30.03.2023
Ya sumaban 40 las víctimas fatales del incendio en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez.
Entiendo que ningún país puede tener fronteras abiertas, como prometió después de ganada la elección de 2018 el ahora presidente López Obrador; entiendo que la seguridad nacional y pública requieren restricciones, en ocasiones más duras que las normales, para garantizarlas; entiendo que las olas migratorias están resultando políticamente inmanejables para Estados Unidos y que nuestros vecinos requieren de la cooperación de México para frenarlas; y creo firmemente que México debe brindar ese apoyo.
Pero también entiendo que no se está garantizando esa seguridad, que las restricciones impuestas en México son tan volubles que lo que fomentan son la corrupción, la impunidad y dejan a los migrantes en un marco legal absolutamente difuso; entiendo que al no tomar ninguna medida adicional la desprotección marca tanto a migrantes como a las poblaciones, sobre todo en frontera norte y sur, donde ellos se asientan. Y entiendo que no se puede desligar buena parte de lo que sucede en la migración del crimen organizado y, por ende, la laxitud de la política de abrazos y no balazos se extiende hacia las ramas del crimen organizado que participan en ese proceso de tráfico de personas.
No tenemos una política migratoria, como no tenemos una estrategia de seguridad eficiente y verosímil para la sociedad. Y la migración y la seguridad están cada vez más íntimamente relacionadas.
Se ha pasado de las fronteras abiertas al endurecimiento y de éste a la laxitud y viceversa, de acuerdo a las circunstancias coyunturales. Es impensable que en una ciudad mediana o pequeña como son muchas de las dos fronteras, norte y sur, puedan llegar cientos de miles de migrantes sin apoyo, sin un espacio, una infraestructura mínima donde siquiera puedan dormir y que no ocurran estallidos como los sucedidos en Juárez pero que se han dado también en otras ciudades, del sur y del norte. Quizás no se puede frenar el flujo migratorio antes de que llegue a la frontera sur, pero de allí a que no se pueda frenar, conducir, a que no se haya roto prácticamente ninguna trama, creo que en el sexenio solo una, de tráfico internacional que maneja estas caravanas es desconcertante.
Si el tráfico de gente no comienza a detenerse en la frontera sur, si siguen acumulándose en el norte los migrantes de otros países, los propios migrantes mexicanos (que son miles) y los que regresa Estados Unidos, la situación se tornará, ya lo es, inmanejable. Existen mecanismo: el transístmisco entre Salina Cruz y Coatzacoalcos puede ser una suerte de frontera sur artificial que construido adecuadamente y con esquemas claros de seguridad, podría servir no para cerrar la frontera, pero si para controlar el flujo de migrantes. Sirve esa infraestructura por supuesto como un corredor industrial y una buena vía de comunicación interoceánica, pero si se hace como debe hacerse sería también un mecanismo fronterizo de control muy eficiente.
Con países con los que México es en extremo indulgente, como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela que son de los que mayor cantidad de migrantes envían a México, habría que tener mayor firmeza. Con un agregado clave: si México reconociera que esos países son gobiernos autoritarios, dictatoriales, donde se violan los derechos de sus ciudadanos, como lo hizo en el pasado con España, con Argentina, Chile y Uruguay, con las naciones centroamericanas, podría tener una política de asilo transparente y eficiente, como la tuvo durante décadas. Como esos son considerados gobiernos amigos y hasta humanista, el que no puede tener una política humanitaria con sus refugiados es México.
En San Fernando, en Tamaulipas, decenas de migrantes fueron asesinados por narcotraficantes; en diciembre del 2021, medio centenar de migrantes murieron asfixiados en la caja de un tráiler. Muchos otros han tenido el mismo destino a manos de criminales y traficantes, terminan secuestrados, extorsionados, violados, obligados a integrarse a bandas criminales.
Pero en Ciudad Juárez, los migrantes murieron dentro de una instalación federal que no contaba ni siquiera con extintores y donde los detenidos (los migrantes) vivían hacinados. Donde los guardias de una empresa privada (¿por qué en este tipo de instalaciones federales los custodios son privados?) dejaron entrar o proporcionaron instrumentos como para poder encender fuego; que cuando comprobaron la existencia del mismo dejaron encerrados a los migrantes en sus celdas y simplemente se fueron. La mayoría no murieron quemados sino asfixiados por el humo, fue una tragedia absolutamente evitable. Y fue, insisto, en una dependencia federal. En el gobierno federal nadie se hace responsable.
UNAM
El director general de finanzas Alejandro Macías Ortega y el secretario administrativo Luis Agustín Álvarez Icaza Longoria, así como otras autoridades de la UNAM, han ocultado e ignorado más de mil 700 quejas que han interpuesto distintos actores en las diversas instancias universitarias.
Van desde la desigualdad salarial e imposibilidad de ascenso para los docentes hasta seis feminicidios sin resolver. Hay más de 550 quejas de acoso sexual ante la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. Las denuncias por venta de droga dentro del campus son innumerables.
En pleno proceso de sucesión en la UNAM, la Defensoría, la Oficina de la Abogacía General y el resto de dependencias deben resolver las denuncias y esclarecer los posibles delitos, para no aparecer como cómplices de los mismos.
