16.12.2022
En el más completo desaseo legislativo, sigue el proceso para aprobar la reforma electoral que desarticulará no sólo al INE, sino también al sistema nacional electoral, violando en forma reiterada la Constitución y con objetivos evidentes: uno, tratar de garantizar la impunidad en las campañas electorales adelantas de los aspirantes de Morena, con funcionarios públicos que no podrán ser sancionados por actos adelantados de campaña (como los que ya están realizando, año y medio antes de los comicios); dos, no tener controles en los estados para la operación electoral; y tres satisfacer tres pulsiones presidenciales: la venganza, la ambición y el miedo.
La venganza (“un objetivo injurioso antes que reparador”), porque el presidente López Obrador, que jamás en su carrera política ha aceptado una derrota (se fue del PRI en los años 80 porque no fue candidato, nunca reconoció haber perdido en las dos elecciones de Tabasco que perdió, no aceptó su derrota en los comicios presidenciales del 2006 y el 2012) entre su lista de enemigos colocó a las autoridades electorales. Siempre ha dicho que le hicieron fraude (en todas las elecciones que perdió) y ahora se venga como para poder hacerlo él a sus opositores. Tan sencillo como eso.
La ambición (“el deseo intenso y desordenado de conseguir algo, especialmente poder o riqueza”) porque no puede permitir que lo que considera un movimiento histórico y trascendente desde antes de comenzar a gobernar, termine con una derrota electoral: lo suyo es un camino a los altares cívicos, y para eso, como sea, necesita ganar en 2024.
El miedo (“una reacción que se produce ante un peligro inminente”) porque los resultados del 2021 no garantizan el triunfo en 2024, la tan sonada popularidad presidencial, que no es mayor que la que tuvieron en su momento, en el cuarto año de gobierno, Zedillo, Fox o Calderón, tampoco. Necesita que las campañas adelantadas, que la falta de control institucional en las mismas, permitan que sus aspirantes no sean sancionados con la pérdida de la candidatura, aunquehayan hecho utilizado para ello recursos públicos. Necesita adelantarse a sus adversarios, secarlos antes de que comience la verdadera campaña. Qué importa si se reducen los tiempos oficiales de campaña si los aspirantes oficialistas están en ella desde dos años antes.
Esa combinación de venganza, ambición y miedo es lo que marca esta reforma electoral, que viola una y otra vez la Constitución y desarticular el sistema electoral construido a lo largo de décadas.
No es aún, y como se ha dicho, una suerte de golpe de Estado. Todavía no. Pero crea las condiciones para imponerlo vía una elección fraudulenta en el 2024. Crea las condiciones para perpetuarse en el poder con métodos muy similares a los que han utilizado la Venezuela de Nicolás Maduro, la Nicaragua de Daniel Ortega o la Hungría de Víctor Orban.
No estamos, insisto, aún en esa situación y existen todavía mecanismos institucionales que pueden frenar ese desarrollo. Más importante que nunca será, si finalmente se impone (como parece que ocurrirá en estas horas) todo el plan B sin moverle nada, como es el designio presidencial, la gestión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como han señalado expertos, legisladores y hasta el líder de la fracción de Morena en el senado, Ricardo Monreal, hayinnumerables violaciones a la Constitución en este paquete de reforma de cerca de 450 artículos de diferentes leyes. Si se aprueba, la Suprema Corte tendrá que actuar rápido y anular las inconstitucionalidades para evitar que se contamine todo el proceso electoral del 2023 y 2024. Si cuando sea su oportunidad no lo hace, me temo que sí estaremos en los preámbulos de una ruptura institucional. Todo eso es lo que ha estado en juego en estas horas.
Monreal
El todavía líder de Morena en el senado, Ricardo Monreal, cumplió con su palabra y no le dio su voto a la reforma electoral por sus violaciones evidentes a la Constitución. Eso lo honra. Pero también es un hecho que ese fue un gestopolítico personal, porque también decidió no ejercer todo su peso político para que otros senadores que lo apoyan y respaldan, votaran en contra de esa reforma. Insinuó la ruptura y la dejó sobre la mesa, pero no la ejerció. Creo que,enalteciendo su voto, se quedó a mitad del camino.
El general y el coronel
El secuestro del coronel José Antonio Grimaldo en los límites entre Jalisco y Zacatecas, atribuido por fuentes militares al Cártel del Noreste, luego de los duros golpes que éstos sufrieron por parte de fuerzas del ejército, sobre todo las detenciones de sus líderes El Huevo y El Negrolo, es una muestra más no sólo de la violencia que están dispuestos a ejercer los grupos criminales, sino también del empoderamiento de los mismos, de la forma en que están dispuestos a desafiar a las fuerzas de Estado. Un empoderamiento y un desafío que no veíamos en el pasado.
El coronel Grimaldo era jefe de 15 regimiento de caballería en Tamaulipas y participó activamente en las acciones que se realizaron contra esos grupos criminales en el estado en los últimos meses. Fue secuestrado muy lejos de allí cuando, según se informó, estaba en unas vacaciones familiares. No lejos de donde fue secuestrado el coronel,hace menos de un mes fue asesinado el general José Silvestre Urzúa, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas. Una semana después fue asesinado, en un crimen tramado desde el penal de Cieneguillas, el juez Roberto Elías Martínez. Son desafíos inadmisibles e inéditos al Estado. Pero en las mañaneras el enemigo es el INE.
