El gobierno federal decidió en enero pasado cambiar al canciller Jorge Castañeda y en su lugar fue designado el entonces secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez y también cambio el conjunto de la política exterior. Se despidió sin miramientos de la subsecretaría para asuntos de América Latina al embajador Gustavo Iruegas, de la embajada de Berlín a Jorge Eduardo Navarrete. Se envió a Londres como agregada cultural, y luego como agregada política a María de la Luz Lima Malvido, y el lunes fue despedida la subsecretaria para derechos humanos, Mariclaire Acosta.
El gobierno federal decidió en enero pasado cambiar no sólo al canciller Jorge Castañeda en cuyo lugar fue designado el hasta entonces secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez, sino también el conjunto de la política exterior. Primero se pensó que las divergencias se referían sobre todo al tema Irak y que allí se había impuesto la posición del embajador en la ONU, Adolfo Aguilar Zinser por sobre la del canciller Castañeda y en parte, por lo menos en aquellas semanas, así fue.
Pero en cuanto concluyeron los enfrentamientos en Irak, las cosas comenzaron a verse en forma diferente: incluso algunas de las actitudes que entonces se adoptaron, como el mensaje en cadena nacional del presidente Fox a unas horas de que se iniciaran las hostilidades en Irak, se consideraron errores graves (en términos diplomático probablemente lo había sido) y desde Tlatelolco se comenzó a perfilar con claridad una política externa que buscaba a toda costa reconstruir la relación con Estados Unidos, dedicada fundamentalmente a tratar de potenciar las relaciones comerciales y con un creciente desprecio por varios de los capítulos de la actividad diplomática que habían marcado no sólo la gestión de Castañeda, sino también la tradición nacional en ese ámbito: por ejemplo, se despidió sin miramientos de la subsecretaría para asuntos de América Latina al embajador Gustavo Iruegas, uno de los diplomáticos más respetados dentro y fuera de México; de la embajada de México en Berlín (era el tercer embajador en tres años) al diplomático de mayor experiencia en ese servicio civil, Jorge Eduardo Navarrete, un despido que, hasta ahora, no ha podido ser explicado coherentemente; los agregados culturales que se habían designado al inicio de esta administración están dejando, poco a poco (en la medida en que concluyen sus contratos) esos destinos. A Londres se envió, primero se dijo que como agregada cultural, luego que como agregada política a la ex subprocuradora María de la Luz Lima Malvido, sin experiencia alguna en cualquiera de los dos ámbitos. Y la semana pasada, en una decisión incomprensible, como decíamos el lunes, literalmente fue despedida la subsecretaria para derechos humanos, Mariclaire Acosta.
La justificación utilizada para ello es absurda: se argumentó que sus tareas se superponían con las de la subsecretaria para temas globales que encabeza Patricia Olamendi y se decidió, por lo tanto, fusionar ambas instancias que, cuando fueron creadas se aseguró desde la propia cancillería que no implicaban un crecimiento burocrático. Se parte de una falsedad: Patricia Olamendi es una muy capaz funcionaria de Relaciones Exteriores, de las que mejores cuentas ha ofrecido en esta administración, pero sus ámbitos de actividad no son los mismos del área que tenía a su cargo Acosta y tampoco es similar su perfil político.
La causa del despido de Acosta queda implícito en la carta que ha divulgado con ese motivo: en realidad lo que molestó a la administración Fox fue que cumpliendo con sus responsabilidades, al mismo tiempo que México se involucraba fuertemente en temas de derechos humanos a nivel internacional, se abriera al escrutinio externo: hay versiones que aseguran que Derbez (o incluso el propio presidente Fox) se molestó por el informe de Amnistía Internacional que vino a presentar Irene Khan, y que también existe mucha molestia por el compromiso asumido con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, que por primera vez abrió una oficina en México, para elaborar un diagnóstico integral sobre la situación de los derechos humanos en el país (compromiso mediante el cual la administración Fox se comprometió a elaborar una agenda específica para atender ese diagnóstico) que está siendo coordinado por cuatro personalidades independientes de cualquier instancia gubernamental: Sergio Aguayo, Clara Judsiman, Isidro Cisneros y Miguel Sarre, bajo la supervisión del representante del Alto Comisionado en México, el sueco Anders Kompass, y que fueron esos elementos los que determinaron el despido de Mariclaire Acosta aplicando la vieja tesis lopezportillista de "no pago para que me peguen". La molestia gubernamental se dejó ver no sólo por el propio despido de Acosta sino también por la declaración presidencial de que su administración no tenía nada que esconder, en una respuesta implícita al informe de Amnistía Internacional.
