28.06.2023
Algunas cosas están muy mal en el ámbito de la seguridad y la justicia. Pero peor aún está el alineamiento que tendría que ver entre las instituciones que participan de una u otra forma en ese quehacer. Si al inicio de este sexenio existían diferencias y reclamos entre ministerios públicos, fiscalías, jueces, instituciones de seguridad, militares, hoy existe una distancia a veces insalvable.
Vamos con dos casos extremos pero cotidianos. Ayer en la mañanera se volvió a poner como ejemplo el caso de la jueza Angélica Sánchez, detenida y procesada por liberar un presunto delincuente acusado de asesinato. El problema es que no hay pruebas contra el presunto asesino, o por lo menos el ministerio público no las pudo encontrar y exhibir. La jueza lo liberó porque ya no había argumentos legales para mantenerlo detenido y eso ya había sido decidido también por instancias judiciales anteriores. No sé si la jueza Sánchez ha tenido o no relación con este acusado o con otros casos controversiales. El problema es que el gobierno de Veracruz, las fiscalías (la local y la federal) no lo han acreditado, en otras palabras, no han exhibido pruebas en ese sentido. Y sin pruebas no se puede condenar a alguien, no se lo debería hacer en la mañanera ni mucho menos en los juzgados.
Es lo que sucede con los militares detenidos por el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, los cuatro detenidos desde septiembre del año pasado, incluyendo al general José Rodríguez Pérez y a los ocho a los que se les dio formal prisión esta misma semana y que, en septiembre pasado sus acusaciones habían sido desechadas por la PGR.
No hay pruebas contra ellos fuera de las declaraciones de asesinos y sicarios que han quedado en libertad a cambio de esos testimonios de los que se “acordaron” cuando les ofrecieron ser testigos protegidos por la fiscalía especial a cambio de los mismos. Testimonios que no se apoyan en prueba alguna. Hay militares, como el general Rodríguez Pérez preso en el campo militar número Uno por el testimonio de un criminal, Sidronio Casarrubias, que participó directamente en el secuestro de los jóvenes (está comprobado plenamente) y que obtuvo su libertad a cambio de un testimonio que tardó cinco años en dar y que se contradice con otros cuatro o cinco anteriores.
Pero ahora para las nuevas órdenes de aprehensión han usado el mismo método. Como la FGR se había desistido de las órdenes de aprehensión anteriores contra estos ocho militares y no podían ser acusados nuevamente con esa misma orden, lo que hicieron fue buscar a dos de estos testigos protegidos, agregar algo nuevo a sus declaraciones ¡ocho años después! y con eso pedir otra vez, la detención de los ocho.
Es vergonzosa la manipulación de la justicia que se está haciendo en el caso Ayotzinapa: hoy hay militares y ex funcionarios detenidos, mientras que los sicarios y sus jefes están en libertad y protegidos por la fiscalía especial.
Para el libro La Nueva Guerra, del Chapo al fentanilo (Grijalbo, 2020), entrevisté al secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval. Lo que me dijo entonces, me parece que sigue teniendo mucho sentido, pero creo que en las diferentes instancias de poder ya se ve diferente. “Se hablaba de que hubo en su momento la “puerta giratoria”, me decía en 2020 el general Sandoval, donde entraban delincuentes por una puerta y salían por la otra; es decir, el delincuente que se logra detener, entra y sale del juzgado, lo vuelven a ver en su comunidad o en las áreas donde acostumbra delinquir, aspecto que afecta demasiado a la ciudadanía. Es complicado, aunado a que, para las instituciones que directamente trabajan en la seguridad, como la Secretaría de la Defensa Nacional, representa una causa de desmoralización, porque nuestro personal detiene al delincuente, lo consigna y después es liberado; situación que sucede hasta en dos o tres ocasiones, minando el esfuerzo que se está haciendo, así como la moral para seguir trabajando. Eso es una parte que falta afinar para poder tener mejores resultados.
“Las leyes, continuaba, son aliadas estupendas para desarrollar nuestro trabajo, pero desafortunadamente en algunas ocasiones, quienes tienen que aplicar las leyes “le buscan el camino” para de alguna manera favorecer a la delincuencia; sin embargo, también se ha dado el caso que la delincuencia amenaza a quien en sus manos esta aplicar la justicia… cuando inició el nuevo sistema penal acusatorio, ahí me percaté, primero, que no teníamos facultades para ser los primeros respondientes; segundo, el estado no tenía la suficiente fuerza policiaca para que nos apoyara y fueran los primeros respondientes; y tercero, no confiábamos en muchos de ellos… al principio, desconocíamos cómo aplicar correctamente el sistema penal acusatorio; sin embargo, todos fuimos aportando experiencias para salir adelante; en la actualidad, ya que se conoce el sistema, algunos servidores públicos del sistema penal han encontrado el camino para evitar que los delincuentes vayan a prisión. Ese es un gran problema que persiste. Tampoco está alejado de la realidad que, a veces, falta un conocimiento pleno, una capacitación para poder establecer o funcionar como primer respondiente”.
Esa capacitación, en todos los ámbitos creo que sigue ausente. Hemos hablado muchísimo sobre la Guardia Nacional y nada sobre las policías investigadoras, hemos responsabilizado a jueces por decretar libertades pero no a ministerios públicos o fiscales por entregar casos sin sustento legal, o mal construidos. Nos hemos quejado de detenciones arbitrarias, pero hemos dado credibilidad a investigaciones inverosímiles sobre las que se sustentan. Esa la maquina que va más allá de cualquier puerta giratoria, es la máquina de la impunidad y la injusticia.
