El procurador capitalino Samuel del Villar ha generado innumerables querellas, se ha ganado enemigos dentro y fuera del propio gobierno, ha lanzado investigaciones con fines tan dudosos como extraños, pero no se ha engrandecido con todo ello, por el contrario, ha permitido que la justicia en la capital se aleje cada día más de su objetivo. Una muy conocida lucha política es la que sostiene Del Villar con Gertz Manero en la que son más que adversarios. Otro enemigo personalisimo del procurador es el Obudsman capitalino Luis de la Barreda En la red de telecomunicaciones no hay un seguimiento, sobre todo del crimen organizado que se inicia o termina en el DF y que tiene repercusiones en el resto del país, además de contar con graves deficiencias técnicas.
“Tu grandeza es del tamaño de tu querella” le hace decir William Shakespeare a Hamlet, en una frase que, según dice Cesáreo Morales en el libro Un día después que se presentará en los próximos días, intrigó siempre a Luis Donaldo Colosio. Pero la distancia que separa al malogrado sonorense de muchos hombres del poder es demasiado notable: la mezquindad de sus pleitos, de sus querellas, nos demuestra, en muchos casos, su pequeñez.
En pocos casos se puede comprobar ello de forma más palpable que en el tema de la seguridad pública en el Distrito Federal. El procurador capitalino Samuel del Villar ha generado innumerables querellas, se ha ganado enemigos dentro y fuera del propio gobierno capitalino, ha lanzado investigaciones con fines tan dudosos como extraños, pero no se ha engrandecido con todo ello, por el contrario, ha permitido que la justicia en la capital se aleje cada día más de su objetivo.
Más grave aún: mientras se plantean las luchas contra los enemigos políticos, los delincuentes tienen un terreno más amplio que nunca y luego de la reducción que experimentaron durante algunos meses los índices delictivos en la ciudad, ahora han vuelto a dispararse en forma notable, particularmente en la modalidad de robos a personas, de robos de automóviles y de tráfico de drogas.
Las luchas políticas son múltiples, la más notable es la que Del Villar sostiene con Alejandro Gertz Manero, el secretario de seguridad pública del propio GDF. El procurador y el secretario lisa y llanamente no se hablan, son más que adversarios, enemigos, y el procurador ha decidido perseguir al secretario. El pleito es añejo: el antecesor de Gertz Manero, el militar retirado Rodolfo Debernardi, era un hombre cercano de Del Villar que tuvo que ser retirado por su incompetencia y por la corrupción que se había detectado en muchos de los nombramientos realizados por el secretario, un hombre, como muchos de sus colaboradores, que había trabajado con el ex subprocurador de la PGR, Javier Coello Trejo.
Unos días después de su nombramiento Gertz observó, cuando iba en su automóvil, cómo un grupo de custodias cometían demasiadas tropelías en la vía pública. Personalmente los detuvo y ordenó su aprehensión, pero resultó que se trataba de la custodia del procurador Del Villar, el procurador defendió a su gente y atacó al secretario y desde ese momento la lucha estuvo desatada.
El climax ha llegado durante el periodo electoral. Gertz Manero realizó una profunda investigación en la policía auxiliar y descubrió que un grupo de comandantes de la misma descontaban de los salarios, de por sí raquíticos, de los policías auxiliares un porcentaje que se depositaba en una cuenta privada que administraban los propios comandantes. Gertz descubrió que había un fraude en esta operación que superaba los mil 125 millones de pesos. El secretario de seguridad pública investigó el caso y puso en las manos de la procuraduría capitalina el expediente pidiendo la detención de 26 comandantes acusados de ese fraude. Han pasado seis meses y la procuraduría no ha detenido a uno solo de esos comandantes, ni siquiera los ha encauzado, continúan en libertad, no se los puede mover de sus puestos y están boicoteando un día sí y el otro también las tareas del área de seguridad pública. Es más, en lugar de centrar su objetivo en los acusados, la procuraduría capitalina la ha puesto en los funcionarios cercanos a Gertz Manero que han denunciado públicamente que son hostigados por la procuraduría por investigar a los policías corruptos.
Otro enemigo personalísimo del procurador es el ombudsman capitalino, Luis de la Barreda. El presidente de la comisión de derechos humanos del DF fue reelecto en su cargo cuando ya había ganado Cárdenas el DF y cuando el PRD dominaba, con mayoría absoluta, la Asamblea Legislativa: De la Barreda fue ratificado por unanimidad. Pero cometió el error de enviar recomendaciones a Del Villar. El primer enfrentamiento fue cuando se designó como jefe de la policía judicial del DF a Jesús Carrola, un ex comandante de la PJF que había sido acusado con anterioridad de relaciones con narcotraficantes y que había sido acusado, por el propio PRD en Baja California Sur, de violación a los derechos humanos, lo que motivó una enérgica protesta, en su momento, de la propia CNDH. Este funcionario no duró más de un mes al frente de la PJDF. Meses después, vino el caso Stanley, la recomendación de la CDHDF sobre Paola Durante, el controvertido caso de El cocinero, y los enfrentamientos con Televisión Azteca, incluyendo el controvertido atentado contra Lily Téllez. En forma paralela se dieron los procesos contra los funcionarios altos, medios y bajos de la anterior administración capitalina: allí estuvo la investigación sobre el asesinato del magistrado Abraham Polo Uscanga, en la cual el principal acusado fue declarado inocente; los procesos por presuntos fraudes de las empresas Ericcson e IBM que fueron declaradas inocentes; las detención de un grupo de trabajadores de la delegación Gustavo A, Madero, acusados de faltantes que iban de cientos de miles de pesos en algunos casos hasta 20 mil pesos en el del ex boxeador José Pipino Cuevas, y que tiene a esos ex empleados en la cárcel (paradójicamente cuando se detectó un faltante de 70 millones de pesos en la cuenta pública de 1998, ya en la administración de Cárdenas, no se ha actuado contra ninguno de los presuntos responsables) y, finalmente, la acusación contra Óscar Espinosa Villarreal, con la fuga del ex regente capitalino, en un caso que no parece estar plenamente sustentado.
