En un capítulo más de esa guerra pírrica que se libra entre la procuraduría capitalina y televisión azteca, el procurador capitalino Samuel del Villar dijo en una entrevista con el periódico reforma, que ha iniciado una investigación contra esa empresa, en la cual, según dijo don Samuel, está investigando si en la compra que hizo Ricardo Salinas Pliego del paquete de medios en 1993 hubo operaciones de lavado de dinero y si éstas están relacionadas con el asesinato del conductor de televisión Francisco Stanley.
En un capítulo más de esa guerra pírrica que se libra entre la procuraduría capitalina y televisión azteca, el procurador capitalino Samuel del Villar dijo en una entrevista con el periódico reforma, que ha iniciado una investigación contra esa empresa, en la cual, según dijo don Samuel, está investigando si en la compra que hizo Ricardo Salinas Pliego del paquete de medios en 1993 hubo operaciones de lavado de dinero y si éstas están relacionadas con el asesinato del conductor de televisión Francisco Stanley.
Adicionalmente, el procurador capitalino reiteró que, cuando ocurrió el asesinato de Stanley, directivos de Azteca y en particular Jorge Mendoza, lo amenazaron con hacerle la vida imposible si divulgaba que entre las ropas de Stanley se había encontrado cocaína. Finalmente, para Del Villar es objeto de investigación la campaña de "desinformación" que realizaría ese medio contra la propia procuraduría, en este caso, dijo, con el fin de ocultar vínculos de Stanley y de la propia televisora con el crimen organizado.
Por otra parte, los voceros oficiales y oficiosos de la procuraduría capitalina se han encargado de descalificar a la Comisión de Derechos Humanos del DF, que encabeza Luis de la Barreda, argumentando, que la recomendación de la Comisión contra la PGJDF, pidiendo la liberación por falta de pruebas de Paola Durante, es parte de la misma campaña contra la propia procuraduría, para distraer la atención pública de la acusación que ella ha realizado contra el secretario de Turismo y ex regente capitalino, Oscar Espinosa.
Como es costumbre, la procuraduría está mezclando el agua con el aceite, la información real y las presunciones lógicas con la manipulación política más descarada. Para comenzar por el final: la recomendación de la CDHDF sobre el caso Paola Durante fue realizada meses antes de la acusación contra Espinosa y la procuraduría capitalina (que no ha explicado porqué, teniendo la información, no inició en su momento acción penal contra Espinosa, y lo hizo sólo cuando comenzaron sus problemas con el caso Stanley) en un hecho inédito hasta ese momento, simple y llanamente, la rechazó y, para colmó inició acción penal contra un visitador de esa institución, defendiendo la credibilidad como testigo de Luis Gabriel Valencia.
| Durante semanas, el debate entre la Comisión y la Procuraduría fue público y lo que argumentaba la Comisión se confirmó, lamentablemente para su causa, en contra de los intereses de la procuraduría: el único testigo de cargo contra los acusados por el caso Stanley, el ya famoso cocinero, era y es simplemente un mitómano, un hombre cuyo testimonio parece comprado y se basa exclusivamente en intereses particulares. No hay hoy, para confirmar lo dicho por Valencia, ni había antes para sus anteriores declaraciones, nada que permita sustentar la veracidad de lo dicho. Es más, ni siquiera para suponer cuándo fueron realizadas con buena fe esas declaraciones. Puede ser que Valencia haya sido manipulado ahora para retractarse de sus declaraciones, pero todo indica que también lo fue con anterioridad para presentar las acusaciones originales. En otras palabras: el testimonio del cocinero no es confiable ahora pero tampoco lo fue antes. ¿Qué la retractación tiene un interés ulterior?. Puede ser, pero todo indica que también lo tuvo la investigación original en la que se lo hizo participar, ¿o acaso Valencia era un testigo impoluto hasta que se decidió (o alguien lo convenció) a declarar otra cosa?.
Respecto a la investigación de Del Villar sobre televisión Azteca, deben hacerse diferenciaciones importantes. No es ninguna novedad decir que las circunstancias en que Salinas Pliego compró Imevisión fueron por lo menos sospechosas: desde la oferta que se realizó en aquella oportunidad, hasta los movimientos políticos que se realizaron en torno a esa compra han sido, desde entonces hasta ahora, poco claros: ahí está el famoso préstamo de Raúl Salinas o la relación de esa aportación con los recursos que, en otro sentido, hicieron diferentes empresarios al propio Raúl. Es más, se debe definir de dónde provino la enorme fortuna del propio Raúl Salinas o esas operaciones de manejo de recursos por distintos paraísos fiscales que en su oportunidad, cuando estalló este caso, reconoció Ricardo Salinas Pliego.
Lo cierto es que nos guste o no cómo se ha llevado ese proceso, el mismo ha sido asumido por la PGR, porque entre otras cosas, si hubiera delitos, éstos son federales, no locales. En los hechos, la investigación que pueda realizar la PGJDF sobre el tema tendría que ser transferida a la PGR porque es allí donde se está sustanciando ese caso. Pero, además, ¿qué tiene que ver esa historia con el asesinato de Paco Stanley y sus presuntas ligas con el narcotráfico?. Porque, para empezar, Stanley se incorporó a Azteca mucho después de esa operación de compra del paquete de medios por parte de Ricardo Salinas y no se sabe de ninguna operación financiera donde ambos estuvieran relacionados, ¿o la procuraduría capitalina tiene alguna información al respecto que no ha proporcionado para iniciar esa investigación? ¿si es así no resulta temerario divulgarlo en una entrevista de prensa cuando esa información y por lo tanto la investigación deberían ser secretas?.
Fuera de ello, puede o no gustar la cobertura que suele hacer Azteca de éstos y otros temas (en lo personal no me gusta, sobre todo la cobertura que le ha dado, desde el inicio, al caso Stanley, donde no supo, no pudo o no quiso distinguir el hecho de que el asesinado fuera un empleado de esa empresa de la necesaria objetividad para cubrir esa historia: se sintió parte de la misma y ha actuado como tal), pero para sustentar la acusación de que esa cobertura es parte de una "campaña de desinformación" con el fin de ocultar otro tipo de delitos, hay una gran distancia: una acusación de ese tipo contra cualquier medio es realmente grave y se debe basar en pruebas. Si se trata de una simple suposición, lo lógico es callarse la boca, sino se trata de una intromisión de las autoridades, cualquiera que éstas sean, para impedir la libertad de expresión de un medio.
Y en esto ni los comunicadores ni las autoridades podemos equivocarnos: nos puede gustar o no lo que informa un medio, pero tenemos que garantizar su derecho a hacerlo. Y si esa información está distorsionada o manipulada, demostrarlo. Tenemos que romper con la cultura de la manipulación de la justicia por intereses políticos, cualquiera que estos sean. Los medios debemos avanzar mucho más en apoyar con datos duros nuestra información, pero las autoridades no pueden hacer denuncias públicas de distintos delitos sin contar con las pruebas que sustenten esas acusaciones.
Pero, además, porque este camino ya lo conocemos: durante tres años, Pablo Chapa Bezanilla, el fiscal especial de los casos Colosio y Ruiz Massieu, nos lo hizo recorrer con resultados desastrosos, cadáveres sembrados, testigos inventados, acusados que pasaron largos meses en prisión antes de que se descubriera que eran inocentes. El costo lo pagamos todos, pero sobre todo el sistema de justicia que cayó en una espiral de desprestigio del que no se ha recuperado: ¿cuál es el sentido de volver a hacer ese camino una vez más?.
