Muchos de los capítulos abiertos, en el informe presidencial, son parte de la agenda de la transición, pero también lo es que algunos de ellos pueden salirse de cauce, alterando el siempre delicado ambiente económico y político previo a un cambio de administración. Entre los conflictos que se presentan el más destacado es el del Renave. Quizá con mayores repercusiones institucionales y políticas se encuentra el caso Fobaproa que se relaciona con la investigación sobre el posible financiamiento de Carlos Cabal Peniche en la campaña de 1994. La pérdida del satélite Solidaridad I no puede ser señala una responsabilidad gubernamental. Otros temas que estarán presentes: es el de la Marcha de Zacatecas, el de Chimalhuacán, y el paro de la VW.
La agenda previa al informe presidencial se ha visto súbitamente cargada con una serie de conflictos que no se esperaban previo al que será el último que presentará el presidente Zedillo antes de concluir su mandato. Es verdad, como lo han hecho notar algunos de los hombres más cercanos al propio presidente Zedillo, que muchos de estos capítulos abiertos en los últimos días son parte de la agenda de la transición y son procesos inevitables, pero también lo es que algunos de ellos pueden salirse de cauce, alterando el siempre delicado ambiente económico y político previo a un cambio de administración.
Entre los conflictos que se presentan, quizás en términos populares, el más destacado es el del Renave: desde que comenzó el debate sobre el registro nacional de vehículos se ha insistido en que el mismo era un servicio caro, que ni siquiera tenía relación con su costo real (se comenzó cobrando aproximadamente ocho veces el costo del servicio); se ha dicho en todos los tonos posibles que no es posible que un proyecto de estas características estuviera en manos privadas; se comparó el Renave con la CURP y se preguntó porqué si el segundo es un registro gratuito, controlado por el Estado el primero tiene que tener que ser privado y a ese costo; 17 gobernadores, de todos los partidos, lo han rechazado e insisten en que pueden proporcionar para un registro de estas características sus propias bases de datos.
Desde SECOFI todo se hizo mal: primero, no se tuvo contacto con los gobernadores; segundo, cuando comenzaron las críticas se las descalificó de la manera más burda: se dijo que quienes criticaban al Renave en realidad era porque estaban coludidos con las bandas de robacoches. Se dijo que el Renave continuaría a pie juntillas, pero, ante las presiones, se redujo su costo. Cuando finalmente se descubrió la verdadera identidad de su director, el torturador de la dictadura militar argentina, Ricardo Miguel Cavallo, el Renave recibió el tiro de muerte en términos de credibilidad popular. Para colmo, el día anterior a que Cavallo fuera descubierto, el Congreso (sin el voto panista) decidió solicitar al gobierno federal que el controvertido registro sea levantado por las instituciones estatales y sin cobro.
Pero ni siquiera así, las autoridades de Comercio se han dado por vencidas y siguen insistiendo en que el Renave continuará, a pesar de que, salvo en los automóviles nuevos donde el cobro se hace automáticamente, nadie ha continuado pagando el Renave ni tampoco se ha esclarecido cómo se le regresará a los que pagaron originalmente esa cuota, la mitad de ese impuesto virtual, según lo resolvió la propia SECOFI.
El problema va más allá: porqué Henry Davis no ha dado la cara para explicar el affaire Cavallo, porqué se eligió a la empresa Talsud para operar ese sistema cuando era pública su relación con los personeros más oscuros de la pasada dictadura militar argentina, porqué los costos tan altos cuando, en realidad, el registro cuesta originalmente, alrededor de 10 pesos. Es verdad que el Ejecutivo tuvo, vía la PFP, la agilidad como para detener a Cavallo antes de que huyera a Argentina y parecer tener toda la disposición para extraditarlo a España donde se lo reclamaba, al igual que en Francia, por crímenes contra la humanidad entre otros delitos, pero las otras respuestas no se dan.
