Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llevan ya 40 días en la ciudad de México, en una movilización ya casi tradicional, comenzó con las demandas de aumento salarial y se han ido extendiendo a decenas de exigencias que van desde duplicar el presupuesto a la educación hasta demandas muy específicas del magisterio en Michoacán, Oaxaca y Guerrero hasta el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo.
Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llevan ya 40 días en la ciudad de México, en una movilización ya casi tradicional para esta época del año y que, como suele suceder, comenzó con las demandas de aumento salarial durante la negociación del gobierno federal con el sindicato a principios de mayo, alcanzó su clímax el 15 de mayo, día del maestro, con la toma de la propia sede del SNTE y desde entonces las demandas se han ido transformando y se han extendido a decenas de exigencias que van desde duplicar el presupuesto a la educación hasta demandas muy específicas del magisterio en Michoacán, Oaxaca y Guerrero, pasando, en el camino, por el rechazo del modelo económico y de gobierno y el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo.
La ciudad de México vivió durante mayo, la más importante ola de bloqueos y manifestaciones de los últimos tiempos, y junio no parece ser un mes mejor. Las movilizaciones de la CNTE coincidieron, a principios de mes, con las del sindicato de trabajadores del DF. Las marchas y bloqueos del sindicato que encabeza José Medel, un sindicalista a la antigüita, candidato a diputado por el PRI y opuesto al gobierno capitalino, fue duramente criticada por las autoridades del GDF, se reclamó en público y en privado por las marchas, hubo acusaciones directas contra los manifestantes y el gobierno lanzó una dura campaña de medios contra los sindicalistas capitalinos para que concluyeran sus marchas. Estas duraron sólo una semana. Las de la CNTE llevan ya 40 días, a diferencia de las del sindicato han estado jalonadas de hechos violentos y el gobierno del DF se ha limitado a decir que no es su problema, que no apostará por la represión y que garantizará el derecho de los manifestantes a expresarse, aunque en los hechos lo que ha sucedido es que se les ha dado carta blanca no sólo para recorrer la ciudad, hacer innumerables bloqueos, tomar ilegalmente y en forma violenta instalaciones, atacar las oficinas de la PGR, el PRI y del IFE, tratar de ocupar Los Pinos y Gobernación, manifestarse ante televisión Azteca, Televisa y CNI canal 40, bloquear la entrada a la Bolsa Mexicana de Valores y del ISSSTE. Ante ello, se ha querido presentar sólo una opción: la violencia y la represión o la más absoluta permisividad.
En realidad lo que hay es un doble rasero para medir las distintas movilizaciones: cuando éstas se realizan contra instalaciones federales las mismas sólo son protegidas por la Policía Federal Preventiva, si ésta no llega, ni modo; cuando se trata de instituciones que están enfrentadas con el gobierno capitalino como el PRI y el SNTE, las policías no intervienen; si se trata de organizaciones amigas o con las que el gobierno capitalino quiere cuidar la relación, las manifestaciones de la CNTE son hasta respetuosas. Pero allí es donde anida el huevo de la serpiente: si existe un doble o triple rasero para aplicar el estado de derecho, el día de mañana la que terminará violentándose, más temprano que tarde, será la propia gobernabilidad de la capital del país.
La primera marcha magisterial fue contra el IFE, donde no llegó la PFP y en donde la policía capitalina decidió no intervenir: derribaron la reja, rompieron las plumas de la entrada, y sólo fueron contenidos, a duras penas, por los guardias internos de seguridad: allí demandaban que Elba Esther Gordillo no fuera registrada como candidata a diputado por el PRI. Evidentemente sabían que el IFE no podía hacer nada al respecto. Menos aún cuando el 14 de mayo, la PGR anunció que no había ninguna causa penal contra Elba Esther y su antecesor en el sindicato de maestros, Carlos Jonguitud, relacionada con la muerte, en los años 70, del maestro Misael Núñez. La denuncia había sido presentada originalmente en contra de la fiscalía para investigar delitos del pasado, que encabeza Ignacio Carrillo Prieto. La fiscalía no pudo tomar el caso, desde un principio, por la sencilla razón de que es una instancia creada para investigar crímenes cometidos por funcionarios públicos, y ni Elba Esther ni Jonguitud lo eran en esas fechas. Se pasó el caso a una de las subprocuradurías de la PGR para estudiarlo por la vía normal y se concluyó que tampoco había elementos para juzgar a los acusados: entre otras razones porque los autores confesos de aquel asesinato fueron en su momento detenidos, juzgados y condenados (y meses después se escaparon de la cárcel donde estaban detenidos en San Luis Potosí, casualmente la tierra de Jonguitud, y nunca más se volvió a saber de ellos). Pero los miembros de la CNTE se fueron a las oficinas de la fiscalía de Carrillo Prieto y rompieron algunos vidrios y lanzaron huevos contra sus puertas y ventanas. No dejaron salir a nadie durante horas: la policía local no intervino.
