29.03.2023
Al escribir estas líneas, iban 39 muertos en el incendio en el centro de detención (lo de albergue es un eufemismo) del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez; otros 29 hombres están internados, algunos de suma gravedad. De los fallecidos, 28 son guatemaltecos. Las versiones sobre lo ocurrido difieren: las fuentes oficiales sostienen que los migrantes, la mayoría de los cuáles habían sido detenidos el día anterior en las calles de la ciudad, al saber que serían repatriados, comenzaron a quemar colchones y terminaron encerrados por el fuego. Fuentes extraoficiales dicen que sí fueron ellos quienes iniciaron el fuego, y el intento de motín, pero que las puertas fueron cerradas por los funcionarios del INM para evitar que se fugaran.
Las dos cosas pueden tener parte de verdad, pero no ocultan la magnitud de la tragedia humanitaria que se esconde detrás de estas muertes, una tragedia humanitaria que se administra desde la más pura real politik. No veo cómo la crisis de la migración vaya a tener una salida: hay demasiados actores, demasiados intereses, demasiada pobreza y carencias involucradas, y una manipulación abierta detrás de la misma.
Hay que hacer un poco de historia. En octubre de 2018, siendo electo el presidente López Obrador, fue cuando estalló literalmente la crisis porque se anunció que México abriría fronteras para el cruce de migrantes, el anuncio lo hizo el ahora subsecretario Alejandro Encinas y fue apoyado por el entonces presidente electo López Obrador. Era una especia de respuesta al muro que pregonaba Trump desde la campaña del 2016.
Pero fue un pésimo cálculo. En enero del 2019, la presión de los migrantes, sobre todo en Chiapas, ya era incontenible y en lugar de actuar como un disuasor de Trump, lo endureció. Lo que sucedió después ya lo sabemos y acaba de ampliar la información el ex secretario de Estado, Mike Pompeo, relatando la negociación que se mantuvo con México para frenar la ola migrante.
Aquí hemos dicho desde entonces que ese cierre de fronteras y esa movilización de elementos de seguridad a las fronteras no sólo resultaba de una exigencia de los Estados Unidos sino de nuestra propia seguridad nacional. Ningún país puede tener un flujo de cientos de miles de personas ingresando a sus fronteras sin control alguno.
La llegada de Biden volvió a generar un aumento del flujo migratorio por el falso rumor, generado en los traficantes de gente, de que el nuevo presidente abriría las fronteras. Obviamente no fue así y ayer mismo el jefe del Homeland Security, Alejandro Mayorcas, destacó que no habría cambios en la política migratoria, un poco más humana pero igual de dura de Biden.
Todo esto ha provocado varios fenómenos simultáneos. Desde aquellas caravanas del 2018 ha quedado en claro que es el crimen organizado el que maneja esos flujos migrantes, de los que se sirve no sólo para el tráfico de personas, sino también para extorsionar, secuestrar, para obligar a la prostitución o al sicariato. Los movimientos migratorios ya tienen poco y nada de espontáneos y trágicamente cada vez están más compuesto por mujeres y niños solos, una muestra más de la tragedia que se vive en los mayores países expulsores: Honduras, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Cuba, Haití.
Los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas, lo confirman. 2022 fue el año con mayor número de detenciones de en México: 444 mil 439 arrestos, un 44 por ciento más que el año anterior. A Honduras, El Salvador (de donde ahora llegan cada vez pandilleros maras huyendo de la mano muy dura de Bukele) y Guatemala hay que sumar, dice el informe de la OIM, “niveles sin precedentes de personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia, Ecuador y Haití”. Los venezolanos han sido la nacionalidad de la mayoría de los detenidos por el INM. En 2022, hubo casi cien mil detenciones de venezolanos, un aumento de dos mil 127 por ciento respecto al 2021.
La política del gobierno mexicano ha quedado atrapada en una contradicción que lo atenaza y lo mueve en la ambivalencia. Acentúa o aligera los controles y las deportaciones de acuerdo a las lecturas políticas y las coyunturas en el eterno pulso que parece estar jugando con la administración Biden, que tiene una agenda con México más amplia que la de Trump, concentrado básicamente en la migración y en su último año también en el fentanilo.
La paradoja es que entramos en conflicto cotidianamente con Estados Unidos pero no con los países expulsores, como si Estados Unidos estuviera obligado a recibir a los casi los millones de migrantes irregulares que tratan de llegar a ese país cada año. Quizás porque el país con el mayor flujo de migrantes que intentan ingresar a la Unión Americana es México y festinamos el aumento de remesas como si fuera un logro gubernametnal.
Pero también tenemos que aceptar las normas que nos impone la Unión Americana y cientos de miles de migrantes se quedan en México o son regresados a nuestro país, lo que está creando una situación intolerable en las fronteras, tanto en la sur, por la llegada de migrantes, como en la norte porque allí se quedan, tratando de entrar, o allí son regresados por Estados Unidos. Y no existe infraestructura alguna que alcance, ni deseos de los migrantes de quedarse en México. El hartazgo de las poblaciones fronterizas, de los migrantes y de las autoridades a ambos lados de la frontera está llegando a un límite inmanejable. Y la de Juárez puede ser sólo un preámbulo de tragedias mayores para el futuro cercano.