Por supuesto que el presidente Fox puede designar y cambiar a los funcionarios que están bajo su responsabilidad sin dar explicaciones, está en su derecho. Pero el mensaje político del "ajuste administrativo" llegó casi hasta el límite del ridículo: desde el anuncio de la salida de Mariclaire Acosta, las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos más reconocidas, como la propia Amnistía Internacional o Human Right Wacht y muchos medios internacionales (con especial virulencia la revista británica The Economist) han cuestionado la decisión y la han tomado, como se ha dicho, como una "promesa incumplida" más del gobierno federal.
Nadie puede decir, tampoco, que Acosta Urquidi no asumió compromisos con la agenda foxista: su papel fue cuestionado duramente por ciertos sectores del PRI que la veían como una enemiga política, sobre todo por las denuncias que durante años realizó sobre la violación de los derechos humanos particularmente en la época de la llamada guerra sucia; sufrió embates de militantes del PRD que no le perdonaron, desde la izquierda apostar a la lógica del voto útil en el 2000 y participar activamente en la administración Fox. Tuvo un papel protagónico en presionar al gobierno cubano por sus propias violaciones a los derechos humanos (siendo congruente con su posición pero pagando también por ello un costo político personal) y en la defensa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la tesis del suicidio de Digna Ochoa. Para el gobierno federal no fue suficiente y el próximo primero de septiembre Mariclaire Acosta dejará su cargo en Relaciones Exteriores para seguir haciendo lo mismo que en los últimos 30 años: trabajar en la defensa de los derechos humanos, con aciertos y errores pero con integridad.
Mientras tanto, el terrible atentado de ayer en Bagdad contra la sede de la ONU que provocó la muerte de uno de los diplomáticos más reconocidos a nivel mundial, el brasileño Sergio Vieria de Mello, representante de Koffi Annan en Irak y precisamente alto comisionado para los derechos humanos, no sólo obliga a reflexionar nuevamente sobre la posición de México en ese conflicto y en los organismos internacionales sino que también ha permitido conocer a Alfonso Durazo, por primera vez en sus funciones de vocero presidencial, y le ha permitido reaparecer en los medios al embajador ante la ONU, Adolfo Aguilar Zinser, ambos con una posición correcta: México, ante el atentado, debe reclamar una presencia más sólida de la ONU en Irak en lugar de propiciar, como quienes perpetraron el atentado parecieran impulsarlo, la salida de la organización multilateral de ese país. ¿Esa es también la posición de la cancillería?.
¿Un asesinato político?
El asesinato del diputado local del PRD por Juchitán, Oaxaca, Carlos Sánchez López, hermano del diputado Héctor Sánchez López, presidente del consejo estatal del PRD y presidente de la comisión de asuntos indígenas de la cámara de diputados, está generando un conflicto político que va mucho más allá de la nota roja. Héctor Sánchez rechazó las investigaciones realizadas por la procuraduría estatal que acusa a un delincuente común (José Manuel Jiménez, alias el Guada) del crimen y pide que se investigue al presidente del consejo municipal en Juchitán, Héctor Matus Martínez, a quien acusa de brindar protección a mafias de delincuentes y narcotraficantes. Según Héctor López, su hermano habría sido secuestrado antes de ser asesinado y pide que se integre una fiscalía especial independiente para investigar el caso. Fuera de cuál de las versiones sea la verídica, el caso dará, y mucho, aún de qué hablar.