El último capítulo han sido las presiones, derivadas del caso Stanley contra el coordinador de asesores de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Yunes, que ha demandado penalmente a Del Villar y solicitado su desafuero para que pudiera hacer frente a esas acusaciones. Violando normas legales, es la propia PGJDF, la que está realizando la investigación sobre el propio procurador…usted ya se imagina el resultado.
Pero estos conflictos van mucho más allá: se extienden a la relación del procurador capitalino con las demás instituciones y en detrimento de la propia seguridad de los capitalinos. Veamos un ejemplo, de acuerdo con el convenio de colaboración firmado entre la federación y el gobierno federal para el programa de seguridad pública 95-2000, el gobierno federal asignó al DF, 868.1 millones de pesos. De esos recursos 171.5 millones eran para 1998, 324.9 millones para el 99, y 371.5 millones para ejercer en el 2000. En este esquema de cooperación, el gobierno del DF aportaría 49.1 millones en el 98, 139.3 millones en el 99, y 159.2 millones en el 2000, en total 347.6 millones. El financiamiento conjunto para el área de seguridad en los últimos tres años es, entonces, de mil 215.7 millones de pesos. Para administrar esos recursos se decidió la formación de un fideicomiso, llamado Fondo de Seguridad Pública del DF. El secretario técnico del Fondo es el procurador capitalino, Samuel del Villar.
Pero en forma desconcertante, el secretario del Fondo y también secretario ejecutivo del consejo de seguridad pública en el DF, el procurador Del Villar, ha decidido no utilizar esos recursos: en 1998, utilizó sólo el 45 por ciento de ellos, en el 99 el 62 por ciento y este año sólo el 5.5 por ciento de los recursos ya asignados y entregados para seguridad pública. Sumados los tres años, sólo ha ejercido Del Villar, el 34 por ciento del presupuesto para seguridad pública y evidentemente con sólo ver el armamento que llevan los policías capitalinos, los uniformes que portan y las patrullas que utilizan se podrá comprobar con facilidad la enorme utilidad que tendrían esos mil millones de pesos que el procurador decidió no utilizar.
¿Por qué no se utilizan?. Primero, porque decidió no colaborar en las distintas actividades del Sistema Nacional de Seguridad Pública; segundo, porque otros funcionarios del área, como el propio Gertz Manero, han decidido que no solicitarán recursos a Del Villar como consecuencia del enfrentamiento que sobrellevan.
En el primer caso, en el programa nacional de seguridad pública, se colocaron ocho objetivos que se comprometieron a cumplir todas las entidades incluyendo el DF. Sin embargo, el Consejo de Seguridad Pública capitalino que encabeza Del Villar, de acuerdo con documentos oficiales, ha decidido ignorar esas políticas federales y ha vulnerado las estrategias sobre todo en el ámbito de la profesionalización de los cuerpos policiales, en la integración del sistema nacional de información de seguridad pública, en materia de equipamiento, tecnología e infraestructura, en la participación en la red nacional de telecomunicaciones y se ha negado a establecer el servicio telefónico de emergencia, el 066 que ya opera en buena parte de la república pero no en el DF.
Respecto a la profesionalización, el Consejo del DF no participó en la evaluación, certificación, capacitación y otorgamiento de equipo complementario a los policías, como lo hicieron prácticamente todas las otras entidades del país. Respecto al Sistema Nacional de Información, que concentra el registro de todos los policías de las distintas dependencias, se ha negado a entregar la información. Este sistema computarizado es el que impide que los policías que cometan ilícitos puedan integrarse a otras corporaciones de seguridad tanto en el DF como en los estados. El DF, insistimos, no ha entregado la información sobre sus agentes. En el caso de la red de telecomunicaciones y el establecimiento del 066 como número de emergencia, el DF plantea la construcción de una red propia que no permite la interconexión y viola las normas de seguridad de esa red integral. Es verdad que el DF opera un limitado sistema propio basado en el número 060. El problema es que el mismo está desconectado de todo el servicio de 066 que impera en el resto del país. En otras palabras, no hay seguimiento, sobre todo del crimen organizado que se inicia o termina en el DF y que tiene repercusiones en el resto del país, además de contar con graves deficiencias técnicas.
Usted se preguntará cómo puede ocurrir esto; cómo autoridades de tanto peso como la procuraduría capitalina y las demás instituciones de seguridad, pueden concebir que su propio sistema de seguridad sea independiente y autónomo del resto del país y consideren que puede ser viable y eficiente; preguntarnos porqué si hay recursos que pueden utilizar para preservar la seguridad no los utilizan y porqué se desprecian las formas de colaboración con las instituciones de seguridad del resto del país. La respuesta puede estar en dos palabras: soberbia y negligencia.