autoridades. Quienes menos tienen no pueden darse el lujo de ir a “santuarios” como California o Nueva York, para contar con una atención garantizada por el sistema de salud. Garantizar ese derecho en México es, debe ser, una de las diferencias importantes a establecer en todo el país pero sobre todo en la frontera norte. Puede hacer más por la relación bilateral y por nuestras paisanas que muchos discursos.
