4.07.2022 Es difícil lograrlo en la política contemporánea, tan cuidadosa de las formas y la corrección, pero el presidente López Obrador lo logró en apenas unas horas de la mañanera. Insultó y llevó casi al límite las relaciones con la Iglesia católica y la comunidad judía luego de llenarlos de adjetivos que fueron desde llamarlos “farsantes capaces de inventar cualquier cosa” en una supuesta “campaña” contra su gobierno, hasta denominar “nazis y hitlerianos” a miembros de la comunidad judía.
La Iglesia, comenzando por el papa Francisco, ha condenado la violencia en México en forma creciente, así como todos los organismos de la comunidad judía, que reaccionaron airadamente por las declaraciones presidenciales. En el fin de semana, distintos obispos han sido muy duros con la estrategia de seguridad. El de Cuernavaca dijo que abrazos y no balazos era simplemente demagogia y hasta complicidad con los delincuentes. Y la suya no fue una declaración aislada ni mucho menos: obispos y sacerdotes en Zacatecas, Guerrero, Jalisco y otros puntos del país han reaccionado en forma similar.
Mientras el Presidente se peleaba inútilmente con la iglesia católica y con la comunidad judía, se negaba siquiera a discutir su estrategia de seguridad. Cualquier declaración en ese sentido la toma como una agresión concertada para impedir que avance su movimiento y no como lo que es: la consecuencia de una política confusa, contradictoria y muchas veces vacía, que empodera a los criminales sin dar resultados reales, que deja indefensa a la sociedad e incluso a las fuerzas de seguridad y empeora las relaciones bilaterales con Estados Unidos.
Los datos en ese sentido son demasiados contundentes. Este fin de semana, Altar y Caborca en Sonora volvieron a ser tomadas por los criminales que realizaron bloqueos, quemas de automóviles y camiones, atacaron a las fuerzas de seguridad, porque fueron detenidas en una carretera cercana a Altar a dos personas que hasta ahora no fueron identificadas. En Uruapan y San Juan Nuevo, en Michoacán, también hubo bloqueos, tiroteos, quema de vehículos y maquinaria. En Querétaro aparecieron cuatro ejecutados. En San Luis Potosí otros cuatro ejecutados junto a un helicóptero quemado intencionalmente. En Ozumba, estado de México, delincuentes tirotearon el parte de novedades policiales que encabezaba el alcalde. En Palenque, Chiapas, muy cerca del rancho del presidente López Obrador, fue asesinado el reconocido empresario italiano Raphael Tunessi. En Reynosa, mataron el director de una de las más importantes maquiladoras de la frontera.
El presidente López Obrador recibe todas las mañanas el parte de seguridad que le entregan las autoridades militares y de la Guardia Nacional, tiene mejor información que cualquiera de nosotros para comprender la profundidad de la crisis de seguridad. Pero está empeñado en no cambiar nada.
Dicen en Morena que con esta estrategia “se privilegia la protección del tejido social”. Como si el tejido social se pudiera proteger cuando hay más de 120 muertos en menos de cuatro años, cuando hay 30 mil desaparecidos, cuando existen zonas del territorio bajo control criminal donde se roba, extorsiona, secuestra. Los datos lo confirman: más de la mitad de los migrantes que cruzan ilegalmente a Estados Unidos son mexicanos, no de Centro o Sudamérica. No hay tejido social que soporte tales grados de criminalidad y expoliación social.
En este sentido, percibo que más allá de las declaraciones gubernamentales, algunas fuerzas de seguridad han comenzado a endurecer su operación. Muchas veces hemos dicho que la política de seguridad que se aplica en la ciudad de México, con mucha inteligencia, coordinación con entes militares y operatividad constante contra grupos criminales, es un buen ejemplo de lo que hay que hacer. Este fin de semana cayó uno de los principales generadores de violencia, inseguridad y extorsión en la ciudad de México, Lenin Canchola, un personaje siniestro que operaba desde Monterrey, donde fue detenido.
Las rebeliones criminales en Altar y Caborca en Sonora, en Uruapan, Michoacán, las recientes en Tamaulipas, son consecuencia de acciones de las fuerzas de seguridad y militares en esos y otros puntos, donde se dieron algunas detenciones importantes. Pero esa percepción es desautorizada a cada rato desde el propio Palacio Nacional, lo que, en lugar de generar por lo menos expectativas, refuerza la duda y la incertidumbre respecto al futuro, incluyendo a los hombres y mujeres que están operando día con día contra los criminales en distintas partes del territorio nacional.
Cambios en CDMX
En la rueda de cambios y nombramientos realizados en la ciudad de México, dos resultan desconcertantes. Primero, la llegada de Rigoberto Salgado a la secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Salgado es un operador que ha está involucrado en distintas acusaciones de protección a grupos criminales en Tláhuac y eso vaya que los conocen en la secretaría de seguridad capitalina. El otro nombramiento muy extraño es el de Amador Rodríguez Lozano, es un antiguo operador priista, que luego estuvo en Chiapas con Roberto Albores y con Juan Sabines, reapareció en Baja California como secretario de gobierno de Jaime Bonilla. Fue enemigo a muerte de la actual gobernadora Marina del Pilar, y está demandado por el actual gobierno de Morena por distintos delitos. Y reaparece en la capital del país para manejar relaciones institucionales ¿Qué puede aportarle a Claudia?.