Un día después, el 15 de mayo, día del maestro, se llegó a los extremos mayores de violencia y prescindencia de las autoridades. Los maestros fueron primero a Los Pinos, donde rompieron varias vallas y terminaron penetrando a las área privadas de la residencia presidencial. Terminaron siendo detenidos por miembros del Estado Mayor Presidencial. Pero mientras un grupo estaba allí, otro, más numeroso, se dirigió a la calle de Venezuela, al edificio central de la SNTE. Allí, durante cuatro horas, utilizando desde equipo pesado para derruir paredes y taladros para perforar las chapas de acero de las puertas, arrojando bombas molotovs y de ácido, trabajaron hasta abrir las puertas y destrozar las paredes para así ocupar el edificio: durante esas cuatro horas en las que se libró una violentísima batalla campal, la policía local no hizo absolutamente nada.
Interrogado al día siguiente, el jefe de gobierno capitalino, dijo que no podían intervenir ante conflictos sindicales (¿?). Se presentó la denuncia penal en la procuraduría del DF y hasta ahora, más de tres semanas después, la averiguación previa parece que ni siquiera se ha iniciado. Desde entonces, se han sucedido las manifestaciones y los mecanismos fueron modificándose de acuerdo al momento y los protagonistas. El 26 de mayo, por ejemplo, bloquearon las instalaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Y allí el gobierno capitalino adoptó una táctica desconcertante: mientras se permitía el bloqueo en la calle (que impidió el libre tránsito de miles y miles de ciudadanos), helicópteros de la SSP-DF realizaron un puente aéreo para permitir que los 30 principales ejecutivos de la BMV pudieran ingresar al edificio: ¿no hubiera sido más lógico levantar el bloqueo para que no sólo los principales funcionarios de la BMV sino los miles y miles que estaban bloqueados por la marcha pudieran transitar?
Un par de días más tarde, los maestros disidentes, que para esa fecha ya estaban apoyados por el Frente Popular Francisco Villa, tomaron las casetas de cobro de las autopistas de México a Cuernavaca y Puebla. Aparecieron los mandos policiales locales y se limitaron a advertirles a los manifestantes que se podían quedar pero que no hicieran desmanes, obviando que se estaba cometiendo un delito federal. A las dos horas llegó al lugar el secretario de seguridad pública federal, Alejandro Gertz Manero e hizo lo que tenía que hacer (y lo que demostraba que la única opción no era la represión): les dijo a los dirigentes del bloqueo que lo que estaban haciendo era ilegal y que tenían, literalmente, dos minutos para irse o sino los sacaban: a los dos minutos se estaban retirando.
El dos de junio fueron a la sede nacional del PRI. La marcha estaba anunciada desde el día anterior. Llegaron al edificio en Insurgentes Norte y no había un solo policía que resguardara esas instalaciones: tomaron la explanada, rompieron vidrios, quemaron papeles y documentos, golpearon a algunos trabajadores. Y no pasó nada, las fuerzas de seguridad no protegieron en lo más mínimo las oficinas del que es, guste o no, uno de los dos principales partidos políticos del país. De ahí los maestros decidieron ir a Televisa-Chapultepec: sorpresivamente, las instalaciones de la televisora estaban, allí sí, protegidas por 300 granaderos. Cuando llegaron los manifestantes se les permitió hacer algunas pintas y se les advirtió que tenían que desalojar la zona, minutos después se retiraron. Las razones que se argumentaron al día siguiente por haber protegido una instalación y desprotegido la otra son de antología: López Obrador dijo que ése era un problema del gobierno federal, Alejandro Encinas que se trataba de problemas "estructurales" que debían ser atendidos en otros ámbitos, el procurador Bernardo Batiz alegó que no podían estar en todos lados y Marcelo Ebrard que sólo estaban donde les pedían protección. Fue absurdo.
Las manifestaciones han continuado desde entonces. Los maestros y quienes los apoyan se van relevando para quedarse unos días y ser reemplazados por otros. Los mayores contingentes son de Oaxaca, y le siguen los de Michoacán y Guerrero. En esos estados, sobre todo en el primero, desde hace semanas no hay clases, pero en ningún caso se les ha descontado los salarios caídos a los maestros movilizados ni se les ha dejado de pagar su sueldo. Mucho menos se los ha acusado de abandono de labores. Mientras tanto, varias zonas de la ciudad están, un día sí y el otro también, desquiciadas. Los maestros amenazan con quedarse hasta las elecciones del 6 de julio. Pero si se fueran ya llegó el reemplazo: la tradicional marcha de encuerados de los 400 pueblos que, como la de los maestros, se repite año con año en estas fechas, con un objetivo tan lejano como manipulable: que se juzgue a Patricio Chirinos y Miguel Angel Yunes por haber detenido en los 80 a su dirigente, César del Angel. El show debe continuar.