Quizás con mayores repercusiones institucionales y políticas se encuentra la decisión de la Suprema Corte de Justicia dándole la razón al poder legislativo y ordenando al poder ejecutivo el entregar al Congreso toda la información de Banco Unión depositada en el Fobaproa que se relacione directamente con la investigación sobre el posible financiamiento de Carlos Cabal Peniche en la campaña de 1994. El presidente Zedillo ha dicho que aceptará la decisión de la Corte y la misma, sin duda, confirma que el equilibrio entre los poderes de la Unión se ha modificado ostensiblemente en los últimos años. Con todo, la decisión de la Corte obligará, en el corto plazo, a investigar cómo se dieron las cosas en la campaña presidencial de ese año, también podría tener influencia en el proceso electoral en curso en Tabasco. En el mediano plazo, sobre todo habrá que establecer qué implica en términos de secreto bancario esta decisión.
Aunque evidentemente no puede ser señalado como una responsabilidad gubernamental, la pérdida del satélite Solidaridad I no puede ser tomado como una buena noticia. El daño que ocasiona este accidente a los sistemas de telecomunicaciones es alto y obligará a replantearse en buena medida el futuro del sector y a tomar medidas rápidas para poder tener respuestas aunque sea en el mediano plazo. Por lo pronto, muchas empresas e instituciones han resultado muy dañadas por lo ocurrido.
Otro tema que estará presente en estos días, con un pie en las comunicaciones y otro en la política, es el de la ya conocida Marcha de Zacatecas: Ricardo Monreal, gobernador de esa entidad, viene marchando con 57 alcaldes de los diferentes partidos reclamando que se otorguen los recursos que faltan para concluir una carretera de cuatro carriles en el tramo que cruza Zacatecas, una entidad que sufre uno de los mayores problemas de comunicación del país. Las autoridades federales argumentan que fue el Congreso el que redujo el presupuesto para esa obra y que ahora lo único que puede hacer es proponer esa partida para que sea aprobada en el presupuesto del año 2001. Lo cierto es que las dos partes parecen tener algo de razón, pero ninguna de ellas parece estar dispuesta, en los hechos, a reducir sus exigencias. Si no hay cambios, la marcha llegará a México, y no es una casualidad, el mismo primero de septiembre. ¿Qué hay ambiciones políticas detrás de este movimiento? No lo dude usted, pero es parte del clima político que vivimos y de la crisis soterrada que viven los partidos.
Hay otros conflictos que no pueden ser desatendidos: lo ocurrido en Chimalhuacán que no termina, ni mucho menos de encontrar su cauce (el gobernador Arturo Montiel tiene, además, su propio compromiso institucional: el 5 de septiembre rendirá su primer informe ¿lo hará sin realizar los movimientos en su equipo y en el municipio que la situación exige?). Ahí está el paro de la Volkswagen que será utilizado para tratar de hacer converger otros conflictos laborales y, literalmente, calar a las nuevas autoridades sobre su actitud ante el movimiento sindical.
Y finalmente, queda por definir la propia estructura que tendrá el Congreso, donde los partidos no terminan de ponerse de acuerdo sobre la conformación de la Mesa Directiva, la distribución de las comisiones, en saber quién contestará el informe presidencial y quién le colocará la banda presidencial a Vicente Fox el próximo primero de diciembre. El problema aquí se ha atorado porque los partidos pequeños, engallados por lo necesarios que serán para conformar en muchas ocasiones mayoría, quieren una partida mucho mayor que la que lógicamente les corresponde.
Y en el Congreso, algunos temen que haya interpelaciones durante la intervención presidencial, pero de parte de algunos priístas. Por lo pronto ayer, el presidente Zedillo se reunió con los senadores del tricolor y aseguran que las cosas salieron bien, aunque algunos senadores, como don Luis Colosio, no fueron al encuentro. El desafío está en la cámara baja: paradójicamente, quien interpele podrá ganar adeptos entre los priístas pero, sin duda, perderá ante la sociedad. Y hoy el PRI tendría que tener la vista puesta más en la gente que en sus propias grillas internas.