18.11.2022
Una vez más un accidente de aviación ensombrece el escenario y vuelve a colocar, en este caso a un estado que había logrado sortear las principales secuelas de la violencia que viven sus vecinos, bajo sospecha de que los grupos criminales se siguen empoderando y desafiando al Estado.
Ayer cayó el llamado Águila 1, el helicóptero en el que se transportaba el secretario de seguridad de Aguascalientes, Porfirio Sánchez Mendoza, junto con él fallecieron cuatro colaboradores. Las imágenes que se han mostrado del desplome del helicóptero muestran una aeronave cayendo en forma casi vertical junto a una clínica del IMSS. Las autoridades sostienen que en principio se cree que fue un accidente, aunque existen algunos testimonios, no verificados, de que la nave habría sido atacada por un grupo de motociclistas que usaron armas largas.
Una vez más se requerirá de una exhaustiva investigación porque cada vez son más los casos sospechosos de supuestos accidentes. Uno de los más controvertidos fue el de la caída de un Black Hawk de la Marina que había participado en la captura de Rafael Caro Quintero, que se desplomó, según el peritaje realizado, por falta de combustible, en Sinaloa, causando la muerte de 14 elementos de los cuerpos de élite de la Marina de México. En ese caso, las autoridades navales han recurrido a un peritaje externo que habría confirmado una posible falla humana, que habría provocado aquella tragedia.
En el caso del secretario Sánchez Mendoza hay varios temas que deben destacarse. Aguascalientes es uno de los muy pocos estados del país que ha logrado contener fuera de sus fronteras a los grupos criminales, a pesar de estar rodeada de entidades, sobre todo Jalisco y Zacatecas, donde se vive un virtual estado de guerra en las zonas limítrofes. Lo hizo siguiendo una estrategia policial correcta y estableciendo una estrecha alianza entre los organismos de seguridad y la iniciativa privada.
Pero las presiones de los grupos criminales, aunado al cambio de gobierno estatal y municipal, también comenzaban a hacer mella: un día antes de la muerte del secretario, había ocurrido una masacre en un palenque en la que hubo por lo menos tres muertos, ejecutados por un grupo criminal, y comenzaban a sucederse eventos relacionados con los sicarios que ingresaban al estado provenientes sobre todo de Zacatecas. El lugar de la caída del helicóptero oficial está precisamente en esas zona. En una entrevista radiofónica que dio minutos antes de abordar la nave que se desplomó el propio secretario reconocía esa realidad.
Habrá que confirmar qué sucedió en Aguascalientes pero el aroma de sospecha será muy difícil que se disipe rápidamente. Y en el centro de ello está la percepción de que efectivamente el empoderamiento criminal les permite realizar este y otros tipos de acciones sin que exista una verdadera respuesta de las autoridades.
Si ello se confirmara o por lo menos fuera la impresión que quedara en Aguascalientes, uno de los pocos estados que había logrado hacer frente a esa expansión territorial y operativa de los grupos criminales, el costo será mucho más alto.
Con un agravante: esa percepción de seguridad que ha logrado Aguascalientes es lo que ha permitido la expansión de grandes empresas, de inversiones sólidas que le han dado a ese estado uno de los mejores niveles de vida del país. Si esa percepción de seguridad es vulnerada no sólo se perderá confianza social, sino también calidad de vida.
De Turquía a México
La semana pasada un importante operativo del ejército mexicano con autoridades de la Fiscalía General de la República, logró la detención de una célula criminal encabezada por un sujeto al que se identificó como Pancho, que se especializaba en el tráfico de personas.
Muchas veces hemos insistido en que esa actividad hace ya mucho tiempo que no es llevada a cabo por simples polleros, que es el crimen organizado el que se ha hecho cargo de ella, convirtiéndola, además, en mucho más sofisticada, redituable y también más peligrosa, para los migrantes, sus familias y para el propio Estado.
La célula desmantelada lo demuestra. No movía gente de la frontera sur a la norte, sino de Turquía y otros países, pasando por centro y Sudamérica y conseguía incluso documentación falsa para ingresos aéreos y el tráfico de esos migrantes, de distintos orígenes, algunos tan lejanos como India y Nepal, en la frontera norte.
Estamos hablando de extensas organizaciones internacionales que combinan, como es cada día más frecuente, diversas actividades criminales, pero en las cuales el tráfico de personas, de drogas y armas, son de las más redituables. Una vez más, esas son las organizaciones que se deben desmantelar, y en el caso de los fenómenos migratorios debemos ser conscientes de que esa es una parte fundamental de su dinámica.
Ningún país puede tener abiertas sus fronteras sin tener, al mismo tiempo, un control de quién entra y quién sale por ellas, con una perspectiva de seguridad pública pero también nacional. El golpe dado por el ejército a la célula de traficantes de gente es un buen paso en la dirección correcta pero debemos asumir que es eso, un paso frente a un fenómeno que rebasa en mucho la dimensión pública que se le quiere dar.
