Pablo Salazar Mendiguchía ganó las elecciones por un buen margen, pero gana el estado, como cabeza de una coalición que no es homogénea y con la presencia amenazante de muchos grupos armados y sin control. Tiene a su favor el haber despertado expectativas sociales y el apoyo personal del presidente electo Vicente Fox. Salazar Mendiguchía tiene cuatro desafíos inmediatos: lograr la estabilidad, combatir el narcotráfico, el tráfico de personas y el desarme de las comunidades.
En los últimos 179 años, en Chiapas ha habido 167 gobernadores, prácticamente uno por año, no sólo durante el últimos sexenio sino durante casi dos siglos: cualquier duda sobre los porqué de la crisis de institucionalidad que vive ese estado puede disiparse con ese solo dato. Si a eso le sumamos el hecho, tantas veces comentado, de que por Chiapas no pasó, en sus aspectos benéficos, la revolución, el proselitismo del clero católico y la beligerancia de sus partidarios y adversarios, las tasas de crecimiento demográfico de hasta un ocho por ciento anual en ciertas regiones del estado (particularmente en la llamada zona de conflicto), un conflicto armado no resuelto, la violencia entre y dentro de las comunidades, tenemos el escenario puesto para comprobar la gravedad de la crisis que vive ese estado.
Pablo Salazar Mendiguchía ganó el domingo las elecciones por un buen margen pero se sacó, también la rifa del tigre: Salazar gana el estado como cabeza de una coalición que no es homogénea, sin tener todos los hilos del poder, con sectores que no aceptarán la oferta del diálogo y la reconciliación fácilmente y con la presencia amenazante de muchos grupos armados y sin control. Tiene en su favor el haber despertado enormes expectativas sociales y el apoyo personal, directo, del presidente electo Vicente Fox que, como decíamos la semana pasada, ha elegido a Pablo Salazar como su puente para tratar de lograr la normalización de la vida política e institucional en el estado.
Salazar Mendiguchía tiene cuatro desafíos inmediatos, todos ellos concatenados: primero lograr la estabilidad. No hay estabilidad posible con gobernadores que duran en promedio un año en sus funciones, pero más aún cuando, además de gobernadores ha habido, antes y después del conflicto, funcionarios con responsabilidades supraestatales que no se sabe muy bien hasta dónde tienen poder y con base en qué: ha habido en los últimos años, muchos de esas características y de símbolos ideológicos y políticos tan lejanos entre sí como Carlos Rojas, Manuel Camacho o Dante Delgado. Se han destinado a Chiapas en los últimos años unos 60 mil millones de pesos para obras públicas y política sociales pero los resultados no se han percibido. La estabilidad es imprescindible para la aplicación de planes de mediano y largo plazo, para acabar con rezagos, para establecer un sistema basado en el orden y la seguridad y no en la prepotencia y las ocurrencias del gobernador o el gobierno federal en turno.
La seguridad sólo puede venir de la mano con la estabilidad. El problema central para Chiapas no es, pese a todo lo que se ha dicho, el enfrentamiento con el zapatismo: las posibilidades de un enfrentamiento armado con las fuerzas del EZLN son mínimas, porque el propio zapatismo está acotado, encerrado en un espacio en el cual su margen de maniobra es por lo menos, estrecho, y porque, justo es reconocerlo, el zapatismo hace ya muchos meses que no está apostando a la violencia sino a la vía política.
El problema real en Chiapas en el ámbito de la seguridad pasa por tres aspectos básicos: primero porque uno y otro bando han armado a las comunidades pero desde hace ya demasiado tiempo no tienen ni control ni, en muchos casos, contactos con esos grupos. Las comunidades divididas y armadas se han enfrentado en muchas ocasiones y cualquier enfrentamiento, manipulado o no por alguna de las fuerzas que participan en este proceso, puede catalizar una espiral de violencia. El segundo punto es la presencia del narcotráfico: Chiapas se ha convertido en uno de los principales pasos del tráfico de drogas en el país: los puntos en los que la frontera es utilizada para ingresar drogas son numerosos y el tráfico hormiga sumamente intenso. A ello hay que agregarle el tráfico marítimo de drogas, cada día más importante y con mayores contactos en la geografía estatal. Se podrá argumentar que el narcotráfico es un delito federal y es verdad, pero nadie puede engañarse: es un factor de violencia y de desestabilización en cualquier estado de la república, lo que en una entidad como Chiapas se convierte en una amenaza adicional para la gobernabilidad. El tráfico de drogas está yendo de la mano del tráfico de personas: en Chiapas están asentadas bandas de polleros de todo tipo, tamaño y calibre que están haciendo del tráfico de personas un negocio tan lucrativo como el narcotráfico. Y ambos suelen ir de la mano: el grado de corrupción que ambas redes han generado será una amenaza constante para Pablo Salazar.
El desarme de las comunidades, por todas estas razones se torna imprescindible: la actual administración estatal la anunció en varias oportunidades, pero no ha podido avanzar en ella por una sencilla razón: las comunidades antizapatistas argumentan que ellos no se desarmarán mientras sus adversarios mantengan sus armas protegidos por la ley.
Por ello, para desarmar a las comunidades y avanzar en garantizar la seguridad en el estado, se debe establecer un acuerdo de paz que desarme a todos los actores incluyendo al zapatismo y a todos los grupos armados que operan en el estado. Toda otra salida de paz que no parta del desarme global estará condenada al fracaso.
En este sentido se debe destacar el comunicado que en la noche del domingo, envió el presidente electo Vicente Fox Quezada reconociendo no sólo el triunfo de Pablo Salazar Mendiguchía, sino también estableciendo el compromiso de trabajar en forma conjunta para alcanzar la pacificación del estado. Pero hay un párrafo tan significativo como sujeto a libre interpretación en ese texto al que hay que prestarle mucha atención. Dice Fox que “comenzaré por honrar la palabra empeñada al asumir los acuerdos de San Andrés Larráinzar. Presentaré esta iniciativa de ley al inicio de mi mandato” y agrega que sabe “que contaré con la voluntad política de las distintas fracciones parlamentarias para responder por la vía legislativa a las demandas largo tiempo esperadas de los grupos indígenas” (¿seguro votarán los diputados y senadores panistas, sin cambios, los acuerdos de San Andrés que en las dos últimas legislaturas no apoyaron, sin que antes se realicen reformas en el capítulo de las autonomías indígenas?, porque ya tanto Felipe Calderón como Diego Fernández de Cevallos hablaron de que se tendrían que adecuar algunos términos del acuerdo suscripto 1996).
La siguiente línea del comunicado foxista es más críptica e incluso hablamos ayer con Pablo Salazar y el candidato ganador prefirió no hacer interpretaciones del mismo porque admite que ese párrafo admite muchas y muy diferentes. Dice Fox: “reitero también mi disposición a dialogar con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a replantear la presencia del Ejército en la zona de conflicto, tan pronto se restablezca el estado de derecho”. ¿Cuánto encarecerá el EZLN esa negociación ante los reiterados llamados de Fox a un encuentro inmediato (recordemos que cada día que pase sin que haya diálogo encarecerá, para el próximo gobierno federal, esa negociación)? ¿qué quiere decir que se “replanteará” la presencia del ejército en la zona de conflicto? ¿implica regresar a las posiciones acordadas por Camacho en marzo de 1994 y que se mantuvieron hasta el 9 de febrero del 95? ¿con quién se hará ese “replanteamiento”?. Y finalmente, ¿cuándo ocurrirá?. Porque el comunicado dice que “cuando se restablezca el estado de derecho” ¿cuándo será eso, cuando se firme el acuerdo de paz, antes, cuando asuma Salazar, cuando los zapatistas reconozcan que dejan las armas?. Son demasiadas preguntas sin respuesta y hay que recordar que en Chiapas la paz está, literalmente agarrada con alfileres: no se los vayan a quitar.